En México las cifras oficiales por la Covid-19 han generado un debate muy intenso. Iniciamos junio con alrededor de los 100 mil contagios acumulados, superando a China, y siendo uno de los 7 países con más fallecimientos, de acuerdo con la World Update Alergi. Las supuestas muertes de “neumonía atípica”, los pocos casos confirmados por estimación estadística, una curva que, de acuerdo con las autoridades sanitarias federales, se ha aplanado, así como las pocas pruebas que se han aplicado en el país, han generado una incertidumbre generalizada por las discrepancias entre lo que se anuncia y lo que pasa en realidad.
En el ojo del huracán mediático sale a relucir Hugo López-Galtell Ramírez. El funcionario federal ha generado cierta confianza de inicio, pero también una polémica indiscutible. Hombre agradecido con la administración que le respalda y preparado de manera técnica en la materia, parece destacarse como un servidor público ejemplar; no obstante, las críticas recibidas por tomar medidas cuestionables y los deslices mediáticos que ha tenido, parecen aminorar el papel que ha desempeñado. El más mediático de ellos, al afirmar que el Presidente tenía una “fuerza moral y no de contagio”, ante la evidente discrepancia entre un reiterado “quédate en casa”, por parte de López-Gatell, y una postura personal de López Obrador a seguir realizando actos públicos de manera masiva al inicio de la contingencia.
En la otra parte de la historia está la sociedad mexicana, que ha actuado de manera desigual. Por un lado, sectores diversos interrumpieron sus actividades, atendiendo las medidas oficiales y tratando de mantener sus actividades y a su personal con al menos una parte de su ingreso económico; por otro, los insultos a profesionales de la salud y la incredulidad e idiosincrasia de muchas personas que siguen realizando actividades sin las mínimas medidas de prevención recomendadas. También están quienes no dejan de realizar sus actividades profesionales o laborales por razones de responsabilidad social, los imprescindibles: recolectores de basura, personal médico y de enfermería, seguridad pública, agentes de tránsito, transportistas, etcétera. Los que no paran porque simplemente nuestro modo de vida los requiere. Aquellos a los que Lorenzo Meyer en una columna de El Universal (17/05/2020) titula como “Los esenciales”, verdaderos héroes.
Bajo todo ese contexto, la llamada “nueva normalidad”, a la que está invitando el gobierno federal, a partir de junio y de manera escalonada entre los “municipios de la esperanza” y el resto del país, está llena de dudas. Esa nueva normalidad pareciera que más que sanitaria, es presionada por sectores que se están viendo afectados, pero que propiciará, indiscutiblemente, una nueva realidad política y económica.
Esta “nueva normalidad” implicará dimensiones aún desconocidas pero, en ese tenor, quienes busquen hacerle oposición al actual gobierno federal deberán ser inteligentes. Para que sin recurrir a la mezquindad con el tema sanitario, sí capitalicen el descontento de diversos sectores, que han visto a la actual administración federal rebasada por la pandemia y con evidentes contradicciones.
Algo de ello está pasando con el bloque de gobernadores que han pactado sus propias medidas de un retorno a las actividades o que han hecho caso omiso al regreso presencial del ciclo escolar en educación básica. Todo eso en su conjunto será la nueva realidad que tendrá enfrente el gobierno federal. Una sociedad organizada por sí misma, una oposición que de apoco se articulará y una economía de la que falta por ver las repercusiones reales que, a corto y a largo plazo, tendrá en lo doméstico y en lo internacional.
Para darnos una idea de la reciente dinámica económica, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), por medio de su Presidente, Gustavo de Hoyos, señaló que, a dos meses de haber iniciado la Jornada de Sana Distancia, las acciones ejecutadas por la administración federal para apoyar a las empresas y a los trabajadores no han sido eficaces, pues se están perdiendo ocho empleos cada minuto.
Lo anterior, es coherente con el informe 22, llamado “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (Covid-19)”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se asegura que la crisis económica pospandemia tendrá como consecuencia 11 millones 500 mil nuevos desempleos en Latinoamérica.
El propio gobierno federal antes de la pandemia, por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), menciona que en el último trimestre de 2019 el empleo informal sumó 31,3 millones de personas, cifra que significa un aumento del 2% respecto al mismo período de 2018. Esto significa que incluso el sector informal, el trabajo doméstico remunerado de los hogares, el trabajo agropecuario y los trabajadores subordinados que, aunque trabajan en la formalidad, lo hacen sin seguridad social (INEGI, 2020), se verán afectados considerablemente, aún con el mejor escenario de regresar a sus actividades, tal y como la conocían, antes de la pandemia.
No se responsabilizará al gobierno federal por la pandemia, pero sí por la gestión que haya resultado y sobre las medidas para contrarrestar los efectos económicos que resulten de ello. Como consecuencia, se verá reflejado en una nueva normalidad política y económica para el Presidente de la República y su equipo. Un antes y un después de este sexenio tendrá como resultado la gestión sanitaria del actual gobierno. A este factor habría que sumarle otros pero se abre el camino hacia nuevas alternativas, en vísperas de las elecciones intermedias del próximo año.
