Omar Guerrero, quien por muchos es considerado el padre de la ciencia contemporánea de la administración pública en México, menciona que el servicio civil de carrera es el tema de siempre y que lo es porque el ser humano, cuando labora en beneficio de la sociedad, forma parte sustancial del Estado (2015).
El servicio civil de carrera en México tiene, por lo menos, cincuenta años como tema académico que ha querido permear al interior de las instituciones públicas. Siendo así, algunas victorias se han logrado, pero siempre se ha topado con la inercia del factor político. Algunos ejemplos destacables de perfiles que han ingresado al servicio público como resultado de un proceso de selección totalmente abierto e imparcial existen, aunque son la excepción a la generalidad de las instituciones federales, estatales y municipales.
En algunos países el servicio civil de carrera es una de las instituciones que más respeto genera. Esto se debe no solo por su origen conceptual o razón de ser en la vocación del servicio que debe de caracterizar a todo funcionario, sino por su probada utilidad pública. En México, el sistema de botín de las administraciones públicas por parte de los partidos políticos sigue imperando sobre los métodos de selección imparcial. No obstante, el carácter distintivo del servicio civil se basa por mucho en la expectativa que desde la ciudadanía se puede configurar.
No se puede echar en costal roto el hecho de que la ciudadanía ejerce su derecho a elegir, para que las plataformas político electorales cumplan lo expuesto en campaña. De esta manera se trata de justificar el sistema de botín, como positivo y legítimo. El problema es que este tipo de sistema no garantiza que los mejores perfiles formen gobierno, ni que la continuidad de una carrera administrativa de certidumbre y trayectoria a las instituciones.
Ante ello y luego de tantos años en la agenda pública, el servicio de carrera debería cambiar su enfoque para refortalecer su carácter civil. Tanto los orígenes internacionales, que tienen su base en la Escuela Nacional de Administración en Francia, como los domésticos esfuerzos muy destacados por parte del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), constituido en AC, tienen un elemento en común: el carácter eminentemente social del servicio de carrera, que se pretende instaurar al interior de las administraciones públicas.
En ese tenor, son los gobiernos locales los que más demandan personas preparadas para incursionar al mundo de lo público. Las iniciativas gubernamentales para instaurar servicios de carrera generalistas siempre tendrán la limitante de la certidumbre imparcial de su actuar. En cambio, desde la ciudadanía y la corresponsabilidad para la profesionalización de competencias puede dotar de certeza.
Es entonces desde la sociedad organizada, que no solo procure demandar la instauración del servicio civil de carrera al interior de las instituciones, sino que sea corresponsable de la formación en la materia.
Si bien existen múltiples opciones que procuran la profesionalización de la administración pública, por medio de distintas instituciones de educación superior, públicas y privadas, son escasas las que logran especializarse para este fin. En muchos de los casos, la teorización casi absoluta de la formación profesional de las personas, que pueden estar o no dentro del servicio público, se embarca en la pretensión de formar académicos que busquen acceder al posgrado pero dejan de lado la vinculación con la práctica publiadministrativa. El resultado de esto es la inmovilidad de la realidad institucional.
Si analizamos el marco jurídico, el orden federal es en el único donde existe una Ley determinada y definida por medio de la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera, pero deja sin instrumentar un centro de formación para lograr el fin que se persigue. Por tanto, ni a nivel institucional ni a nivel de legislación se cumple con la encomienda.
A mayor democratización y con la certeza de que las instituciones electorales se consoliden con base en su independencia, se torna más necesaria la conveniencia de contar con servidores civiles formados con las capacidades generales para formar las administraciones públicas y mejorar su funcionamiento de manera continua.
Será desde la sociedad civil organizada que habrá de replicarse la estrategia que el INAP ha desarrollado, pero cuyo enfoque local permita detonar el potencial de gobiernos y organismos públicos autónomos cada vez mejor preparados y donde el fin del servicio civil de carrera sea una realidad y no solo una buena intención.
