Nuevamente, en el marco del análisis para la despenalización del aborto en el Código Penal de Guanajuato, los grupos conservadores intentan descalificar la propuesta de reforma y atacan a quienes demandan condiciones seguras para que las mujeres, sobre todo, las más pobres, puedan ejercer su derecho a interrumpir su embarazo, sin riesgo de ir a la cárcel.
En el contexto de las mesas de diálogo que realizan las comisiones unidas de Justicia y Salud del Congreso de Guanajuato para la reforma que propone la despenalización de la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, cuyas iniciativas han sido presentadas por Morena y PRD; representantes de organizaciones religiosas católicas, pastores de Iglesias cristianas, y panistas; insisten en defender posiciones retrógradas, y manifestar expresiones de odio contra quienes defienden dicha reforma.
De las 17 personas que participaron como ponentes, ocho fueron hombres, dos de ellos pastores de iglesias cristianas, quienes en sus participaciones “responsabilizaron a las mujeres de los embarazos no deseados. Incluso, durante la mesa de trabajo se comparó a las mujeres que decidieron abortar con el régimen nazi”. (PopLab, 23 de mayo de 2020)
Organizaciones como la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato capital, Colectiva Feminista MAPAS, Grupo feminista las brujas de Guanajuato, Red de Mujeres que Luchan en León, Mamá Feminista, entre otras, además de cientos ciudadanos; respaldan la reforma.
Sostienen que el aborto implica un riesgo para la vida de las mujeres que deciden realizarlo, por lo que se les debe garantizar el acceso al sistema de salud para ejercer el derecho a decidir de una forma segura, legal y sana.
Aseguran que un aborto efectuado con las condiciones médicas y de salud adecuadas, considerando las condiciones de la etapa gestacional; reduce los riesgos de mortalidad de las mujeres, al proporcionarles una alternativa, legal y segura para interrumpir un embarazo.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, del 2007 al 2019, 441 mujeres de Guanajuato han interrumpido el embarazo en instituciones de salud de la capital del país. Una de cada 4 chicas que acuden para abortar son estudiantes, la mayoría tienen entre 18 y 24 años. Mientras que 7 de cada 10, solo terminaron la secundaria o preparatoria. La mitad de ellas lograron abortar antes del mes y medio de gestación. (La Silla Rota, 25/05/2020)
Las mujeres de Guanajuato tienen que salir del estado en busca de condiciones para un aborto seguro, pero también para evadir la criminalización y el riesgo de ser encarceladas. Actualmente en la entidad la ley impone una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión a toda mujer que se provoque un aborto o consienta tenerlo.
Esta no es una discusión de la “moral y los prejuicios”. Hay un problema social de embarazos adolescentes y por lo tanto, la interrupción del embarazo o la decisión de abortar antes de las 12 semanas, es un problema de salud pública y del conjunto de la sociedad guanajuatense, no de las religiones, ni de los “hipócritas con aires de aristócratas” que tienen recursos para llevar a sus hijas a abortar a Houston y darle dinero a los “Legionarios de Cristo” para que les borren sus pecados. Es el derecho a decidir de todas las mujeres de Guanajuato.
Es lamentable que a pesar del desarrollo económico del estado, de los avances tecnológicos que ha tenido producto de este crecimiento, de la expansión de las universidades, de la transición generacional y de los cambios políticos que se han dado en el país; los representantes del poder político y económico insistan en seguir manteniendo una visión conservadora, mojigatas y retrógrada que, en la realidad, hace mucho quedó rebasada.
Y mientras se aferran a esta actitud autoritaria y machista, en la entidad aumentan la violencia contra las mujeres, los feminicidios y exponen a las mujeres que deciden abortar, a riesgo de muerte.
No son, con estas posiciones, distintos a la manera de pensar del presidente de la República, quien propone poner a consulta el aborto, defiende una visión tradicional de la familia, muy vinculada también al catolicismo; y niega de manera sistemática el incremento de la violencia contra las mujeres durante la pandemia, a pesar de las evidencias.
Unos y otros, sin embargo, no se percatan que desde hace mucho tiempo la sociedad impulsa un proceso de transformación, encabezado particularmente por las mujeres y las y los jóvenes.
Lo han demostrado, y con mucha fuerza, en las megamarchas para protestar por los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Las actitudes autoritarias se toparán con esta fuerza de cambio. Más vale que quienes gobierna escuchen y escuchen bien o, en el marco de las elecciones y el ejercicio del voto y la democracia electoral, serán desplazados más temprano que tarde. La negación de la realidad y la hipocresía no tienen futuro. Los derechos de las mujeres, sí.
