Las secretarías de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de Michoacán firmaron el pasado 23 de enero el Acuerdo Michoacán, con el que se inició el proceso de federalización de los servicios de educación básica en la entidad, para garantizar los derechos laborales de las maestras y los maestros, y salvaguardar el acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación.
El acuerdo, firmado en Palacio Nacional, es producto de una serie de gestiones entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal y pretende dar certidumbre en el pago de salarios y prestaciones a las y los maestros de Michoacán, que cuentan con plaza estatal; y pone fin a 30 años de incertidumbre e inestabilidad laboral en el sector magisterial.
Hay que recordar que desde que se firmó el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación Básica, en mayo de 1992, mediante el cual el Gobierno Federal, a través de la SEP, transfirió a los gobiernos de los estados los servicios de educación básica y los de formación inicial y en servicio de los docentes; no se entregaron en orden ni los recursos económicos, ni los bienes materiales ni los bienes muebles e inmuebles para que los servicios educativos funcionaran adecuadamente.
Desde un principio, la transferencia de los recursos, particularmente las aportaciones económicas de parte de la Federación, fueron insuficientes, lo que se agudizó con el tiempo por tres razones.
Primero, por las asimetrías económicas de los estados de sur, respecto a los estados del norte. En el caso de Michoacán, por ejemplo, depende en un 95 por ciento de la Federación. No tiene mayor margen de maniobra, la dependencia es casi absoluta.
Los estados del sur, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son los que concentran el mayor número de escuelas multigrado, las mayores carencias en infraestructura y servicios; así como otros problemas que impactan en el sistema educativo.
Y esta situación se complica aún más en 2007 cuando se hace una modificación a la fórmula del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB) y se privilegia con mayores recursos federales a los estados que más recursos destinan a la educación. Y lo estados que más aportan a la educación son los que más tienen, como el Estado de México, la Ciudad de México (entonces Distrito Federal), y Nuevo León.
Adicionalmente, desde el 1992 a la fecha, en el marco de las movilizaciones magisteriales, le Federación firmó varios convenios tanto con la CNTE como con el SNTE, que no respaldaba con presupuesto al gobierno del estado para poder ser atendidos.
De tal manera que a partir de 2008 se complica mucho más el déficit del presupuesto educativo y con ello las movilizaciones de protestas del magisterio que los sucesivos gobiernos de Michoacán no podían atender por carecer de recursos ante el incumplimiento de las administraciones federales.
No hay duda que este acuerdo sienta las bases para disminuir los problemas de inequidad en la distribución de los recursos, pero todavía no es suficiente para resolver todo; porque debería abarcar no solamente la parte económica sino también lo que tiene que ver con la organización, la administración y la operación del conjunto de los servicios educativos en el estado.
Es un acuerdo histórico para Michoacán, que puede servir como un proyecto piloto para otros estados que enfrentan una problemática similar.
Pero ello tendría que implicar un nuevo acuerdo educativo nacional que debe considerar como indispensable: el federalismo, la inclusión y la equidad en la distribución de los recursos federales a los estados; así como atender otros problemas estructurales que inciden en la educación, como la desigualdad, la marginación, la pobreza, el desempleo, la informalidad e indiscutiblemente, la inseguridad y la violencia.
