La frase que titula el presente texto fue dicha una y otra vez por Andrés Manuel Obrador durante su campaña rumbo a las elecciones del 1° de julio de 2018 y prometió que de ganar la Presidencia de la República la aplicaría estrictamente. Sin embargo, ahora que ya está en el cargo, esta promesa ha quedado en el aire al negarse a perseguir a corruptos del pasado y a los capos del crimen organizado.
Al tomar protesta como candidato de Morena a la Presidencia de la República, como primer punto de su agenda, AMLO dijo que a partir del primero de diciembre de 2018, “habrá un Estado Democrático de Derecho; se aplicará al pie de la letra el criterio de que, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. El gobierno dejará de ser un comité al servicio de un grupo o facción y retomará su necesaria condición de representante de todas y todos los mexicanos. Se respetará la vigencia de las garantías constitucionales, las libertades y los Derechos Humanos…”
Pero ya como Presidente Electo, planteó un borrón y cuenta nueva para corruptos. “Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos al estar persiguiendo a presuntos corruptos…”
La cuestión es que esos a los que el Ejecutivo Federal se niega a perseguir, provocaron que el país se encuentre ahora entre los más corruptos del mundo, de acuerdo con Transparencia Internacional.
Según el estudio dado a conocer esta semana, México es el país peor evaluado de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y del Grupo de los 20.
A decir de Transparencia Internacional “este estudio integra a 180 países a nivel global y tiene una puntuación que va del 0 al 100 —en donde 0 es muchísima corrupción y 100 es libre de corrupción—: México se encuentra en el lugar 138 de 180 países y tiene una calificación de 28 puntos”, (Expansión)
En la misma contradicción incurrió el primer mandatario la semana pasada al afirmar que su gobierno no perseguirá a los “capos” porque ya se acabó la guerra contra el narco.
No está de más precisar que de acuerdo con el Índice Global de Impunidad IGI-México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, “El índice de impunidad en México aumentó tanto en el ámbito global como en el de los estados de la República. México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice con 36.01 y Filipinas tiene el puntaje más elevado con 75.6). México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad.”
Al afirmar que no es bueno para el país el estar persiguiendo a presuntos corruptos, AMLO se contradice, pues sabe muy bien los daños que le provoca al país la corrupción y que éstos los resienten más los pobres a quien ha prometido proteger.
Al presentar el estudio Los Derechos Humanos y la Corrupción, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que “Los más afectados por la corrupción son, y seguirán siendo hasta que esto cambie, las personas marginadas, los más pobres, las que tienen dependencia de los bienes y programas públicos”.
Añadió que buena parte de los retrocesos “que nuestro país enfrenta en el acceso a los servicios de salud, seguridad, vivienda, servicios básicos, alimentación o educación, podrían paliarse con un uso debido y eficiente de los recursos si logramos prevenir las prácticas de corrupción y sancionar de manera efectiva y real los casos que se presenten”. (El Economista, 31/05/2017)
Al tomar posesión de su cargo, quien gana las elecciones presidenciales protesta ante el Congreso de la Unión “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”
Sin embargo, en los hechos, al negarse a detener a quienes cometen ilícitos, Andrés Manuel no sólo está fomentando la impunidad, sino desacatando sus obligaciones constitucionales y legales que juró cumplir.
Pero no sólo eso, está ignorando los preceptos de la Cartilla Moral que tanto fomenta y que pide a los mexicanos que los cumplan.
“La igualdad ante el Derecho es una de las más nobles conquistas del hombre. El que comete una falta o un delito debe sufrir igual pena, sea débil o poderoso, pobre o rico”, establece el cuadernillo impreso y divulgado por el Gobierno Federal, en su apartado “La Ley y el Derecho”.
Y señala “El sistema legal es inevitable y benéfico porque constituye el armazón que sostiene a la comunidad. Gracias a él se asegura la equidad en las relaciones y se resuelve el conflicto de los egoísmos. La ley no es una imposición ni una restricción contra el libre albedrío, sino, por el contrario, una garantía de libertad”.
¿Cómo pretende el Presidente de la República garantizar orden, seguridad, paz y evitar la corrupción y la impunidad si públicamente justifica que roben por necesidad, que bloqueen las vías de comunicación so pretexto del no pago de algunas prestaciones? Que quede bien claro: no planteo que los reprima, simplemente que respete y aplique la ley.
¿Cómo aspira a construir una sociedad mejor y pide se sigan los principios de la Cartilla Moral, si tolera o justifica acciones que afectan derechos de terceros?
Definitivamente, no es esta la ruta correcta para combatir la corrupción. Se requiere, en principio, que los funcionarios, empezando por el Presidente de la República, cumplan con sus obligaciones y se haga valer el Estado de Derecho.
Y esto implica la construcción de instituciones fuertes y autónomas, cuyos responsables actúen a partir del mandato constitucional. Necesitamos un país en donde se cumpla la legalidad y no un Presidente de la República que pretenda imponer su visión moral a los mexicanos y pase por encima de la ley.
