Las movilizaciones multitudinarias que se efectuaron en todo el territorio nacional, particularmente en la Ciudad de México, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y defender sus derechos; son una respuesta contundente a los agresiones que desde el Gobierno Federal se están orquestando en su contra.
Una de las grandes luchas que ha tenido lugar en el país en las últimas décadas, ha sido por la igualdad sustantiva y los derechos humanos, económicos, políticos y sociales de las mujeres.
Es una batalla en la que se han involucrado las mujeres de todos los partidos políticos, legisladoras, organizaciones civiles y la población en general; para defender sus derechos en todos los ámbitos de la vida pública.
Y se han logrado grandes avances en materia legislativa, de salud pública, aumento de presupuesto para los distintos programas gubernamentales de atención a las mujeres y sus hijos; y en la reivindicación del derecho a decidir sobre su cuerpo, un porcentaje equitativo de representación política, entre muchos otros.
En un hecho histórico, el Congreso de la Unión en la actual legislatura está compuesto prácticamente por un 50 por ciento de mujeres y un tanto igual de hombres. Y las diputadas de todas las fracciones parlamentarias han formado una bancada para defender una agenda legislativa que beneficie a las mexicanas.
Sin duda, hay muchos pendientes que atender, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia física y sexual contra las mujeres y niñas. Hoy en día lamentablemente México destaca en América Latina por el número de feminicidios, con nueve mujeres asesinadas al día.
Preocupa particularmente la escalada de violencia contra las niñas y adolescentes. En los últimos cinco meses tristemente han sido asesinadas 23 según reportes oficiales.
Es bueno que en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador las mujeres estén representadas y ocupen altos cargos. Sin embargo, eso ayuda muy poco si éstas no defienden sus derechos y no las protegen ante los dislates, agresiones y reducción de presupuesto para programas claves, como los de Estancias Infantiles, Refugios; y su derecho a decidir sobre su cuerpo.
La única que ha salido al quite en algunas ocasiones ha sido la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como en el caso de la legalización del aborto, que ha fijado una posición contraria a la del Presidente en este tema; y algunas legisladoras de Morena que han apoyado las propuestas de las organizaciones civiles y además se han sumado al reclamo de que los Refugios y las Estancias Infantiles no desaparezcan.
Diga lo que diga Andrés Manuel, las decisiones de su gobierno están afectando a las mujeres. En vez de preservar los avances que se han logrado en la defensa de sus derechos, se ha empeñado en acotarlos, minimizarlos y en el peor de los casos ignorarlos.
En lugar de desaparecer, por ejemplo las Estancias Infantiles o los Refugios para mujeres violentadas, lo que debería hacer es concebir la transición hacía una política en donde el Estado de respuesta al problema, pero no andar tirando el niño con todo y el agua sucia.
Puede haber problemas, dificultades, hechos de corrupción; pero eso no debe usarse de pretexto para cancelar este tipo de programas, sin sustituirlos por otros mejores y simplemente repartir dinero para que la mamá o el papá o lo que es peor, las mujeres víctimas de violencia vean cómo se las arreglan.
Esta es una mala idea, por decir lo menos, pero además el gobierno está instrumentando políticas típicamente neoliberales, al promover la vaucherización.
Entregar dinero a las madres y padres de familia para que ellos resuelva dónde llevar a sus hijos mientras trabajan, es una manera de eludir la atención de un problema social por parte del gobierno que, en los hechos, está desatendiendo su obligación constitucional de garantizar la seguridad, la protección y la atención a la primera infancia; pero además de respaldar los derechos de las madres trabajadoras.
Esta, sin duda, es una política que tiene origen en el modelo económico neoliberal que AMLO tanto cuestiona. Pero además, cae en prácticas clientelares que durante años se la pasó cuestionando y criticando, desde luego, antes de llegar al poder.
Adicionalmente, el Ejecutivo Federal asume una política totalmente conservadora y violatoria de la Constitución y de los derechos humanos al pretender que los derechos de las mujeres, como el caso de la interrupción del embarazo, se deben poner a consulta.
Andrés Manuel se equivoca al asumir este problema social y de salud pública como si fuera un asunto de carácter ideológico. La cuestión de fondo es cómo combatir la violencia contra las mujeres y qué hacer en el caso de las que son violadas y quedan embarazadas y la ley no les permite, en algunos estados, interrumpir su embarazo; ni hacer uso del derecho a decidir sobre su cuerpo.
AMLO critica a los políticos conservadores, pero su gobierno se ha caracterizado por asumir una actitud similar a los sectores y organizaciones más conservadoras del país, como el caso de PROVIDA respecto al aborto, la educación sexual y la defensa a ultranza de la familia tradicional.
Lo único benéfico es que al asumir decisiones que afectan a las mujeres y a la niñez, reactivó la lucha por sus derechos. Hoy se han formado grupos plurales para defender las Estancias Infantiles, los Refugios y el presupuesto público para mujeres, niñas y niños.
Varios colectivos sociales han tomado las calles, se han plantado en el Congreso de la Unión, gestionado el apoyo de diversos sectores y velan armas frente a las agresiones del gobierno. Andrés Manuel se ha topado con las mujeres.
