La ausencia de autocrítica del presidente Enrique Peña Nieto durante su mensaje en ocasión de su Tercer Informe, contrasta con los resultados de las encuestas que ubican a su gobierno con la calificación más baja en lo que va del sexenio y como uno de los mandatarios peor evaluados en el ámbito internacional.
De acuerdo con Parametría, si bien en algunas encuestas como la publicada por Reforma en julio de 2015 el margen es más amplio -64% desaprueba, 34% aprueba-, todas coinciden en señalar que existe un mayor porcentaje de personas que desaprueban la forma en que el presidente de la República realiza su trabajo.
Según esta firma encuestadora, actualmente el 41% de los mexicanos aprueba la labor de Peña Nieto contra 57% que la desaprueba. “Estos porcentajes pueden ser explicados por lo que acontece en temas de seguridad, corrupción y el escaso crecimiento económico que ha habido en el país”.
El 57% de los entrevistados considera que la economía ha empeorado en el último año, mientras que únicamente 19% opina lo contrario. En el tema de generación de empleo, 58% le otorga una calificación negativa; mientras que en el combate a la pobreza la desaprobación alcanza el 55%.
En materia de seguridad pública, casi el 94% considera que el país es inseguro. Mientras que el 45% evalúa mal o muy mal el combate a la corrupción.
En el ranking internacional, el mandatario mexicano se coloca por debajo de la mitad de 15 Jefes de Estado evaluados; donde la mejor percepción la obtuvo Vladimir Putin, de Rusia, con el 89%; y la peor, Dilma Rousseff, de Brasil, con el 10%.
Los resultados de la encuesta de Parametría coinciden con la elaborada por el Pew Research Center de Estados Unidos, que confirma que el titular del Ejecutivo Federal ha tenido una baja en su popularidad de siete puntos en lo que va de 2015.
Este centro de investigación concluye que “después de un año plagado por escándalos y controversias, sus calificaciones (las de Peña Nieto) han caído y la desilusión entre los mexicanos ha crecido respecto a elementos claves de su ambiciosa agenda”.
Ante a este escenario, la actitud asumida por el presidente de la República durante su mensaje a la Nación, está muy lejos de la realidad en la que, le guste o no al gabinete; la pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción, siguen siendo los problemas principales del país.
El gobierno de México debería “poner sus barbas a remojar” frente a los acontecimientos de Guatemala, donde Otto Pérez tuvo que renunciar a la presidencia, acusado de encabezar una red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros; y que ahora está sometido a un proceso judicial por presuntos actos de corrupción.
En vísperas de las elecciones, el pueblo guatemalteco ha salido a las calles para advertir a la clase política que ya es hora de ponerle fin a la tolerancia a la corrupción.
La indignación por este motivo se suma a la generada por los altos índices de pobreza, marginación y bajo crecimiento económico de este país centroamericano, nada diferente a lo que pasa en México en estos aspectos.
Las acciones emprendidas por la justicia en Guatemala están lejos, muy lejos, de los resultados de la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública en torno al presunto conflicto de interés vinculado a la Casa Blanca y otras residencias, que involucró al propio Ejecutivo Federal y altos funcionarios de su gabinete con el Grupo Higa.
Situaciones similares han ocurrido en otros escándalos de corrupción como los suscitados en el proyecto del tren México-Querétaro, en el otorgamiento de contratos federales, en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias.
Mientras que en Guatemala, que ocupó el lugar 115 en el Índice de Percepción de la Corrupción que evaluó a 177 países en 2014, el presidente y la vicepresidenta tuvieron que dimitir por sospechas de corrupción; en México, que se ubicó en el lugar 103, sólo funcionarios de menor rango han sido sancionados por prácticas corruptas y ninguno de ellos ha cubierto las sanciones por 22 millones de dólares impuestas por este ilícito.
Es válido afirmar entonces que, más allá de la serie de promesas y rituales desgastados, no hay voluntad política de hacer un mínimo de autocrítica ni menos aún de emprender acciones contundentes para reorientar el rumbo del país, reactivar la economía y combatir el flagelo de la corrupción, la inseguridad y la impunidad.
