A seis años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; para poder ofrecer nuevos resultados y hacer justicia, se requiere superar, con hechos, la narrativa de la Verdad Histórica, explorar nuevas líneas de investigación e ir más allá de las promesas y de la retórica.
No se sabrá la verdad, por ejemplo, si no se sacude realmente la estructura del Ejército y se investiga a fondo la participación de elementos militares el día de los hechos y de sus presuntos vínculos con el crimen organizado en la región.
Tampoco vamos a conocer la verdad ofreciendo a los detenidos que se conviertan en testigos protegidos para hablen y, supuestamente, aporten información sobre lo qué pasó con los estudiantes esa trágica noche; como lo pretende el Presidente.
Hay una pregunta clave que hasta el momento no ha sido respondida: ¿Qué hicieron los soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre cuando desaparecieron los 43 normalistas y cuál es su relación con Rubén Figueroa y los grupos delincuenciales que operan en la región?
La Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, tiene evidencias suficientes de que la Comandancia del Batallón sabía perfectamente lo que estaba pasando y que un destacamento de elementos militares estuvo en el lugar de los hechos. Desde un principio, los padres de las víctimas han asegurado que elementos militares estuvieron involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes.
El gobierno de Peña Nieto ignoró esta línea de investigación. Apenas, a dos años de iniciada su administración, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar la participación de los militares. Veamos, hasta dónde cumple su promesa, en el marco de su cada vez más estrecha relación y dependencia de su gobierno respecto al Ejército.
El Gobierno Federal debe considerar, además, otras líneas de investigación que hasta el momento han sido ignoradas. Por ejemplo, algunas de las que plantea el extitular de la Fiscalía General del Estado (FGE), de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, quien sugiere que se debe indagar la infiltración del crimen organizado en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, así como la venta de estupefacientes dentro del plantel
De igual manera, señala, se debe atender la demanda de la Coordinación Nacional de Egresados de Ayotzinapa (CNEA), que exige a los dirigentes estudiantiles de 2014, expliquen por qué llevaron a sus compañeros de primer semestre hasta el municipio de Iguala, con la intención de tomar autobuses, y por qué planificaron dicha acción de noche. (Milenio, 21/09/2020).
Dicha sospecha también es sostenida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en testimonios recabados advierte de la intromisión del crimen organizado en la Escuela Normal, que degeneró la vida interna del centro educativo.
Ángel Aguirre Rivero, Gobernador en la entidad cuando tuvieron lugar los lamentables acontecimientos, señala que dicho informe apunta a la “existencia de un nuevo autor intelectual de los hechos durante esa noche y los días siguientes –El Patrón- y revela la infiltración de la delincuencia organizada en la Normal Rural a través de personajes como David Flores Maldonado, La Parka; Bernardo Flores Alcaraz, El Cochiloco; La Jaiba y La Concha, entre otros”. (Milenio, 15/12/2018)
Sin embargo, la falta de decisión y las omisiones en que se ha incurrido durante el proceso judicial, están dejando sin muchas opciones al Gobierno Federal.
Dos ejemplos evidencian este margen cada vez más reducido. Uno, es la ejecución sistemática de cerca de 50 personas que eran testigos claves para el esclarecimiento del caso Iguala. (Héctor De Mauleón, Ayotzinapa ¿Pacto de Silencio y Ejecución de Testigos?, Universal, 12/02/2020).
El otro es la liberación de 77 personas, de las 142 que han sido detenidas por los lamentables hechos del 26 y la noche del 27 de septiembre de 2014. Entre ellas, Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, presunto “lugarteniente” del grupo criminal Guerreros Unidos, acusado de tener un papel determinante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La decisión del juez del caso obedeció, en parte, a que las pruebas presentadas no acreditaban de manera firme la participación de los presuntos responsables en los hechos. Y a la manipulación de las evidencias, violación al debido proceso y casos de tortura. Hubo, asimismo, negligencia de la actual Fiscalía General de la República (FGR) al no haber presentado nuevas pruebas contra los detenidos, ni actuar a tiempo para que no fueran liberados.
Es pertinente darle un nuevo giro a la narrativa e ir más allá de enunciar compromisos, aceptar que fue un crimen de Estado y pedir disculpas. Desechada la mal llamada Verdad Histórica, ¿cuál es, entonces, la ruta de este gobierno que llevará a realmente hacer justicia a las víctimas, a conocer la verdad y esclarecer la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
