Ni duda cabe que México debe ofrecer todo lo necesario para facilitar el paso de la Caravana Migrante por el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos y proporcionarle, en la medida de lo posible, las mejores condiciones para atender las necesidades de salud, alimentación y cobijo a sus integrantes; asilo y apoyo para el retorno a sus países a quienes así lo soliciten.
Sin embargo, por las evidencias que han ido surgiendo cabe preguntarse si esta nueva manera de organizarse de los migrantes tiene un origen casual o se enmarca, coincidentemente, en el proceso electoral que tendrá lugar en noviembre en Estados Unidos.
Los centroamericanos, particularmente los del Triángulo Norte que componen Guatemala, El Salvador y Honduras, emigran de sus países por los altos índices de violencia, delincuencia, asesinatos, pobreza, desigualdad, desempleo, bajos salarios, corrupción de las élites políticas y falta de oportunidades para la gran mayoría.
También es de conocimiento público que en los últimos años la delincuencia organizada en México ha encontrado en los migrantes una mina de oro pues los extorsiona, a ellos y a sus familiares de sus países de origen y a los de Estados Unidos, en caso de tenerlos. También los secuestra, asalta, viola, explota sexualmente o los utiliza, como carne de cañón para sus operaciones o los asesina, incluso masivamente.
El lamentable caso de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, es un ejemplo macabro del calvario que enfrentan los migrantes en su paso por nuestro país.
Sumados a los problemas tradicionales que siempre enfrentaban, como el abuso de las autoridades migratorias mexicanas, los peligros al cruzar las fronteras y los riesgos de ser aprehendidos o deportados una vez en Estados Unidos; ahora hay que agregar que los migrantes son desde hace algunos años víctimas del acoso y violencia de las pandillas y el crimen organizado que existe y actúa con la complicidad de funcionarios gubernamentales.
Esta compleja y adversa situación nunca los desalentó ni disminuyó el flujo, al contrario, se agudizó, particularmente en el caso de los niños que viajan solos.
La suma de estos factores que incrementa los riesgos podría haber motivado a los migrantes a organizarse en caravana para viajar, pero eso no lo explica todo.
Hay registro, especialmente en Honduras, de líderes que los incitaron, ofrecieron dinero, se organizaron para influir ante las autoridades de los países que cruzaron, particularmente las mexicanas que históricamente han intentado servir como filtro por presiones norteamericanas, y hasta plantean estrategias políticas como hacer un plantón en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en caso de ser necesario para alcanzar sus objetivos.
Además de entender que el fenómeno tiene razones que lo explican y justifican, cabe preguntarse si quienes promovieron la caravana no obedecen a una estrategia política en la antesala de las elecciones legislativas que tendrán lugar el 6 de noviembre en Estados Unidos, que se prevén como una especie de evaluación para el gobierno de Donald Trump y que a partir de los resultados podría vislumbrarse si tiene o no condiciones para reelegirse.
Lo cierto es que mucho antes de conocer la dimensión de la caravana, Trump ya la descalificaba, tildaba de delincuentes a sus integrantes e incluso vociferaba sin pruebas, como después lo reconoció, que en la misma se habían infiltrado “árabes”. Simultáneamente culpaba a los demócratas porque no le han aprobado todas sus propuestas en materia de política migratoria.
A este hecho hay que agregarle las amenazas de bombas contra diversos personajes y medios de comunicación en Estados Unidos, lo que podría hacer parecer que en el país existe un escenario de “violencia” y “catástrofe” que sólo la mano dura que siempre ha presumido Trump, podría contener. No es la primera ni la última estrategia propagandística que busca infundir miedo al electorado con fines políticos.
Pero más allá de este escenario, sea real o no, lo cierto es que México está en medio de esta problemática y tiene que actuar de manera responsable, ayudando a los migrantes, proporcionándoles el respaldo necesario y procurar hasta el último momento que sus derechos humanos se respeten.
No debe, bajo ninguna circunstancia, convertirse en rehén de Estados Unidos, ni ceder a las presiones de Trump para reprimir y devolver a los migrantes a sus respectivos países en contra de su voluntad.
Hoy más que nunca, tanto el gobierno saliente como entrante deben enarbolar el principio de soberanía, el respeto a los derechos humanos, a la migración, libre tránsito, asilo y a la aspiración de todo individuo de buscar para él y su familia una mejor calidad de vida.
Se debe buscar construir acuerdos con los gobiernos de Centroamérica y organismos internacionales para reducir los factores que expulsan a los migrantes de sus naciones, establecer un corredor seguro para quienes decidan salir y que Estados Unidos defina programas migratorios para legalizar la estancia en su territorio de quienes buscan trabajar.
No hay que olvidar que muchos mexicanos que viven en Estados Unidos son víctimas de discriminación, racismo y violencia y que todos los migrantes merecen respeto. Actuemos con civilidad, solidaridad y respeto por los derechos humanos. Hay que tratar a los centroamericanos como nos gustaría que nos trataran a nosotros y a nuestros connacionales en EEUU.
No aceptemos chantajes, menos aún, debemos actuar o servir a la estrategia de Donald Trump. México creció en su prestigio internacional cuando le abrió las puertas a los Republicanos Españoles, se solidarizó con el pueblo y gobierno de Cuba y ofreció asilo a los chilenos víctimas del golpe de Estado y la dictadura de Pinochet.
