A contracorriente de las experiencias en materia de políticas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, el Gobierno Federal pretende centralizar la operación de los sectores de salud –a través del Insabi- y de educación; pero al mismo tiempo exige a los gobiernos de los estados que atiendan estos servicios, sin otorgarles el presupuesto público que se necesita y que por ley les debería corresponder.
Preocupa además la conducta arrogante y prepotente con la que se conduce el Ejecutivo Federal que, en una actitud de “a ver de qué cuero sale más correa”, reta a los gobernadores acerca de qué sistema de salud, el federal o los estatales, otorga una mejor atención; sin reconocer que retiene los recursos que la Federación está obligada, por la Carta Magna y por la ley, a enviar a las entidades federativas para estar en condiciones de prestar este u otros servicios.
Haciendo un símil, el Gobierno Federal actúa con los gobiernos de los estados de manera similar a como lo hace con la operación mochila en las escuelas. Parte de un principio de la desconfianza. Es decir, el gobierno ve en los niños un potencial delincuente.
Y en el caso de los gobernadores, se niega a otorgarle los recursos para salud porque acusa que sólo la Federación es capaz de manejarlos con honestidad y transparencia. Y con ese argumento, centraliza los recursos.
Para el Presidente de la República todos son corruptos, menos él y eso trae como consecuencia la ineficiencia que ya hemos visto en el sector salud, que incluso ha costado vidas.
En lugar de poner por delante la desconfianza, lo que el Gobierno Federal debería de hacer es construir mecanismos de coordinación, transparencia, seguimiento y evaluación de resultados entre los distintos niveles de gobierno de tal manera que se generen las mejores condiciones para otorgar una atención de calidad a los usuarios de los distintos servicios de salud, pero también en educación.
El gobierno, desde el centro, no puede, en un país que es un mosaico, controlar todo. Ya estamos padeciendo las consecuencias de esta errónea decisión en la política pública de seguridad, en donde hay estados que por la falta de coordinación entre los gobiernos federal y de las entidades federativas; los niveles de violencia, homicidios e inseguridad; se han disparado exponencialmente.
Una vez más, la ruta que se debe priorizar es la de los acuerdos, más allá de las diferencias políticas y partidistas. Así como la definición y aplicación conjunta de las políticas públicas y, en todo caso, para que se disipe la desconfianza, la intervención del Sistema Nacional Anticorrupción, para que haya vigilancia y que quien le meta la mano al presupuesto, pague las consecuencias.
Nadie desconoce los actos de corrupción que acontecieron en el pasado, pero hay que destacar que estos se dieron tanto en el ámbito estatal como federal y no por eso alguien acusa de corrupto al ahora titular del Ejecutivo Federal.
La actitud del Presidente no puede ser que como en los pasados gobiernos hubo desvíos y mal uso de recursos en educación o salud, entonces centralizo porque solamente yo soy honesto. Lo único que provoca esta decisión es ineficiencia y ya lo estamos viendo ante los reclamos por el mal funcionamiento de clínicas y hospitales y la escasez de medicamentos.
El gobierno no puede negar a los estados y municipios los recursos que requieren para su funcionamiento, que de por sí son escasos. Lo que provoca con este empecinamiento es una grave violación no sólo al federalismo, sino a los derechos y a las garantías constitucionales de las y los ciudadanos, que ya no soportan tanta ineficiencia y mezquindad.
