Con la aprobación de la nueva Ley General de Víctimas, el Congreso Mexicano muestra sensibilidad con las víctimas de la delincuencia y la inseguridad, y con las organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por ciudadanos como Isabel Miranda de Wallas, Josefina Ricaño de Nava, Alejandro Martí y Javier Sicilia, entre otros; quienes tienen el mérito de que, en lugar de doblarse ante el dolor causado por la ausencia de sus hijos y familiares, salieron a la calle para exigir justicia.
El reclamo generó un movimiento social que llevó a la necesidad de construir una ley que visibilizará e hiciera que se reconociera y atendiera el grave problema de la inseguridad y la delincuencia que, además de miles de víctima, han ocasionado una serie de daños colaterales que es urgente atender con políticas públicas eficientes y nuevas normas, como la nueva Ley General de Víctimas y la reforma al artículo 73 constitucional que otorga facultades al Congreso para legislar en esta materia.
La nueva ley define como víctima a “quien haya sufrido un daño físico-moral, físico o mental, en sus bienes jurídicos o derechos, ya sea en forma directa a su persona o de manera indirecta”. También plantea que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
Incluye además el concepto de víctimas potenciales como las personas físicas, cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a las víctimas, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
La norma establece los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, con la obligación el Estado para que, mediante los tres órdenes de gobierno, se garanticen y salvaguarden sus derechos.
Al aprobar la ley, el Congreso reconoce además un problema grave que enfrenta el Estado Mexicano, como consecuencia de un conjunto de daños colaterales provocado por las acciones de las bandas de delincuentes comunes y del crimen organizado.
Con esta ley el Estado Mexicano se fortalece, porque si alguna política requiere ser consensada, ésta es la seguridad pública; cuya desatención generó un terrible impacto a miles de familias en todo el país, provocó un fenómeno de desplazamiento de mexicanos en su propio territorio y al exterior, que huían de la inseguridad y la delincuencia; aumentó el secuestro y la extorsión contra ciudadanos y migrantes, incrementó la trata de personas, el número de delitos de alto impacto, la producción, contrabando y el consumo de drogas entre los mexicanos, así como los homicidios, entre otros.
Hay un conjunto de deficiencias que generaron las condiciones para que la delincuencia se fortaleciera, entre ellas la ausencia de una política pública y de seguridad nacional, carencia de cuerpos policiacos profesionales, corrupción, complicidad e impunidad.
Con este nuevo instrumento, el Estado Mexicano tiene mejores herramientas legales para combatir la delincuencia. La ley es perfectible, puede tener incluso cosas que no son aplicables ahora, pero que se podrán corregir conforme se vaya poniendo en práctica, lo importante es que el proceso ya inició, y conjuntamente con las organizaciones sociales se corregirán las deficiencias.
Sin embargo, la legislación tiene que ir acompañada de acciones gubernamentales que permitan acotar a la delincuencia. La inseguridad y las bandas delictivas crecen y se desarrolla donde hay impunidad y ausencia del Estado y de la aplicación de la ley.
En materia de seguridad, el Estado está obligado a cambiar su enfoque policiaco y a construir una política pública integral que prevenga e inhiba las múltiples causas que permiten que la delincuencia surja, se desarrolle y fortalezca.
Correo: agustin.alonso@
Twitter: @AlonsoRaya_
