La violencia feminicida en Guanajuato continúa imparable, por lo que es inaceptable que por una visión conservadora y de cálculo político el gobierno del estado se resista a respaldar la solicitud de declaración de alerta de género que demandan diversas organizaciones ciudadanas.
Los feminicidios son “la forma más extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en el ámbito público y privado, conformada por el conjunto de conductas migósinas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”. (Glosario de Género, Instituto Nacional de las Mujeres)
Estudios nacionales e internacionales concluyen que la violencia física contra las mujeres es la expresión más brutal de la violación sistemática de sus derechos humanos; que se profundiza en la medida en que se incrementa el porcentaje de población femenina y que éstas asumen un rol más amplio y activo en la dinámica social.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que “la violencia contra la mujer en México puede describirse como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos que sólo pueden entenderse en el contexto de, por un lado, una desigualdad de género arraigada en la sociedad y, por el otro, un sistema jurídico y de gobierno dividido en varios niveles que no responde con eficacia a los delitos de violencia, incluida la violencia de género”. (Violencia feminicida en México 1985-2010, ONU)
En Guanajuato la espiral de violencia contra las mujeres crece de manera alarmante. De acuerdo con estadísticas del Centro Las Libres, en tres años han tenido lugar 244 feminicidios. En el 2013 fueron privadas de la vida 73 mujeres; en 2014, 67; en 2015, 87, y en lo que va de 2016, se han cometido 17 homicidios.
Este dato es, en si mismo, sumamente preocupante; sin embargo, sólo es el reflejo más descarnado de la violencia que padecen las mujeres en el estado.
El Panorama de violencia contra las mujeres en Guanajuato, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2011), reveló las condiciones de agresión, marginación, discriminación e inequidad que enfrenta el sexo femenino en el ámbito familiar y social.
El estudio registró que en los últimos 12 meses previos a las entrevistas realizadas, casi 461 mil mujeres casadas o unidas de 15 y más años sufrieron violencia por parte de sus parejas. El incidente más común es la agresión física o con un arma y el 55.3% de las entrevistadas dijeron haberlo sufrirlo.
Un dato revelador es que el 87.4% de las víctimas no denunciaron por diferentes motivos, de éstas 67.2% piensan que “fue algo sin importancia o porque él no va a cambiar”, 9.5% por miedo, porque su esposo la amenazó; 9.3% por sus hijos, porque la familia la convenció de no hacerlo y 9.2% porque no confía en las autoridades (esta última cifra es superior en casi 5 puntos porcentuales al que se registró a nivel nacional).
Respecto a las violaciones registradas en el espacio público (ámbito comunitario, escolar y laboral), más de 591 mil mujeres sufrieron alguna agresión, de las cuales casi 245 mil fueron abusadas sexualmente; cerca de 510 mil intimidadas y poco más de 50 mil padecieron agresiones físicas.
Estadísticas de otras dependencias indican que las manifestaciones de violencia de género aumentan en distintos rubros y lo más preocupante es la indiferencia que se observa en todos los niveles de gobierno ante esta grave problemática social y los altos grados de impunidad que prevalecen.
Lo evidencia, por ejemplo, el hecho de que las recomendaciones del Grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Guanajuato, fueron atendidas parcialmente y aquellas que se implementaron han quedado rebasadas.
De ahí la importancia de seguir insistiendo, desde todas las trincheras posibles, en la urgencia de que se declare la alerta de violencia de género.
La declaratoria implica un conjunto de medidas de carácter preventivo para coordinar los esfuerzos de las instituciones de los diferentes estratos de gobierno encargadas de la elaboración y aplicación de políticas públicas para garantizar a las mujeres mejores condiciones de vida y proteger sus derechos humanos.
Por eso es incompresible que el gobierno del estado mantenga su oposición a respaldar los esfuerzos que durante años han desplegado organizaciones civiles para que en la entidad se declare la alerta.
La única explicación es que esta negativa obedece al conservadurismo y al cálculo político del gobierno estatal que supone que reconocer el aumento de los feminicidios implicaría aceptar la violencia creciente en la entidad.
Este prejuicio, desafortunadamente, ha propiciado que se mantengan las condiciones que fomentan las diversas expresiones de violencia de género, incluidos los feminicidios; y lamentablemente, todo indica que, de no cambiar la política pública en esta materia, los asesinatos de mujeres seguirán e irán en aumento.
