Los nimios resultados de la consulta popular contra los expresidentes, que promovió insistentemente Andrés Manuel López Obrador, son la consecuencia de haber impuesto un capricho para el cual forzó la Constitución de la República y las instituciones; y despilfarró recursos públicos.
De acuerdo con el conteo del Instituto Nacional Electoral (INE), el porcentaje de participación fue de 7.11% del padrón. Por el sí, 6,511,385, equivalente a 97.72%. Por el no, 102,945, equivalente al 1.54%. Anulados, 48,878, que representa el 0.73%
La escasa participación obedece a varios factores. En principio, que la consulta no se realizó el mismo día de la elección federal intermedia.
En la reforma constitucional en materia de participación ciudadana, que se llevó a cabo en el marco de un proceso más amplio que buscaba una reforma del Estado, aprobada en la LXII Legislatura (2012-2015), de la que formé parte, quedó establecido que la consulta popular se debería realizar el mismo día de la elección federal intermedia, en este caso, la que tuvo lugar el 6 de junio.
Sin embargo, el Congreso de la Unión, ya con mayoría de Morena y aliados, en abril de este año, reformó la Carta Magna y la Ley Federal de Consulta Popular para establecer, entre otros cambios, que la consulta se debería realizar el primer domingo de agosto. Esta modificación, sin duda, influyó en la disposición de los ciudadanos para acudir a las urnas.
La votación, además, quedó muy lejos de uno de los objetivos trazados por el presidente y Morena, que era lograr poco más de 37 millones de votos -el 40 por ciento de la lista nominal-, para que fuera vinculante; es decir, que los poderes Ejecutivo y Legislativo, y autoridades competentes, tuvieran un mandato, para proceder en el marco de sus competencias.
El fracaso también se explica por el empeño del presidente en forzar una consulta cuyo tema estaba fuera de lo establecido por la Constitución de la República.
Según el artículo 35 de la Carta Magna, “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección…”
La pregunta inicial que López Obrador envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación era claramente violatoria de los derechos humanos. Por esa razón, para darle vuelta a la Constitución y no desairar al Ejecutivo, la Corte modificó la pregunta y el resultado es que el texto quedó hecho un bodrio.
Para gran parte de los ciudadanos que no acudieron a las urnas es claro que, si el Ejecutivo Federal tiene expedientes y elementos suficientes para fincar una responsabilidad legal a presuntos responsables de un delito, no se requería hacer una consulta. Simplemente tiene que presentar las denuncias, hacer las investigaciones para integrar los expedientes y proceder al juicio.
La cuestión es que, si la pregunta fue confusa, pero además abordó un asunto que divide y polariza; ni la consulta se llevó a cabo el día más adecuado y no hubo diálogo con los actores políticos para impulsarla; el resultado era de esperarse.
Y, en consecuencia, lo único que se logró es desgastar un instrumento que es muy importante y que se creó con una gran expectativa para poder consultar las cosas relevantes para la sociedad mexicana. Se mal utilizó un mecanismo de participación ciudadana que se creó para hacer cosas serias, sensatas, legales y pertinentes.
Es evidente, que el presidente en lo particular, y Morena como partido, harán lo posible para tratar de convertir la derrota, en una victoria, aunque sea pírrica. Van a utilizar el triunfo del sí como instrumento de propaganda rumbo al 2022, que es la revocación del mandato, y el 2024, cuando tendrá lugar la elección presidencial.
Sin embargo, a la luz de los resultados, deberían de pensarlo dos veces antes de seguir usando con fines facciosos y clientelares la Constitución de la República, las leyes, las instituciones y los recursos públicos.
Quienes promovieron la consulta, ahora buscan cualquier pretexto para justificar la derrota y plantean, desesperados, otras vías para continuar con el circo mediático. No se entiende, ni se justifica, tanto brinco estando el suelo tan parejo y existiendo las vías legales para dar cauce a la denuncias pertinentes.
El único actor que merece reconocimiento es el Instituto Nacional Electoral que, a pesar de tantas descalificaciones, sacó adelante la organización. Desde esta perspectiva, la consulta sí fue un triunfo y sienta un precedente de que este mecanismo de participación sí es útil para involucrar a las y los ciudadanos en temas públicos y de gobierno verdaderamente importantes y viables, como sucede en países con sistemas consolidados de democracia participativa; y en donde caprichos como los que originaron la jornada de este 1° de agosto, se verían como irresponsables y antidemocráticos.
No es que este domingo la mayoría de los ciudadanos no tuviera interés en un ejercicio de esta naturaleza, sino que el sentido común los alertó e hizo intuir que se trataba de una consulta inútil e insulsa, cuando lo que procede es hacer valer la ley, si realmente existe un delito que perseguir. La justicia no se consulta, se aplica. Así de simple y claro.
