El Gobierno Federal tiene muchos asuntos en la agenda inmediata que no ha sido capaz de resolver, pero en lo inmediato se entrecruzan tres temas que están afectando severamente a las y los ciudadanos: Covid, violencia y pensiones.
En el primero, no hay indicios de que la emergencia de salud esté controlada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió apenas el 19 de junio que el mundo “entró en una fase peligrosa de la pandemia de coronavirus” con la decisión de la mayoría de los países de “comenzar el desconfinamiento mientras el virus sigue circulando a gran velocidad en varias regiones, en particular en América Latina”.
La advertencia de la OMS es particularmente cierta para México. Este lunes nuestro país alcanzó los 185,122 casos de contagio; 22,584 decesos –tan sólo 1,803 de estos en las últimas 48 horas-; y rompió record de contagios al confirmarse 10,020 más en los últimos dos días.
Lo más preocupante es que estos fallecimientos y contagios son de mayo, por lo que es previsible que la situación se pueda volver aún más crítica con la puesta en marcha de la “nueva normalidad” que, lo acepten o no las autoridades, está lejos de ser “nueva” y mucho más de considerarse “normal”.
En materia de seguridad es claro que este gobierno no tiene estrategia. Un ejemplo son los operativos fallidos contra el crimen organizado. El “culiacanazo”, y lo ocurrido este fin de semana en Guanajuato, Sonora, y San Mateo del Mar, Oaxaca (donde hubo una masacre que tuvo como resultado 15 muertos) desnudan la incapacidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero también el fracaso de la militarización.
Es importante señalar que el decreto a través del cual el presidente pretende que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública fue impugnado, mediante una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la legisladora Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la crisis de las pensiones se agudizó con el retiro parcial de sus recursos ahorrados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que están realizando miles de trabajadores que se han quedado sin empleo, y que no han tenido otra opción ante la falta de apoyo gubernamental.
Sin bien es cierto que en lo inmediato los trabajadores pueden disponer de este dinero para enfrentar el desempleo y la crisis económica, a la larga ellos serán los principales afectados porque se reduce el monto de su ahorro y se alarga el tiempo de cotización.
De por sí los trabajadores enfrentan serias dificultades para cumplir los requisitos y poder tener la posibilidad de alcanzar una pensión. Por ejemplo, en 2021, de los 75 mil aforados que se retiren, únicamente 750 podrán obtener pensión.
Por su parte, con los retiros masivos que están haciendo los trabajadores, las Afore resultarán beneficiadas porque tendrán un mayor plazo para poder seguir obteniendo rendimientos. De hecho éstas nunca pierden, incluso con el país en crisis económica. Tan sólo en 2019 ganaron 13 mil 753 millones de pesos., la cifra más elevada desde 1997, año en que surgió el esquema de Cuentas Individuales.
El difícil panorama que enfrenta la Nación en tan sólo estos tres temas sirve como ejemplo para insistir en que el Gobierno Federal debe atender la necesidad de construir “Un Nuevo Acuerdo Social”, que nos permita enfrentar a fondo la pandemia, y apoyar a los trabajadores con un Seguro de Desempleo temporal para los que tengan que quedarse en casa, lo puedan hacer evitando poner en riesgo su vida por la necesidad de salir a trabajar.
El presidente de la República debe hacer un lado posiciones ideológicas y ambiciones políticas para poder construir un gobierno más eficiente. El costo de sus obcecaciones y desaciertos, lamentablemente los están pagando las y los ciudadanos en todo el territorio nacional y de todas las clases sociales, pero principalmente, los más vulnerables.
