Como parte de la agenda del Pacto por México, el 8 de mayo fue dada a conocer por el Ejecutivo Federal y las principales fuerzas políticas del país, la propuesta de reforma financiera con la que se pretende transformar la banca comercial y de desarrollo.
El próximo miércoles será presentada como iniciativa ante la Comisión Permanente, en virtud del receso del Congreso de la Unión, y turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para que se inicie el proceso de análisis, discusión y elaboración del dictamen.
Consta de 14 decretos y modifica 38 distintas leyes relacionadas con el sector financiero e incluye cuatro ejes principales: incrementar la competencia en el sistema financiero para impulsar la expansión del crédito; fomentar el crédito de la banca de desarrollo, redefiniendo su mandato; mejorar el régimen de garantías para promover la oferta de crédito a un menor costo, mantener la solidez del sistema financiero, fortaleciendo los medios prudenciales; y modernizar la legislación para hacer más eficaces las entidades financieras.
En años recientes se han aprobado diversas reformas a fin de obligar a la banca comercial a proporcionar información transparente sobre los costos de cambio de un banco a otro; intercambien órdenes de pago para nuevos clientes; reducir el costo de comisiones por diversos movimientos, permitir el acceso de nuevos competidores bancarios, sobre todo de los más pequeños, a las instalaciones esenciales, como la infraestructura de red de tarjetas, y simplificar el acceso al crédito; entre otras medidas.
Sin embargo, esto ha sido insuficiente, ya que, de acuerdo con el Banco Mundial, en el ámbito internacional, las instituciones bancarias mexicanas son de las que menos prestan como proporción de sus activos.
En Latinoamérica, los bancos de nuestro país prestan menos que los de naciones con una economía menos desarrollada, como Panamá, El Salvador, Perú y Guatemala.
En opinión de expertos financieros, las disposiciones impulsadas por el Banco de México, no han resuelto el problema de fondo: la escasez de crédito y el gran diferencial entre los bajos rendimientos que paga la banca a los ahorradores y las elevadas tasas de interés que cobran a los deudores.
El sector bancario y financiero de México está controlado actualmente por cinco instituciones, la mayoría con capital extranjero, las cuales monopolizan el mercado de tal manera que no existen condiciones de competitividad, y han impuesto infinidad de trámite y requisitos, en ocasiones insalvables, para acceder al crédito; pero sobre todo se han convertido en una banca usurera por el alto costo de intereses y comisiones.
Un análisis realizado por la Comisión Federal de Competencia, el órgano que regula al sector en México, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sugiere que “las familias mexicanas gastan, en promedio, cerca de una tercera parte de su presupuesto en bienes producidos en mercados monopólicos o altamente oligopólicos, y que la proporción es aún más alta para las familias de más bajos ingresos. En una serie de sectores, las regulaciones contribuyen a que las empresas dominantes eviten la entrada de nuevas empresas o que los competidores existentes ejerzan una competencia eficaz”.
Durante la recesión global de 2008-2009, en lugar de sumarse a los esfuerzos del gobierno y de diversos sectores productivos para disminuir el impacto negativo; según la OCDE, los bancos mexicanos restringieron aún más el crédito al consumo de manera considerable, con lo que contribuyeron al debilitamiento de la demanda interna.
Por su parte, la banca de desarrollo dejó de funcionar desde ya varias décadas como palanca de desarrollo del país, convirtiéndose en caja chica del gobierno, al tiempo que ha sido objeto de innumerables actos de corrupción por parte de algunos funcionarios.
En este rubro, se pretende que el Estado fortalezca la industria y el comercio, reduzca el monto de los préstamos de recursos públicos a las empresas privadas que pueden acceder al crédito de la banca comercial; y apuntale a las microempresas, que son las principales fuentes de empleo en el país; así como a diversos sectores productivos, como la agricultura, pesca y ganadería, que se encuentran prácticamente quebrados y subutilizados.
Durante la discusión de la reforma financiera, los legisladores del PRD impulsaremos la disminución de las comisiones y del monto que cobran por ellas, la flexibilización y el aumento del crédito, la reducción de intereses y el alza del rendimiento del ahorro bancario.
Se busca incentivar a la gente para que invierta y compre en mejores condiciones sus bienes, fomentar el empleo mediante la creación de microempresas; y combatir la visión usurera de la banca. Me refiero a las circunstancias en las que los bancos avasallan a los clientes con hipotecas e intereses desmesurados e injustificados.
El ciudadano que solicita un crédito debe ser protegido, no para que no pague, sino para que lo haga de acuerdo a las condiciones que pacta, que no lo estén presionado haciéndole firmar documentos con letras chiquitas, que la gente no acaba nunca de entender, y al rato ya le están rematando o embargando sus bienes.
Como está planteada, la reforma financiera es positiva, pero habrá que estar al pendiente para que, en efecto, tanto la banca comercial como la de desarrollo cumplan con su responsabilidad de ponerse al servicio de la inversión productiva, apoyando el consumo responsable y la iniciativa de ciudadanos emprendedores, fortaleciendo con ello el sector financiero, sin permitir que caiga en el abuso.
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