Los exabruptos de Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, contra los indocumentados mexicanos y nuestro país, no sólo reflejan una ignorancia supina respecto al rol de los inmigrantes en la historia y la economía de Estados Unidos; sino que alimentan los sentimientos xenófobos y racistas que se anidan en el ala más conservadora de su partido y en ciertos segmentos de la población estadounidense.
El 16 de junio de 2015, al formalizar sus aspiraciones a la Casa Blanca, Trump acusó a los inmigrantes mexicanos de violadores y narcotraficantes y defendió la construcción de un muro a través de toda la frontera común para frenar el paso de ilegales y droga, costeado por el gobierno mexicano.
Desde entonces, parte central de su discurso ha consistido en descalificar a los connacionales, al grado de que propuso la deportación de los indocumentados y el retiro de la ciudadanía de Estados Unidos a los hijos de éstos.
Dijo que impondrá impuestos a las importaciones de vehículos mexicanos, que impedirá que empresas de Estados Unidos inviertan al otro lado de la frontera y amenazó con confiscar las remesas de 20 mil millones de dólares anuales que envían los inmigrantes a sus familias.
Ante estos ataques la reacción del gobierno mexicano ha sido tardía y tibia. En entrevista, apenas la semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó y condenó las expresiones de Trump. (El Universal, 07/03/2015)
Días antes, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, afirmó que México no pagará bajo ninguna circunstancia por el muro que propone construir Trump en la frontera con Estados Unidos de llegar a la presidencia de Estados Unidos.
Por su parte, la canciller Claudia Ruiz Massieu acusó de “ignorantes y racistas” las políticas y comentarios del aspirante republicano y rechazó como “absurda” la idea de que México pague por una muralla en la frontera.
La reacción del republicano fue irracional al advertir que “México no querrá jugar a la guerra con nosotros”, al negarse a pagar el muro si él llega a la presidencia.
A estas amenazas nadie ha respondido. Conforme avanza su campaña, Trump, que se ha colocado como el puntero de los precandidatos republicano; se encarniza más contra los indocumentados y todo indica que el gobierno mexicano optará por esperar que este pierda las elecciones constitucionales para que cesen estas descalificaciones, en lugar de ejercer con más oportunidad, autoridad y energía, los mecanismos diplomáticos en defensa de los connacionales y los intereses del país.
Mucho más contundente fue la posición de Rosario Marín, mexicana que migró a los 14 años, obtuvo la nacionalidad estadounidense y llegó a ser tesorera de 2001 a 2003 durante la administración de George W. Bush.
Al recibir la medalla Elvira Carrillo Puerto, reconocimiento otorgado por el Senado de la República, Marín llamó a “denunciar y detener las ambiciones de un sujeto despreciable que en un afán enloquecido y soberbio de hacerse del poder al más puro estilo fascista pretende provocar sentimientos xenófobos y racistas en contra de los mexicanos”.
La mexicana-estadunidense, quien contendió por una senaduría bajo las siglas del Partido Republicano, afirmó que “no es tiempo de neutralidad ni de indiferencia” y dedicó parte medular de su discurso a denunciar “el peligro” que representa Donald Trump, al que no se refirió por su nombre, pero calificó de “loco, fascista, siniestro personaje y amenaza funesta”.
La campaña de odio sobre la que se ha montado Trump y que le ha redituado simpatías que pocos esperaban, evidencia las resistencias de ciertos sectores de la población estadounidense a reconocer las aportaciones de los inmigrantes hispanos en general, y de los mexicanos en particular, a la historia y economía norteamericana.
Cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estiman que 33 millones de personas con raíces mexicanas viven en Estados Unidos, monto que incluye a los cerca de 11.7 millones de indocumentados, según cálculos de la Oficina del Censo.
Los mexicanos representan 12% de los inmigrantes dueños de pequeños negocios en Estados Unidos. Alrededor de 570 mil empresas en Estados Unidos, más de 1 de cada 25, son propiedad de inmigrantes mexicanos, y generan anualmente 17 mil millones de dólares en ingresos.
De acuerdo con un estudio del Selig Center de la Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos superó 1.5 trillones de dólares en 2015, cerca del 11% del total de Estados Unidos.
En la frontera México-Estados Unidos diariamente se comercian mil millones de dólares, además, por los 57 puentes fronterizos, cruzan más de un millón de personas.
Desde el año 2000, el Sistema de Administración de Seguridad Social ha recibido casi 90 mil millones de dólares por concepto de descuentos a los salarios de los trabajadores que usan números de seguro social que no coinciden con los registros oficiales.
En 2010, las familias encabezadas por inmigrantes indocumentados pagaron 11.2 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales.
Más allá del calor de la contienda electoral, a nadie conviene que esta animadversión crezca. Las relaciones comerciales se encuentran en uno de los puntos más álgidos de la historia, beneficia a la economía de ambos países y un porcentaje importante de familias mexicanas depende de las remesas que envían los inmigrantes.
La posición del gobierno mexicano debe ser mucho más oportuna, contundente y firme. En juego están no sólo los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y la relación binacional; sino también el peligro que implicaría el que llegue a la presidencia de una de las potencias mundiales un personaje con arranques fascistas y síntomas de megalomanía, como lo es Donald Trump.
