El estallido de la inconformidad de cientos de elementos de la Policía Federal por las condiciones de desventaja en que se les pretende incorporar a la Guardia Nacional, tiene su origen en dos factores claves.
Uno es la desconfianza del presidente de la República sobre este cuerpo policiaco, y otro es la soberbia, impericia e insensibilidad con que los responsables del sector, particularmente el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, han enfrentado el problema.
Es absurdo que siendo la PF una de las tres corporaciones de la Guardia Nacional, a sus elementos se les trate con menosprecio, se les margine y pretenda reducir su salario y prestaciones con respecto a las otras dos, la Policía Naval y la Policía Militar.
Se está desmontando a la PF a machetazos, sin revisar los expedientes de cada uno de sus integrantes, sin tomar en cuenta su experiencia ni respetar sus derechos laborales y descalificando a la corporación. Todos son corruptos, se afirma.
La PF tiene una larga experiencia y, como toda corporación, incluido el Ejército y la Marina, ha tenido aciertos y desaciertos. Su conformación, mantenimiento, estructura y capacitación son una inversión del Estado Mexicano. Al igual que el Ejército y la Marina, los policías federales enfrentaron los momentos más críticos de la absurda guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón y mantuvo Enrique Peña Nieto.
De ninguna manera se debería olvidar su participación en las masacres de Nochixtlán y Tanahuato o la vinculación de algunos elementos con el crimen organizado; pero en hechos similares recientes como los de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya o desapariciones forzadas; han participado elementos del Ejército y de la Marina. Pero quienes principalmente tienen que asumir sus respectivas responsabilidades por estos lamentables acontecimientos, y los miles de desaparecidos de los últimos 12 años, son Calderón y Peña Nieto.
Lo que se tiene que hacer es una evaluación estricta de los elementos de estas tres corporaciones que se integrarán a la Guardia Nacional, aprovechando su experiencia y formación; pero tratandolos igual, con los mismos derechos, salarios y prestaciones porque tendrán las mismas responsabilidades y correrán los mismos riesgos.
Lo que evidencia este conflicto, y la manera en cómo se ha enfrentado, es un problema de fondo y este tiene que ver con que el Gobierno Federal carece de una política pública coherente en materia de seguridad. El primer cuatrimestre de 2019 fue el más violento de los últimos 20 años, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También aumentaron los índices de otros delitos, como el secuestro, la extorsión, los feminicidios e infanticidios.
A siete meses de administración, no queda claro cuál es la estrategia institucional para combatir en serio a la delincuencia organizada. Los programas sociales para evitar supuestamente que se vayan los jóvenes o la gente al crimen organizado no serán suficientes en tanto no se atiendan otros factores como la estabilidad económica, el crecimiento, las fuentes de empleo, los salarios, etc
El presidente de la República debería empezar a replantearse la desconfianza que tiene respecto a las instituciones y los diversos actores sociales, políticos y empresariales. Su menosprecio y, a veces, descalificación pública, están teniendo costos muy altos.
No sólo está perjudicando a miles de trabajadores y algunos sectores, sino a la sociedad entera. Sin embargo aún es tiempo de corregir. Hay que rediseñar ciertas instituciones, hacer una transformación radical si se quiere, pero no sé debería “tirar el agua sucia con el niño adentro”.
