En medio de la disputa entre el Ejecutivo Federal y los empresarios, los trabajadores del país están quedando en la indefensión durante la pandemia, al grado de que aquellos que han quedado desempleados están buscando, por sí solos, alternativas para paliar su situación económica y la de sus familias; y no necesariamente han encontrado las mejores opciones ni el respaldo que necesitan tanto del gobierno como de los patrones.
De acuerdo con pronósticos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), es probable que se pierdan más de un millón de puestos de trabajo formales al cierre del primer semestre del año. Como consecuencia, el organismo prevé que para junio de este año, más de un millón 300 mil trabajadores realicen los retiros parciales de las Afores a los que tienen derecho.
A decir de Abraham Vela Dib, presidente de la Consar, el monto de retiros parciales por desempleo tocó una nueva marca histórica en abril de mil 591 millones de pesos, 95.4 por ciento por arriba de lo registrado en abril de 2019, para acumular en los primeros cuatro meses del año 5 mil 129 millones de pesos.
Un dato importante es que, según la Consar, estas cifras son antes del impacto más fuerte del COVID- 19 en nuestro país. La pérdida de empleo, como consecuencia de la pandemia en la economía mexicana, durante marzo y abril, supera los 700 mil puestos formales. Estas solicitudes de retiro parcial por desempleo se verán reflejadas en mayo y con más fuerza en junio.
Si bien es cierto que esta disposición puede permitir a los trabajadores obtener ingresos inmediatos, no es necesariamente la mejor opción porque estos retiros además de disminuir el ahorro del trabajador, impactan negativamente a los requisitos para tener el derecho a una pensión, al reducir el número de semanas de cotización.
El que los trabajadores estén optando por retirar parcialmente sus recursos de las Afores indica que los apoyos anunciados por el Gobierno Federal no les llegan y por lo tanto esta estrategia gubernamental no está dando los resultando esperados.
De ahí la importancia de seguir impulsando que se les otorgue un recurso económico emergente a los trabajadores desempleados durante al menos tres meses para ayudarlos a enfrentar la crisis provocada por el COVID-19. Se han planteado diversas opciones, como el Ingreso Único Vital, entre otras.
En el caso de el Ingreso Único Vital, durante la pandemia, se propone que el Gobierno Federal fusione algunos de los programas sociales para garantizar a los trabajadores un monto de cuando menos 7 mil pesos mensuales durante tres meses para que puedan enfrentar sus necesidades básicas y las de su familia, en tanto pueden retornar a su empleo o encontrar otro.
El Ingreso Único Vital, es un tema que se discutió en la Constituyente de la Ciudad de México, y ha quedado plasmado en su Constitución. Ese fue el consenso de todas las fuerzas políticas que formaron parte de las discusiones, debates y acuerdos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
En el contexto de esta discusión, se propusieron diversas alternativas con el objetivo de lograr un piso más parejo para todos. Hay que retomar la discusión sobre el Ingreso o Renta Básica Universal para otorgarla progresivamente a todos los mexicanos, pero ahora, en la emergencia y ante la carencia del Seguro de Desempleo, lo que urge es instrumentar el Ingreso Único Vital para poder apoyar a todos los desempleados formales e informales. Es la mejor manera de amortiguar los gastos catastróficos y atender las medidas de mitigación en mejores condiciones.
El Ingreso Único Vital u otra medida de esta naturaleza, es una discusión que se debe de dar con carácter urgente. Los trabajadores están en la absoluta indefensión, mientras que el Gobierno Federal, los empresarios y los sindicatos, están mirando por sus propios intereses. Ningún sindicato o confederación han desplegado iniciativas para defender a los trabajadores, más allá de los desplegados que el Ejecutivo ni siquiera se molesta en leer.
En la gran mayoría de los países, desde las grandes potencias hasta los de menos recursos, se están tomando decisiones y otorgando recursos para apoyar a los trabajadores frente a la pandemia y la emergencia económica. México es la excepción.
El presidente no quiere moverle ni una coma a lo aprobado en el presupuesto. Ante el evidente fracaso de algunos programas sociales y proyectos, deberían de ser reconsiderados o pospuestos para poder obtener recursos para atender la salud y el desempleo.
Una “nueva normalidad”, tiene que buscar, en principio, alternativas reales y viables para corregir este tipo de injusticias o las inercias y la realidad terminarán poniendo en evidencias al gobierno, a empresarios y a los dirigentes sindicales.
