En medio de la emergencia sanitaria y de la crisis económica más grave del siglo en México, el que desde el gobierno se fomenten prácticas facciosas que violentan la legalidad y los acuerdos; genera más incertidumbre, confrontación e inestabilidad.
Por segunda ocasión en la LXIV Legislatura, la mayoría legislativa, encabezada por Morena, pretende, con marrullerías, manipulaciones legales y mediáticas, pasar por encima de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y del acuerdo fundacional, para apoderarse de la presidencia de la Mesa Directiva.
El 5 de septiembre de 2018, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios construyeron un acuerdo en el que se comprometieron que “en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica, la Presidencia de la Mesa Directiva sería rotativa conforme a lo establecido en su artículo 17, y de acuerdo con el orden decreciente de los Grupos Parlamentarios”. En ese momento fundacional, la segunda fuerza política era el PAN y el PRI, la tercera.
Sin embargo, Morena y sus aliados se han negado sistemáticamente a respetar este acuerdo que ellos mismos promovieron. En el segundo año intentaron evitar que el PAN encabezara la presidencia de la Mesa Directiva, tratando de imponer la reelección de Porfirio Muñoz Ledo; y ahora pretenden hacer lo mismo con el PRI.
Este nuevo intento de imposición ha sido encabezada por los líderes del PT, que para convertirse en tercera fuerza han incurrido en prácticas deleznables, ofreciendo millones de pesos para convencer a diputados de sus propios aliados, el PES, el verde e incluso de Morena, a que se integren a su fracción; y sumando legisladores con una cuestionable trayectoria; lo que ha levantado las críticas y agudizado contradicciones, incluso, entre algunos miembros de Morena.
La sobre representación y compra de diputados o chapulineo de un grupo a otro, no le sirve a la Cámara de Diputados como institución, ni a la democracia. Degrada la política y a los políticos. La actitud del presidente de la República y de Mario Delgado, Coordinador de Morena, ha sido una simulación.
A pesar de que sostienen que se respetará la ley y descalifican estas prácticas; en los hechos respaldan la intención del PT de apoderarse de la presidencia de la Mesa Directiva, teniendo como candidato a Gerardo Fernández Noroña, quien se ha dedicado a defenestrar a todos los grupos parlamentarios, incluyendo a sus aliados.
Aceptar la responsabilidad de presidir la Cámara Baja es para representar a todos los grupos parlamentarios y diputados independientes, salvaguardando en todo momento la gobernabilidad a partir del reconocimiento a la pluralidad y de la búsqueda del acuerdo y el consenso.
Lo que está haciendo Morena y sus aliados es un acto de total deshonestidad, violando la ley y toda regla de urbanidad. Intentan con vanos argumentos ocultar su ambición por el cargo y crean show mediáticos para desviar la atención de los verdaderos problemas del país.
Es la misma estrategia del Ejecutivo Federal al promover la consulta para enjuiciar a los expresidentes. No existe intención real de investigar a los exmandatarios. En principio porque la consulta no sería aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 35 de la Constitución, y la Ley Federal de Consulta Popular. Y segundo, porque no hay denuncias de por medio ante la Fiscalía General de la República.
Y mientras el presidente, su partido y aliados, tienen puestos sus ojos en las próximas elecciones, el país enfrenta una polarización política y un cúmulo de problemas entre los que destacan el impacto de la pandemia, la inseguridad, el desempleo y la falta de crecimiento.
En apenas dos años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por su cerrazón para acordar con otras fuerzas políticas y sociales, su incapacidad y mal manejo del Covid-19; ha colocado al país en la crisis económica más grave en el último siglo y no se ve propuesta alguna para encontrar un camino transitable que ayude a disminuir el sacrificio de todos los mexicanos.
