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jueves, marzo 28, 2024

El “voluntarismo” tiene al país al borde de la recesión

Lo acepte o no el Presidente de la República, el contenido de la carta con la que hizo pública su renuncia el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dejó en evidencia las contradicciones, los intereses y los errores que se han cometido en la política económica en apenas siete meses de gobierno y que tienen  al país al borde de la recesión.

En su carta, cuyas razones amplía en la entrevista que concedió a la revista Proceso (No. 2228, 14/07/2019), Urzúa confirma lo que especialistas, organismos nacionales e internacionales, organizaciones empresariales y fuerzas políticas de oposición, habían venido advirtiendo: que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en materia económica, ha tomado decisiones de política pública “sin el suficiente sustento”.

“Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.

“Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, un hecho que fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, sentenció.

Dos consecuencias graves se han derivado de lo que señala Urzúa: una tiene que ver con la economía y la otra con los impactos de los drásticos recortes que se han aplicado a machetazos en todas las dependencias del Gobierno Federal, para generar ahorros que supuestamente se estarán destinando a los programas sociales.

Apenas el jueves pasado, los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) advirtieron que la actividad económica muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con una contracción en el primer trimestre y signos de debilidad en el segundo.

Uno de los miembros de la Junta de Banxico señaló que  “la poca claridad y previsibilidad en la dirección de diversas políticas públicas en sectores estratégicos, así como una política de gasto que ha favorecido la redistribución de recursos hacia las trasferencias sociales, a costa de inversión pública, constituyen factores que siguen minando la confianza de los inversionistas”. (Dineroenimagen, 12/07/2019)

Por otra parte, derivado de los drásticos recortes, con los que Urzúa, siendo el “Secretario de Hacienda”, dijo no estar de acuerdo, han sido afectados servicios públicos y rubros indispensables como la salud, la compra de medicamentos, la investigación, la ciencia, los programas de combate a incendios forestales, y muchos más; así como las Estancias Infantiles y los Refugios para Mujeres, entre otros; y se han despedido a miles de funcionarios de todos los niveles.

En el fondo, lo que evidencia la renuncia de Urzúa, es la disputa de cuál debe ser la ruta, no sólo en materia económica, sino de otras políticas públicas esenciales y estratégicas para el  Gobierno Federal.

Todo indica que se impuso la mano dura, la que encabeza Andres Manuel  desde la Presidencia, y la centralización que el Jefe del Ejecutivo quiere imponer en toda la administración pública.                  Es decir, el Presidente quiere manejar la política económica, la política social, dar consejos de moral a las y los mexicanos, sembrar arbolitos. Quiere imponer su voluntad adentro y afuera. “Voluntarismo”, le llama Urzúa. 

La cuestión es que es precisamente esta última visión la que no ha permitido avanzar en la solución de los problemas estructurales del país. 

No sólo es que la economía no crece, sino los altos índices de inseguridad, prácticas de corrupción, conflicto de interés -que Andrés Manuel dijo no habría en su gobierno-, y desmantelamiento de instituciones; mientras que los grandes proyectos ni siquiera han empezado y los programas sociales caminan a tropezones.

Le queda mucho trecho por recorrer a este gobierno, aunque el tiempo para  la curva de aprendizaje ya fue suficiente. Ojalá se escuche a los especialistas y  se corrijan los desaciertos, para no poner en riesgo las inversiones, los empleos y al país entero.      Se requieren cambios profundos en la política económica, en la social y de seguridad pública, en el combate a la corrupción pero sobre todo, en la construcción de un Estado Social y de Derecho.                                    

Pero los cambios deben realizarse respetando la constitución y las leyes, fortaleciendo las instituciones del Nuevo Estado Mexicano que debatiendo, acordando todos debemos participar en su diseño y construcción. El México actual necesita con urgencia un Nuevo Pacto Social capaz de hacer converger a la gran mayoría de las y los mexicanos en la lucha por un desarrollo incluyente con paz y justicia y contra el Pacto de Impunidad y Corrupción.

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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