En el marco de la reforma política-electoral, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que sustituye al Instituto Federal Electoral, y que será encabezado durante nueve años por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello.
La amplia votación con que fueron electos el presidente y los otros diez consejeros que ahora integran el máximo órgano de dirección del INE, refleja la responsabilidad, el esfuerzo y la disposición para sacar adelante este proceso, de la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Destaco aquí el interés y la preocupación por fortalecer la democracia de nuestro país, de todas y todos los ciudadanos que decidieron participar en la convocatoria.
Con el respaldo del Comité Técnico de Evaluación, que hizo la propuesta de las once quintetas a partir de las cuales se escogieron a los ahora consejeros, las y los diputados seleccionamos a los mejores calificados y a los de mayor experiencia, solidez y firmeza para cumplir con los mandatos constitucionales y legales en materia electoral.
EI objetivo del INE es homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y, así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.
La responsabilidad principal del Consejo General y del instituto será garantizar que las elecciones se apeguen a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos en el artículo 41 de la Constitución.
La única manera en la que el nuevo órgano electoral y los consejeros podrán ganar el prestigio, respeto y reconocimiento de la sociedad y de los actores políticos, será sobre la base de tomar decisiones apegadas a la Constitución y a las leyes que rigen su actuación y definen sus responsabilidades.
El Congreso de la Unión tiene pendientes la aprobación de las leyes secundarias de la reforma política-electoral, a fin de definir el marco jurídico que permita una actuación eficaz del INE. Cumpliremos en tiempo y forma con nuestra obligación de aprobarlas antes del 30 abril, cuanto concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
Como parte de esta responsabilidad, el Partido de la Revolución Democrática ya presentó cinco propuestas de ley: la de Instituciones y Procedimientos Electorales; una de Asociaciones Políticas; otra de Medios de Impugnación en Materia Electoral, una en Materia de Delitos Electorales y otra que busca regular la Propaganda Gubernamental.
Entre otros objetivos, la de Instituciones y Procedimientos Electorales plantea en qué casos el INE podrá atraer una elección local. La reforma político-electoral otorga facultades al nuevo instituto no sólo para organizar comicios federales, sino también en estados y municipios.
La iniciativa de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece los requisitos que deberá cubrir un candidato independiente a presidente, senador o diputado. Destacan entre ellos recabar firmas de apoyo de al menos el 2% de los electores, cerca de 1 millón 600,000; y formar un comité que administre sus recursos y entregue al INE los respectivos reportes financieros.
La propuesta de Asociaciones Políticas define las reglas internas básicas que deberán seguir los partidos políticos, como la renovación periódica de su dirigencia mínimo cada seis años.
La iniciativa de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, precisa el procedimiento para que partidos, candidatos o ciudadanos impugnen las resoluciones de los institutos electorales y los resultados de los comicios.
La propuesta perredista de Ley General en Materia de Delitos Electorales, enlista las conductas que podrían ser considerados delitos, como favorecer un candidato, condicionar el voto o impedir la instalación de casillas, entre otras acciones irregulares que se registran cotidianamente en los comicios federales y locales, que generan la inequidad en una elección y eventualmente determinan los resultados de la misma.
La Ley General de Propaganda Gubernamental marca los límites de los recursos públicos que los tres niveles de gobierno podrán destinar para promover sus actos en los medios de comunicación.
Las leyes secundarias en materia de reforma política-electoral le darán certeza jurídica a la actuación del INE y a las decisiones de los consejeros en la organización de las elecciones federales y en las determinaciones que asuman respecto a las elecciones locales.
A la XLII Legislatura de la Cámara de Diputados le ha tocado la gran responsabilidad de construir una nueva generación de instituciones electorales que con su actuación apegada a los principios constitucionales, garanticen elecciones equitativas y transparentes, que permitan fortalecer el desarrollo democrático de nuestro país.
La organización del proceso electoral federal de 2015 será un buen parámetro para evaluar el desempeño del INE y su Consejo General, porque la confianza se construye en los hechos. Los consejeros se acreditarán con la sociedad en su conjunto en la medida en que tomen decisiones adecuadas y certeras que los reivindiquen.
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