El Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en materia de outsourcing.
Con la diligencia con la que siempre atiende la agenda presidencial, la mayoría de Morena impulsó que el dictamen de la iniciativa se discuta este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados, sin dar tiempo ni espacio suficiente para su revisión, análisis, discusión y propuestas de modificación.
Si bien los cambios que propone la propuesta son necesarios para proteger los derechos laborales de los trabajadores, se sustenta en dos supuestos que, de no corregirse, no sólo la harían inviable, sino que al final tendría efectos más negativos que positivos.
Uno de estos supuestos es la visión persecutoria contra las empresas. La iniciativa plantea prohibir la subcontratación y propone procesar por delito de defraudación fiscal, no permitir que deduzcan impuestos e imponer multas a aquellas empresas que incumplan la ley; así como aplicar la prisión preventiva oficiosa y penas agravadas a los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados.
Si bien es cierto que muchas empresas utilizan el esquema de “tercerización” laboral para evadir impuestos, no hacerse cargo de los derechos de los trabajadores, y no pagar prestaciones, como aguinaldos y reparto de utilidades; también es cierto que una cantidad importante de empresas lo utilizan de manera correcta y además es un instrumento que les ayuda a su subsistencia, porque en muchos casos no cuentan con recursos para contratar personal especializado ni la tecnología necesaria para algunas actividades que les son indispensables.
El mercado de la subcontratación en México está integrado por 5 millones de trabajadores, es decir, 23% de los inscritos al Instituto Mexicano del Seguro (IMSS). Los micronegocios, que integran 94.9% de los establecimientos a nivel nacional, emplea a 9.5% del personal contratado a través del outsourcing, así como las pymes subcontratan a 44.7% de su personal.
En las grandes empresas el 45.8% del personal es subcontratado. Por otro lado, en el sector servicios, incluido el gobierno, 34.8% del personal es subcontratado, 30.5% en el comercio y 24.9% en las industrias. (Forbes, 19/11/2020).
El Congreso de la Unión aprobó diversas reformas Ley Federal del Trabajo en noviembre de 2012, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, a partir de una iniciativa enviada por Felipe Calderón, que entre otros cambios creo la figura del outsourcing o subcontratación. PRI, PAN y PVEM, votaron a favor.
En el marco de esta discusión, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa con la idea de regular de manera más eficiente la subcontratación, evitar omisiones y abusos por parte de las empresas y proteger los derechos de los trabajadores.
La iniciativa perredista planteó que los trabajadores que presten sus servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción del tiempo trabajado.
Que los patrones que utilicen en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón, son responsables solidarios en las obligaciones contraídas con aquellos.
Y que las responsabilidades patronales corresponden a quienes realmente reciban de manera ordinaria los servicios del trabajador, independientemente de quienes formalmente aparezcan como patrones o receptores de esos servicios. Estas propuestas no fueron consideradas.
De tal manera que, coincidiendo en que se debe terminar con las violaciones a los derechos de los trabajadores, es pertinente resaltar que no se deben cometer los mismos errores de 2012; es decir, no hay que caer en la imposición, en la descalificación y en la falta de diálogo y acuerdos. “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.
Si realmente se quiere terminar con los abusos en los que se ha caído en la subcontratación, se requiere instalar una mesa de diálogo para escuchar a todas las partes involucradas, particularmente el Gobierno, el sector empresarial, las dirigencias sindicales y a los trabajadores.
El diálogo, la regulación, la corresponsabilidad empresarial, el cumplimiento de la ley, el combate a la corrupción, que las dirigencias sindicales defiendan realmente los derechos de los trabajadores y el que las autoridades cumplan con su responsabilidad; deberían ser los ejes que prevalezcan en esta discusión.
Frente a los estragos provocados por las crisis sanitaria y económica, la quiebra de miles de empresas, particularmente pequeñas y medianas que son las que más utilizan la subcontratación, y la pérdida de millones de empleos; la eliminación de tajo del outsourcing, sólo vendría a afectar más las condiciones precarias de los trabajadores y a incrementar los niveles de desigualdad y pobreza.
