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viernes, marzo 29, 2024

Empoderar delincuentes, estrategia fallida

Las declaraciones de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que el gobierno mantiene un diálogo  con varios grupos armados y autodefensas que “están  hartos de la violencia y quieren dejar las armas para llegar a un acuerdo de paz”; evidenció que la actual administración federal “anda dando palos de ciego” y, lo que es peor, carece de una política pública en materia de seguridad.

Si bien las graves declaraciones de la funcionaria fueron desmentidas de inmediato por ella misma y por el propio presidente de la República; dispararon las alertas porque fueron emitidas por la titular de la dependencia responsable de la gobernabilidad y de la coordinación de seguridad en el país; y en un contexto en donde el crimen organizado se ha fortalecido, y la violencia, la inseguridad e impunidad han crecido a  niveles históricos.

Lo cierto es que, a pesar de los desmentidos, el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió previamente con José Manuel Mireles, líder y fundador del grupo de autodefensa de Tepalcatepec, y actual subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán, para colocar la primera piedra del parque industrial en el Chau, Tenencia de la Huacana; ignorando a la autoridades de la entidad.

Además de preguntarse qué hace un Subsecretario de Gobernación asumiendo decisiones que le corresponden a las dependencias de los sectores económico, social o del trabajo; el acto deja en claro la simulación del gobierno que pasa por encima de la ley con tal de respaldar las ambiciones políticas de un personaje como Mireles, sin importar que estas acciones vulneren la estabilidad y sirvan de caldo de cultivo para el resurgimiento de la inseguridad y la violencia en Tierra Caliente y en la entidad. 

Es decir, en los hechos, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, está empoderando delincuentes, a gente que incluso armó Enrique Peña Nieto. No se entienden las razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador reivindica una decisión ilegal de su antecesor, que no resolvió la inseguridad en la entidad y sólo incremento la confrontación y la violencia entre los diversos grupos del crimen organizado en Michoacán.

El Estado está para poner orden y vigilar que todo mundo actúe en el marco de la ley, no para apoyar a quienes no dejan de ser parte de una situación ilegal, irregular e inconstitucional. Estos grupos, lo reconozcan o no, han tenido vínculos con el crimen organizado.

La administración federal está obligada, en todo caso, a explicar exactamente qué quiere y cómo quiere pacificar en serio al país, porque lo otro son posiciones totalmente oportunistas.

Tiene que informar con quién está platicando, con qué fines y en beneficio de quién. Porque si no se transparenta este asunto, se presta a pensar que el gobierno de López Obrador está recurriendo a la vieja práctica de los gobiernos priistas de construir acuerdos con grupos de la delincuencia en beneficio mutuo.

Y ya conocemos el costo de estas decisiones. La narco política se convirtió en una práctica común, el crimen organizado se apoderó de amplios territorios del país y de un porcentaje importante del presupuesto público.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno se corrompieron, las policías se pusieron al servicio de la delincuencia; hay miles de desaparecidos, la violencia alcanzó niveles atroces, la extorsión, el robo de combustible, la trata de mujeres y los feminicidios, aumentaron; decenas de periodistas han sido asesinados, los jóvenes se convirtieron en carne de cañón del crimen organizado; y, lo más grave, las y los mexicanos perdieron la paz y la tranquilidad en sus vidas.

 

Esto no se resolverá retomando estrategias fallidas, sino poniendo en marcha una política pública para combatir la inseguridad y la violencia, involucrando a los tres niveles de gobierno y construyendo acuerdos con  los empresarios, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Se trata de armar un gran acuerdo para serenar y pacificar al país entero.

 

Pues según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito que más aumentó en julio, comparado con junio, fue el secuestro y vamos a llegar al primer informe de gobierno con la cifra más alta de homicidios dolosos en comparación con gobiernos anteriores. 

 

Esa es la realidad qué hay que atender y enfrentar. Esos son los datos duros. No hay margen para experimentos y menos aún, para utilizar la política de seguridad pública para hacer grilla y politiquería.

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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