Frente a las voces que claman por continuar con el proceso de desmantelamiento de las instituciones del Estado que comenzó con la implementación del modelo económico neoliberal en el sexenio de Miguel de la Madrid, y que ha profundizado la desigualdad y la inequidad en el país; hay que emprender una férrea defensa de lo público.
Ciertas instituciones esenciales enfrentan actualmente un proceso deliberado de desaparición de algunas áreas relevantes, reducción de presupuesto, despilfarro, corrupción, escasez de personal e infraestructura y desorganización; entre otros aspectos que las demeritan y las exponen a campañas de descrédito de parte de algunos actores del sector privado que tienen interés en hacer negocio con los servicios que hasta ahora son públicos, mientras que el gobierno asume una actitud complaciente y cómplice.
A manera de ejemplo, están los casos de la educación, vivienda, salud y seguridad social, sólo para citar aquellas áreas públicas que por su dimensión, cobertura y relevancia; otorgan servicios fundamentales para el bienestar de los mexicanos.
En el ámbito educativo, en una década la inversión privada creció 35 por ciento, pasó de 163 mil 815 millones de pesos en 2003, a 221 mil 688 millones de pesos al cierre de 2013 (El Financiero, 15/05/2014).
De 1994 al 2013 la matrícula de las escuelas públicas aumentó sólo un 118 por ciento, en tanto que en las escuelas particulares se incrementó en un 230 por ciento (Comunicad UG, Universidad de Guanajuato, 26/11/2013).
Entre los muchos factores que han estimulado el crecimiento de la educación privada en el país están las condiciones de deterioro, escasez, falta de infraestructura, ausencia de servicios básicos y descuido en que se encuentra un porcentaje importante de las escuelas de educación básica del país, como lo registró el Censo definitivo de las escuelas, alumnos y profesores de 2014.
Otras de las causas que han provocado el deterioro de la educación pública es el uso patrimonialista de los recursos destinado al rubro educativo, porque históricamente la estructura administrativa se ha utilizado para controlar a los maestros y a las escuelas, en lugar de apoyar su trabajo.
De ahí la importancia de construir un nuevo acuerdo entre los diferentes órdenes de gobierno que coloque en el centro la calidad de la educación porque la centralización de recursos que hasta ahora persiste en manos de la federación no permite una mejor prestación del servicio educativo por parte de los estados y municipios, particularmente en las entidades del sur que reciben menos participaciones y enfrentan los más altos grados de marginación.
Estas mismas prácticas clientelares se utilizan en el IMSS e ISSSTE, en los préstamos por ejemplo o en la asignación de los puestos, como las delegaciones de estas dependencias en las entidades; que se distribuyen a partir de intereses de los dirigentes sindicales o del partido en el gobierno y se utilizan con fines políticos y no en beneficio de los trabajadores y de los derechohabientes.
Como en educación, circunstancias similares enfrentan las instituciones de salud, seguridad social y vivienda, en donde en lo general persiste la opacidad en el manejo de sus recursos y en las que, mediante la subrogación y el esquema de inversión público-privada, se están entregando algunas áreas y servicios que dependencias como el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT y FOVISSSTE están obligadas a prestar
Servicios tales como la diálisis, la atención de algunas enfermedades crónico-degenerativas, la construcción de clínicas y hospitales, entre otros, están siendo otorgados a la iniciativa privada; lo que representa jugosos negocios para las empresas beneficiadas y no necesariamente ha mejorado la calidad en la atención y cubierto satisfactoriamente las necesidades de los derechohabientes.
En el sector salud, el principal problema en este momento es la pretensión de impulsar reformas legales para que los trabajadores que tienen mejores salarios y cotizan al IMSS o al ISSSTE; puedan migrar con el conjunto de las cuotas que aportan ellos y sus patrones o las del gobierno federal, al sector privado. Si bien en este momento no hay ninguna iniciativa de ley, poco a poco se ha ido caminando en esta dirección.
En sus respectivos informes entregados a la Cámara de Diputados, ambos Instituto alertan de la crisis económica por la que atraviesan. El IMSS advierte que en 2017 tendrá gastos superiores a sus ingresos y habrá agotado sus reservas, tendiendo un faltante de 21 mil 152 millones de pesos, que en adelante seguirá creciendo.
En el caso del ISSSTE, el seguro de salud registró en 2014 un déficit de 9 mil 410 millones de pesos, recibiendo una transferencia del gobierno federal por 7 mil 440 millones de pesos, mientras que el fondo de prestaciones sociales y culturales tuvo un resultado deficitario de 1 mil 919 millones de pesos, compensado por transferencias del gobierno federal por 1 mil 564 millones de pesos.
Según el informe, el déficit obedece principalmente a las pérdidas registradas por el sistema de tiendas y farmacias. Los costos y gastos del Superissste son superiores a sus ingresos, por lo que se transfieren recursos para el pago de la nómina hasta por 1 mil 485 millones de pesos; aun así tuvo en 2014 un remanente de operación negativo por 355 millones de pesos.
Sin el embargo, las autoridades del ISSSTE se resisten a informar con precisión acerca del monto de recursos que le está entregando el gobierno federal y a cuánto asciende la deuda por concepto de aportaciones que tienen con el Instituto algunas entidades, estados, municipios y universidades, entre otros; y qué es lo que se está haciendo para recuperar estos recursos.
Respecto al Superissste, deliberadamente nunca se hizo un esfuerzo por modernizar las tiendas, la autoridad junto con el sindicato dejaron hacer y dejaron pasar y fueron omisos en el combate a la corrupción, el robo hormiga y las deficiencias en la administración.
Debido a la escasez de mercancías, las deficiencias del servicio, la mala atención y la falta de competitividad; el Superissste prácticamente está fuera del mercado y de hecho, la junta directiva del Instituto ya determinó cerrar 35 tiendas, como una medida para empezar a revertir la problemática financiera que afecta a la red integrada por 341 establecimientos, la cual reporta pérdidas anuales por alrededor de mil 200 millones de pesos (La Jornada, 19/09/2013).
Con una mejor inversión, planeación y administración, mayor autonomía y erradicación de la corrupción, deficiencias, ineficiencia y vicios, las tiendas y farmacias del ISSSTE perfectamente podrían obtener ganancias, ser autofinanciable y competir con cualquiera de los almacenes de las grandes cadenas comerciales.
En este y otros casos aplica el viejo adagio de «tirar el niño con el agua sucia», es decir, que con el pretexto de terminar con las pérdidas que implican, se busca desaparecer las tiendas y farmacias; sin considerar la importancia que en algún momento tuvieron y que, con medidas elementales, estas podrían sostenerse, cubrir sus gastos y pagar a cientos de trabajadores que ahora están en riesgo de perder su empleo, y estarían en condiciones de ofrecer al público mercancías de calidad a un precio accesible .
En mismas circunstancias se colocó a instituciones tales como el Instituto Nacional del Café (IMECAFE), Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX), la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), Teléfonos de México y Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX); entre otras tantas empresas públicas que fueron liquidadas o entregadas a la iniciativa privada con el argumento de fortalecer la competencia y mejorar la calidad de los servicios.
Sin embargo, en los hechos, esta decisión no necesariamente permitió una mayor competencia, mejoró los servicios ni redujo los precios; pero sí fomentó la corrupción, el enriquecimiento desmesurado de algunos cuantos, ahondó la desigualdad y la pobreza, debilitó al Estado y la soberanía nacional.
Los riesgos del deterioro y debilitamiento del sector público es que se violentan los derechos establecidos en la Constitución y el pacto social, se genera mayor incertidumbre y evidentemente se complica el futuro de las y los mexicanos.
Revertir este proceso de desmantelamiento de las instituciones y evitar la privatización de los servicios públicos es uno de los grandes retos que tendrá que asumir la LXIII Legislatura.
Eso es clave para poder mejorar condiciones de vida, educación, salud, vivienda y trabajo de los ciudadanos; de otra manera, si permitimos que continúe el deterioro de lo público, se seguirá atentando contra el mandato constitucional, la paz y la estabilidad política y social de nuestro país.
