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jueves, marzo 28, 2024

En salud: reforma para cambiar “fachada”

La Cámara de Diputados aprobó la reforma en salud impulsada por Morena y  apoyada por el presidente de la República que, en esencia, tiene como objetivo principal crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), otorgar servicios gratuitos a la población más desprotegida y sustituir al  Seguro Popular que, según ellos, “ni es seguro ni es popular”.

Si bien las intenciones de estos cambios pueden ser loables, tienen varios problemas estructurales. Uno de ellos es que la reforma se monta en lo que es el Seguro popular que tanto cuestionan. Otro, que no es universal, está enfocada a dar servicios de salud a la población más desprotegida. Y, además, carece del presupuesto necesario para poder alcanzar los objetivos planteados.

Tampoco quedan claros los tiempos ni para cuándo la regularización de las plazas de enfermeras y doctores eventuales; ni cómo se resolverán, con las nuevas tecnologías, las bases reales de la coordinación, comunicación, intercambio y apoyo entre todas las instituciones de salud. Y, finalmente, se pretende centralizar la administración de los servicios e incluso su operación.

El Insabi  tendrá la responsabilidad de proveer y garantizar la prestación de servicios de salud, medicamentos e insumos a personas que no cuenten con seguridad social. 

En coordinación con la Secretaría de Salud promoverá acciones para lograr una mejor articulación entre las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Los beneficiarios no pagarán ninguna cuota de recuperación o cualquier otro costo por los servicios que reciban.

La reforma crea el Fondo de Salud para el Bienestar que destinará recursos para la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos; infraestructura y abasto de medicamentos e insumos. Además de acceso a exámenes clínicos para personas sin seguridad social.

Dichos recursos se incrementarán progresivamente de acuerdo con el aumento de la cobertura de atención y las necesidades de salud de la población. En el caso de las entidades federativas, éstas efectuarán aportaciones con recursos propios sobre la base del número de derechohabientes atendidos, así como de los servicios prestados y medicamentos dispensados a los mismos.

La Secretaría de Salud canalizará anualmente el 11 por ciento de la asignación presupuestaria para la prestación de los servicios gratuitos.

Los objetivos de esta reforma no son nuevos. En varias de estas acciones ya se había venido caminando con la creación del Seguro Popular y una mejor coordinación con las entidades federativas. 

Sin embargo, el origen de la misma, es la profunda desconfianza de Andrés Manuel en las instituciones y acciones de gobiernos anteriores. De hecho, como parte de sus argumentos previos para impulsar estas modificaciones, el presidente había afirmado que el derecho a la salud es “letra muerta”.

Es cierto que el sector salud tiene problemas graves y en consecuencia muchas deficiencias y carencias qué hay que resolver; pero negar el esfuerzo de miles de médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud, del IMSS, ISSSTE e ISSFAM; es un error.

La afirmación del presidente es, entonces, una falsedad, porque las instituciones de salud del país han sido fundamentales para garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos establecido en el artículo 4° constitucional. Por eso afirmamos que con la reforma al sistema de salud, lo que se modifica es la “fachada”.

Hay, es cierto, millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud, pero ello está relacionada con múltiples factores, como la falta de crecimiento económico y el desempleo.  A éstas estaba dirigido el Seguro Popular, que en muchos estados funciona bien, como el caso de Guanajuato y Michoacán.

Sin embargo, hay un problema de fondo que, de no resolverse, hará que los objetivos de esta reforma sean una quimera. Y es que el Proyecto de Presupuesto de 2020 no considera recursos suficientes para el sector salud. Se necesita  destinar 6% del PIB y hoy apenas nos acercamos al 3%.

El Ejecutivo Federal argumenta que para el próximo año habrá 40 mil millones de pesos más para salud, con lo que presume apuntalará la reforma. Sin embargo, estos gastos no son adicionales. Son parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, contemplado en el Sistema de Protección Social en Salud, del Seguro Popular, cuyos recursos humanos, financieros y materiales; pasarán ahora al Insabi.

Es decir, la discusión de fondo, como ha sucedido con las reformas en materia de educación, laboral, seguridad pública –con la creación de la Guardia Nacional-, es que en tanto no se destine el presupuesto necesario, no se podrá garantizar el acceso pleno a estos derechos. 

Y esto tiene que pasar por una reforma fiscal que garantice una mayor recaudación y una distribución más equitativa de los recursos públicos, a partir de un principio de justicia: que todos paguen, pero que pague más el que más tiene. 

Mientras que esto no suceda, no se podrá combatir la desigualdad que persiste en el país, ni garantizar el cumplimiento de los derechos más esenciales como  es la educación, la seguridad, el trabajo, la seguridad social, y la salud. 

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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