La Secretaría de Educación Pública inició la aplicación de los Exámenes de Evaluación, Ingreso, Promoción y Permanencia en el Servicio Profesional Docente; en medio de un clima enrarecido alimentado, entre otros factores, por la actitud errática y de confrontación asumida por el titular de la dependencia, Emilio Chuayffet; que un día, sin el menor recato, anuncia la cancelación de la evaluación y otro asegura que ésta se llevará a cabo “llueva, truene o relampaguee”.
Desde marzo pasado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), definió el calendario de los procesos de evaluación previstos para este año, que le corresponde aplicar a la SEP.
Para tal efecto, esta dependencia publicó las convocatorias respectivas e informó del inicio de las acciones para que dichos procesos se llevaran a cabo sin contratiempo.
Pese a ello, como es de conocimiento público, en un escueto comunicado, el 29 de mayo, la SEP anunció que las evaluaciones para los maestros de educación básica y media superior se suspendían “indefinidamente”.
Pasadas las elecciones, el 8 de junio, en un confuso mensaje, el Secretario de Educación dijo que la evaluación se llevaría a cabo en las fechas establecidas y que ésta se había pospuesto para no afectar el proceso electoral y porque algunos gobiernos estatales aún no tenían lista la infraestructura necesaria.
De tal manera que, como parte de las acciones fijadas en el calendario, este fin de semana se implementará el examen de evaluación para Promoción a Cargos con Funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica.
Sin embargo, de nueva cuenta, ante la movilización de un sector del magisterio que se opone a la reforma, la propia SEP informó que el examen tuvo que ser suspendido en Oaxaca y Michoacán, al no haber condiciones para que se llevara cabo.
Este hecho es parte del clima de confrontación, descalificación y ambigüedad creado por el responsable de la SEP, que todavía no alcanza a entender que la reforma constitucional y la legislación secundaria aprobada por el Congreso de la Unión planteó la evaluación como un proceso de diagnóstico de todos los componentes del sistema educativo a partir del cual se deberían atender las fallas detectadas; incluidas, por supuesto, las de los docentes como parte de este conjunto, respetando sus derechos laborales.
Asimismo, que la evaluación no tiene carácter punitivo y que para que esta alcance sus objetivos es prioritario ponerla en marcha junto con todas las medidas y acciones contempladas en la reforma.
Por eso no ayudan las declaraciones del Secretario de Educación Pública, quien afirmó que “llueve a truene o relampaguee” se aplicará la evaluación; como tampoco abona a un clima de diálogo decir que “quien se opone a la reforma ofende al Presidente”.
La gran mayoría de los docentes no se oponen a la evaluación, ni nadie ha planteado que no se haga valer la ley, el problema es que las amenazas no ayudan a crear un ambiente idóneo para aplicar la evaluación y que mientras no se instrumenten otros aspectos considerados en la reforma, de poco servirá este diagnóstico.
Hasta este momento la SEP no ha presentado un informe de cómo va la revisión del modelo educativo. Anunció con bombo y plantillo la organización de foros en varias regiones del país para su discusión, pero no ha dicho cuál fue el diagnóstico y qué acciones se emprenderán para corregir lo que haya que corregir.
Tampoco ha puesto en marcha el sistema de actualización y formación docente a través del cual se tendrían que diseñar los procesos de capacitación docente a partir de los resultados de la evaluación. Carece de sentido evaluar a los maestros sin tener los instrumentos para atender sus deficiencias o potencializar sus fortalezas.
Desde marzo del 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados del censo educativo, previsto en la reforma, en el que informó que en todo el territorio nacional hay escuelas con carencias elementales de personal, infraestructura y servicios básicos.
Se detectaron serias deficiencias en la construcción de muchos centros escolares, que más que escuelas son chozas, en las que los alumnos toman sus clases.
Los casos más drásticos se ubican en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pues hay más de 250 escuelas públicas; le siguen el Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla y Nayarit.
De acuerdo con el censo, en Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Durango y Michoacán se concentra 41.6% de las escuelas que aún tienen piso de tierra.
Hasta la fecha la SEP no ha informado cuáles son las acciones que se implementarán para atender estas deficiencias y qué políticas públicas se llevarán a cabo para combatir las condiciones de pobreza y marginación de los estados del sur, cuyas comunidades albergan las escuelas con el mayor número de necesidades.
Tampoco ha dicho cuáles medidas se llevarán cabo para atender las recomendaciones que hizo el INEE en su informe “Los Docentes en México”; el cual, entre otros aspectos, señala que de las 480 escuelas normales que operan en México, apenas 26 cubren los requisitos para ofrecer un programa de enseñanza de calidad a los futuros maestros del país.
Frente a este escenario y ante las obsesiones de quienes se empeñan en descalificar y estigmatizar a la escuela pública y a los docentes, es necesario insistir que la evaluación es un instrumento valioso pero no suficiente para mejorar la calidad de la educación.
Y en este sentido, vale la pena reiterar que no será posible transformar el Sistema Educativo Nacional en tanto no se corrijan los problemas estructurales del mismo, las fallas de la política educativa y no se atiendan las debilidades y las múltiples necesidades y desigualdades detectadas.
