En el marco del Día Nacional de la Erradicación del Feminicidio y la Desaparición de Mujeres, que se conmemora el 6 de noviembre en México con motivo de la violencia contra las mujeres,lamentablemente las evidencias indican que más que avanzar en la lucha contra la violencia de género, y en la construcción de una mayor equidad en favor de las mujeres, estamos retrocediendo gravemente.
De acuerdo con el informe “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala”, elaborado por la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel, entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes.
Ante la indiferencia social e institucional, la violencia contra las mujeres crece sin control, al grado de que actualmente sólo el 10% de municipios del país con más de cien mil habitantes, no registran homicidios de mujeres.
Es una barbarie ignorada, como afirma Graciela Atencio, editora de Feminicidio.net; quien cita el informeFeminicidios: un problema global, que registra que 66.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo, y en el que se destaca que en 2012 en México tuvieron lugar 120 mil violaciones, es decir, se registró una violación cada 4 minutos.
La violencia contra las mujeres y los feminicidios forman parte del cúmulo de violaciones a los derechos humanos que tienen lugar permanentemente en nuestro país, ante la indolencia y la incapacidad del Estado para frenarlas.
El 23 de octubre pasado, México presentó el segundo Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos (CoDH) de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra. El EPU es un mecanismo de la ONU con el objetivo de revisar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los derechos humanos de cada Estado.
Entre 180 recomendaciones, este organismo internacional solicitó a México tomar medidas urgentes en relación al feminicidio, desigualdad, violencia de género y discriminación de la mujer, especialmente de las indígenas.
A esta sesión acudió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores quien, en representación del gobierno mexicano, se comprometió a atender estas recomendaciones.
Todos debemos estar atentos a que el gobierno federal realmente cumpla con estos compromisos, porque ante observaciones similares en 2009, la pasada administración no cumplió. De hecho, durante el sexenio de Felipe Calderón se registraron 4 mil 112 feminicidios en 13 estados de la República Mexicana, según cifras del Observatorio Ciudadano Nacional de los Feminicidios.
Guanajuato forma parte de las entidades del país en donde la violencia contra las mujeres y los feminicidios se incrementan, frente a la incapacidad manifiesta del gobierno estatal, y de algunos municipales, para frenarlos.
El estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, publicado en 2012 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), es claro en el diagnóstico de las causas de la violencia contra las mujeres en la entidad, mismas que no han sido atendidas por el gobierno del estado.
Destaco algunas que me parecen muy importantes y que es responsabilidad del gobierno resolver mediante la educación, la capacitación permanente de los funcionarios, el impulso de políticas públicas y la creación de mejores oportunidades para las mujeres:
Las instituciones educativas y de justicia, así como las dependencias del Ejecutivo, se mostraron reacias a reconocer el fenómeno de la violencia en sus organizaciones, no se contabilizaron los casos de violencia docente, hostigamiento laboral y acoso sexual, ni las denuncias por violencia institucional, como la negación de servicios médicos, jurídico o sociales.
Es claro que el principal obstáculo para frenar la violencia contra las mujeres y los feminicidios es la resistencia del gobierno a reconocer el problema. Un botón de muestra son las declaraciones del Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, quien en un intento de justificar esta violencia, afirmó que “las actividades de las mujeres han cambiado últimamente: ya no solamente se dedican a su hogar, a su trabajo o familia; vemos mujeres con nexos con la delincuencia organizada, mujeres que se dedican a otro tipo de actividades delincuenciales…”.
No es una actitud distinta a la que han asumido otros gobiernos estatales, de hecho, el estudio de la Conavim, señala que “desde la óptica institucional existe una tendencia asociar algunos feminicidios con el crimen organizado, la delincuencia común e incluso con la prostitución…el mensaje parece ser que sí morían muchas mujeres, era porque buscaban ese riesgo.
Por eso es importante insistir en la necesidad de que el gobierno estatal active la alerta de género quepermitiría establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; promover las medidas preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida y elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; además de asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente al problema.
Con esta decisión se podría dimensionar en forma precisa la violencia contra las mujeres en la entidad, y combatirla eficazmente con acciones concretas, mediante el trabajo conjunto de la federación, el gobierno estatal, los municipios, y las organizaciones ciudadanas.
Al activar la alerta de género, el gobierno estaría enviando el mensaje de que realmente está preocupado por atender este lamentable problema y que lo quiere resolver desde una perspectiva integral, con el pleno respaldo de la sociedad.
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