La filtración de los supuestos borradores de los proyectos de iniciativas en materia de justicia penal presentados por el Consejero Jurídico de la Presidencia, la Secretaria de Gobernación y el Fiscal General de la República (FGR) en el Senado de la República, que finalmente fueron negados y pospuestos ante los reclamos; expresan desesperación al pretender remodelar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con reformas que implicarían violaciones a los derechos humanos; a la presunción de inocencia y al debido proceso.
El problema de inseguridad es muy grave, razones sobran para que el gobierno actual esté preocupado y trate de encontrar soluciones rápidas, efectistas aun cuando sean coyunturales y cortoplacistas; que rayan en el autoritarismo al pretender revivir el arraigo, la tortura para la obtención de confesiones y pruebas; pues el debido proceso exige profesionalismo, respeto a la Constitución, más infraestructura y equipo, y más recursos, humanos, tecnológicos y económicos.
Propuestas como las contenidas en los borradores de iniciativas implicarían un retroceso frente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se aplica ahora, el cual surgió con la reforma penal de 2008 y que, entre otros aspectos, se basa en la presunción de inocencia y respeto a los derechos humanos lo que implica fortalecer la investigación de los delitos para poder sustentar las acusaciones, sin admitir pruebas obtenidas por medios ilícitos y poder así, realizar con apego a la ley las detenciones,
La persona a la que se le señala o acusa de tener participación en la comisión de un delito es un sujeto de derechos, a quien se le tiene que escuchar para resolver lo que corresponda conforme a lo establecido en la ley. No existe la confesión del imputado. La prisión preventiva, como medida cautelar, es la excepción y se impone de oficio solo en ciertos delitos.
Existen medios alternos de solución de controversias y diversos tipos de Jueces, que se encargan de las diferentes etapas del procedimiento. Esto a fin de evitar un prejuzgamiento. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, julio de 2016)
Todos esos avances logrados luego de años de abusos, confesiones obtenidas mediante tortura, violaciones flagrantes a los derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia, saturación de cárceles, corrupción e impunidad; estarían en riesgo si los borradores que conocemos expresan la intención y el contenido de la reforma que se pretende impulsar.
De acuerdo dichos borradores que fueron conocidos públicamente en el marco de su presentación en el Senado de la República, se pretende crear un súper Ministerio Público (MP) que podrá actuar sin vigilancia judicial.
Plantean que el MP pueda realizar cateos, intervención de comunicaciones telefónicas, decretar arraigos y otros actos de molestia, sin supervisión del Poder Judicial.
Amplían los casos excepcionales en materia de arraigo, prisión preventiva oficiosa, intervención de comunicaciones privadas en materia fiscal y electoral, detenciones en flagrancia, retención ministerial, determinación de medidas cautelares, cateos y otras medidas que restringen los derechos humanos.
Estas presuntas reformas desmantelarían en los hechos el Sistema Penal Acusatorio, sin antes hacer una evaluación de sus resultados y sin considerar que si este no ha funcionado ha sido por la falta de recursos, por la ausencia de capacitación al personal administrativo, policías, jueces y Ministerios Públicos; y de un interés genuino por echarlo andar.
Es cierto que se requiere revisar y reformar el sistema de justicia en nuestro país, pero eso tiene que ser parte de una estrategia integral que involucre al Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, a la Guardia Nacional y protocolos para el debido proceso.
La gente reclama mejores resultados en seguridad, que se termine con la impunidad para lo cual hay que abatir el rezago en los ministerios públicos y que el Poder Judicial funcione mejor, de forma más expedita y oportuna; pero ello no puede ser pasando por encima de la Constitución de la República y de los derechos humanos.
La primera valoración que tiene que hacer el Ejecutivo Federal es reconocer que lo que hasta ahora se ha hecho no ha dado los resultados que se necesitan y que los responsables de las dependencias de seguridad, procuración e impartición de justicia, han fallado. En buen juez, por su casa empieza.
Las reformas no tienen que ser producto de la desesperación o molestia -como lo refleja la FGR con la presentación de los borradores de las iniciativas-, por la falta de resultados; sino de la revisión de la política pública de seguridad, que pasa además por la construcción de acuerdos con los gobiernos de los estados, con los municipios y con todas las organizaciones que quieran contribuir a lograr la paz con justicia y dignidad.
