En el debate actual por construir una nueva política pública en materia de educación se hace necesario construir el más amplio consenso, de no ser así, lo más probable es que suceda lo mismo que con la reforma del 2012: resistencia, desconfianza e incertidumbre.
Si no se hace este esfuerzo, lamentablemente se perdería la oportunidad de transformar nuestro Sistema Educativo Nacional para ponerlo en condiciones de preparar a las nuevas generaciones de maestros y alumnos, de cara a los retos del milenio, a la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible.
El Ejecutivo Federal declaró que si el Congreso de la Unión y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “se tardan en llegar a un acuerdo para derogar la reforma educativa emitirá un decreto para su abrogación.”
Recordó que desde diciembre pasado su gobierno presentó una iniciativa para derogar la reforma educativa de Peña Nieto.
El Presidente de la República se equivoca al pretender anular todo un proceso de consulta, de parlamento abierto y presentación de otras iniciativas para reformar los artículos 3o, 31 y 73 de la Constitución General de la República. Así como el dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, que es expresión de opiniones y puntos de vista distintos y además, diversos.
Esta propuesta legislativa elimina la evaluación punitiva. De aprobarse tal cual por el Congreso de la Unión ya no habría evaluación que ponga en riesgo la estabilidad laboral y la permanencia en el empleo, y se derogaría la ley del Servicio Profesional Docente.
Se mandata a las autoridades instrumentar una política pública que revalorice el papel social del maestro y reivindique a la escuela pública, empezando por rescatar las Escuelas Normales rurales, urbanas, de preescolar, primaria, educación especial y de especialidades.
El dictamen es producto de un esfuerzo amplio y plural. La iniciativa presidencial se integró, es cierto, pero el contenido es parte del consenso, de los resultados de las audiencias y de un gran trabajo de las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales.
Y hay que decir con toda claridad que si el proceso legislativo está detenido es porque tanto Andrés Manuel, como la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no han sido capaces de procesar acuerdos con la fracción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se opone a la reforma.
El Congreso, en el marco de sus facultades, ya hizo su tarea. Y no se debe permitir ningún retroceso, ni en algunos de los avances alcanzados en la reforma educativa de 2012, ni en lo que se plantea en la propuesta avalada en comisiones de la Cámara de Diputados.
Lo que pretende el Presidente de la República, derogar por decreto la reforma de 2012, es exactamente lo que propone la facción de la CNTE en este momento. Eso implicaría regresarle privilegios económicos y políticos a quienes viven de la corrupción, que no a los maestros.
Y volver, entre otros vicios, a la venta de plazas, a la entrega de recursos de manera indiscriminada a los sindicatos, y a los miles de comisionados que cobraban sin estar frente a grupo. Eliminaría cualquier posibilidad de evaluación diagnóstica y violaría el derecho de los docentes de aspirar a un mejor salario y a un cargo de dirección.
Lo que pretende el Ejecutivo Federal sería tanto como dimitir de la responsabilidad constitucional del Estado de ejercer la rectoría en la educación.
Pero además, significaría vulnerar el trabajo del Congreso de la Unión que aprobó la reforma de 2012 y convocó a la sociedad, especialistas, académicos e hizo un esfuerzo de consenso para elaborar el dictamen que plantea derogarla y crear un nuevo marco jurídico en materia educativa.
No hay manera que esto suceda, si se quiere preservar la Constitución de la República y las bases de la democracia. El Presidente tiene la facultad de enviar decretos, pero el único facultado para derogar una ley o decreto es el Congreso de la Unión, le guste o no a Andrés Manuel.
La advertencia presidencial conlleva una amenaza que no podemos permitir. Gobernar por decreto es propio de regímenes autoritarios.
