Tanto el Gobierno Federal como varios estatales, Guanajuato, por ejemplo; están siendo rebasados por movimientos de la sociedad civil -particularmente los encabezados por mujeres y jóvenes-, porque están anquilosados y plantean políticas públicas con viejas visiones ante exigencias y nuevos fenómenos políticos y sociales.
Más allá de la participación electoral y del sistema de partidos, ante la diversidad de problemas que los sucesivos gobiernos no han sido capaces de resolver, las organizaciones de la sociedad civil están impulsando las movilizaciones para que se atiendan las demandas y los problemas que más lastiman a la sociedad. Tal es el caso de las protestas contra la inseguridad, los feminicidios y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Si bien las protestas recientes en México han tomado como ejemplo el performance de “Las Tesis”, un colectivo feminista de Chile en su lucha contra el gobierno represor de Sebastián Piñera, integrado por burócratas neoliberales insensibles ante la desigualdad y pauperización de las clases medias, obreros, trabajadores y jóvenes con un futuro de lo más incierto; lo real es que en México las movilizaciones de colectivos feministas y otras organizaciones de la sociedad civil, estudiantiles y de jóvenes; se han venido incubando desde hace varios años por la incapacidad de los distintos gobiernos para frenar la inseguridad, el acoso y la violencia contra las mujeres.
Lamentablemente, en nuestro país son asesinadas 10 mujeres cada día y ni los anteriores gobiernos, ni el actual en el ámbito federal han sido capaces de responder con oportunidad y sensibilidad a las exigencias de la sociedad de instrumentar políticas públicas eficaces que pongan un alto a los feminicidios. Sucede los mismo con el incremento de la violencia, los homicidios, desaparecidos e índices delictivos.
Esta parálisis se observa también en los gobiernos estatales y en los sistemas de justicia nacional y locales.
En el caso de Guanajuato, las protestas de los estudiantes de la Universidad se originaron por el asesinato de su compañera Ana Daniela Vega González. El primer informe policiaco fue que se trató de un suicidio. La superficialidad, frivolidad y burla de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que preside Carlos Zamarripa; fue lo que detonó la indignación y la movilización de la comunidad universitaria, exigiendo que la muerte de su compañera se investigara a fondo y como un caso de feminicidio.
La forma torpe como fue manejado el caso de Daniela, la reacción tardía de las autoridades, tanto de la Universidad como del gobierno, provocó que la protesta estudiantil escalara no sólo para demandar mayor seguridad en todo el estado y los distintos campus, sino que cesara el acoso sexual contra las estudiantes en la propia comunidad universitaria.
Para tal efecto emplazaron al diálogo al Rector, Luis Felipe Guerrero Agripino; al Gobernador Diego Sinhue; al Fiscal General Carlos Zamarripa; y al Presidente Municipal, Alejandro Navarro. Ante la presión estudiantil, las autoridades mencionadas – incluido el Gobernador que fue representado por el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala-; aceptaron el pliego petitorio presentado.
Las primeras acciones ya se concretaron con la detención del presunto homicida de Daniela; y la renuncia del Profesor Julio César Kala, acusado de agresión sexual a una excolaboradora y de Lourdes Gazol encargada de la UGenero de la UG. De igual manera, tanto el Rector como el Gobernador ya ofrecieron una disculpa pública; lo cual representa un punto de partida para responder a las exigencias.
Sin embargo, la lista de demandas es amplia y más vale que las autoridades cumplan con sus promesas de atenderlas, porque ya prendió la indignación estudiantil y ciudadana y no parará.
El problema de fondo es que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos de los estados no han sabido descifrar las movilizaciones y las protestas que se han desatado a lo largo y ancho del país.
No saben cómo reaccionar frente a movimientos con imaginación, de diversos sectores de la población hartos de promesas, que no ven seguridad, que no pueden salir a disfrutar, cantar, bailar, al cine y hacer uso del espacio público. En suma a ejercer sus libertades y derechos por el temor a ser víctimas de la delincuencia por acoso, violencia contra mujeres y jóvenes o peor aún, sumarse a los casos de secuestrados, desaparecidos o asesinados.
Pero la gente ya está harta de todo esto. Si los gobiernos no entienden, no son sensibles a estas demandas y a las movilizaciones y protestas para expresarlas, serán rebasados y se hundirán en el desprestigio y la inacción.
Ahí, en las manifestaciones hay una esperanza, ahí se abre una enorme posibilidad de renovación generacional en todos los sentidos. En la política, en la vida social, económica, cultural, universitaria; frente a quienes por las inercias burocráticas reaccionan como momias vivientes porque no les da la capacidad y la imaginación para encontrar con sensibilidad las soluciones a las nuevas demandas de la sociedad que rebasa a la clase política actual y a los políticos tradicionales.
Se acabaron los tiempos de la simulación, la complicidad y la impunidad. A trabajar, llegó la hora de la verdad y la justicia.
