Del miércoles 15 al viernes 17 de julio, el Presidente de la República llevó a cabo una gira de trabajo por los estados de Guanajuato, Colima y Jalisco; donde se reunió con sus respectivos gobernadores para abordar el tema de la inseguridad y violencia que prevalece en estas entidades.
Pero más allá de los elogios mutuos y de los compromisos por superar las diferencias entre el Ejecutivo Federal y algunos gobernadores, particularmente en el caso de Guanajuato y Jalisco, no hubo acuerdos concretos que permitan vislumbrar a corto plazo un mejor resultado en materia de seguridad en estas tres entidades, que se encuentran entre las más golpeadas por la operación del crimen organizado.
Y tan no surtieron el más mínimo efecto estas reuniones, que más tardó el presidente en salir de la región, que el crimen organizado en dar una muestra de su poderío, que obtuvo una tibia y falaz respuesta del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, quien sostuvo que “no hay grupo criminal que desafíe a las Fuerzas Armadas”.
El secretario se equivoca de principio a fin. Las organizaciones criminales no cuestionan el poderío de las Fuerzas Armadas, desafían al Estado Mexicano en su conjunto.
En muchas regiones del país desde hace muchos años el crimen organizado actúa con toda impunidad, violando flagrantemente la ley y con alto grado de violencia siembra el terror, miedo, zozobra e inseguridad; ante la incapacidad o peor aún, la indiferencia y complicidad de las autoridades.
En Guanajuato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Diego Sinhué, se comprometieron a dejar de “echarse la culpa” y trabajar coordinadamente contra la inseguridad en esta entidad, una de las más violentas del país. Pero eso, tal vez, les puede servir para dormir tranquilos a ambos. Sin embargo, para los habitantes del Estado es show, escenografía para dar la impresión que se preocupan y trabajan por la paz. Las víctimas que no recibieron, madres y familiares de desaparecidos, saben que mienten. En los hechos, Guanajuato está desamparado.
A dos años de haber iniciado la administración federal, que el Presidente y el Gobernador se comprometan apenas a dejar atrás sus diferencias para trabajar de manera coordinada en materia de seguridad, es simplemente irresponsable. Lamentablemente, quien ha pagado el costo de esta sinrazón, han sido las y los guanajuatenses.
En el país, Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios dolosos con 4,422 desde que inició esta administración. La disputa por el control del huachicol entre los grupos criminales, que suman ya varias masacres, han sumido a la entidad en un espiral de violencia que, a la luz de los recientes acontecimientos, no parece que disminuirá, por el contrario, se recrudecerá.
Y justamente uno de los factores principales que han aprovechado los grupos delincuenciales, es la falta de una estrategia de seguridad por parte de los gobiernos y la ausencia de coordinación entre la Federación y el Gobierno del Estado.
Pero el compromiso de, ahora sí, a trabajar conjuntamente, servirá de poco si no hay acciones y decisiones concretas entre ambos niveles de gobierno para que funcionen los órganos de inteligencia, se incremente el presupuesto para seguridad a las entidades, se diseñen mejor los operativos conjuntos entre las fuerzas federales y estatales; se coordinen la Fiscalía General de la República y la del estado, se combata la corrupción y la impunidad, y se revise la viabilidad de la continuidad de los equipos en el área de seguridad tanto a nivel federal como en el estado.
Los buenos deseos, los regaños, las acusaciones con los abuelitos, los actos protocolarios y el mesianismo, está claro que no funcionan. Se equivoca el Presidente si cree que su simple presencia o a sus llamados a portarse bien van a inhibir al crimen organizado. Vaya, tan errado está que no espero mucho la respuesta del cártel más violento en el país.
Con palabras no se resolverá el problema de darle estabilidad al estado y certeza a los guanajuatenses y a los inversionistas de que se acabará la inseguridad y ya podrán vivir y trabajar en paz. Se requieren acciones inmediatas que puedan ser evaluadas por sus resultados concretos y efectivos. Llevando a los delincuentes ante los jueces. “Por fuera de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Lo demás, es simple demagogia y parafernalia.
