Independientemente que la discusión en la Cámara de Diputados sobre la creación de la Guardia Nacional se haya pospuesto para un posible periodo extraordinario, la discusión de fondo sigue presente: es inaceptable que un gobierno que presuma ser de izquierda profundice la militarización del país con el pretexto de combatir la inseguridad; sobre todo cuando el propio Presidente de la República y connotados personajes de su partido antes de llegar al gobierno se opusieron férreamente a esta propuesta.
Históricamente, la postura de las izquierdas y, particularmente, del Partido de la Revolución Democrática, ha sido en contra de la militarización del país y del uso y abuso del papel de las Fuerzas Armadas.
Hay muchos antecedentes en la historia del país que nos dan la razón; entre ellos, la persecución y asesinato de los profesores Lucio Cabañas y Arturo Gámiz, la Guerra Sucia de los 70, la persecución contra las organizaciones guerrilleras y el asesinato y encarcelamiento de algunos de sus dirigentes, la represión contra el Movimiento Estudiantil del 68 y El Halconazo o La Masacre del Jueves de Corpus, del 10 de junio del 71, en la que no fue ajeno el Ejército, sólo por mencionar algunos eventos históricos.
Pero hay hechos recientes en los que han participado elementos del Ejército como para enfrentar la irrupción en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; Tanahuato, en Michoacán; Tlatlaya, Estado de México; y Palmarito, Puebla; en donde existe constancia de violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Y la propia desaparición de los 43 normalistas en Iguala, en donde elementos militares fueron partícipes por omisión, decisión o complicidad con las organizaciones criminales que participaron en los hechos.
Es obligación de todo gobierno y del Estado Mexicano garantizar seguridad y paz en el territorio nacional y a todos los mexicanos. Sin embargo, la Guardia Nacional, tal y cual está planteada, es la continuidad de un modelo de combate a la inseguridad que no sólo fracasó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino que fue duramente cuestionado por las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Tan no ha funcionado que el sexenio de Peña Nieto, con más de 124 mil homicidios dolosos y 2 mil 486 feminicidios, fue el gobierno con más altos niveles de violencia en la historia reciente.
Quiero pensar que hay una legítima preocupación del nuevo gobierno sobre la crisis de inseguridad y violencia que vive el país y la expansión de la delincuencia organizada. No es un asunto menor, como tampoco lo es la descomposición de la Policía Federal y las estatales.
Pero entonces, eso, que es una legítima preocupación al encontrarse con la cruda realidad, la salida que se les ocurre es reformar la Constitución para quitarle todo tipo de obstáculos e impedimentos legales al Ejército y la Marina, a las Fuerzas Armadas de nuestro país, asignándoles un rol extremadamente importante y riesgoso, pues nada nos asegura que podamos revertir esas facultades.
También se propone ampliar las de por sí excesivas facultades presidenciales, vulnerar el Pacto Federal, debilitar las facultades del Congreso de la Unión, de los gobernadores y presidentes municipales. Por si fuera poco, para 2019 se le asignan más recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fortalecer la participación de los militares en funciones que deberían ser competencia civil y dar manga ancha a las Fuerzas Armadas para que recorran, se instalen y establezcan retenes en cualquier parte del territorio nacional sin autorización del Senado de la República y los gobiernos de los estados, entre otras inconveniencias, es profundizar la militarización.
Es bueno que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados haya aceptado diferir la discusión de la Guardia Nacional y considerar algunas propuestas de la oposición, pero el contenido del proyecto de dictamen que ya se elaboró sigue siendo muy preocupante. Ni Calderón ni Peña Nieto habían llegado a tal despropósito.
La propuesta tiene que ser revisada a profundidad. Si el gobierno de Andrés Manuel confía en que van a resultar los programas de combate a la corrupción, al desempleo, la desigualdad, así como el de las becas a jóvenes y los grandes proyectos como el Tren Maya y las refinerías, entonces no debería fortalecer el rol de los militares en la seguridad, ni muchos menos atentar contra preceptos constitucionales que tanto esfuerzo le han costado construir al país, como el fortalecimiento de la autoridad civil y el federalismo.
En el PRD, indiscutiblemente respaldaremos todas las acciones de este y cualquier gobierno encaminadas a restablecer la paz, combatir la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado y la violencia, pero respetando irrestrictamente la Carta Magna, las garantías constitucionales, el Estado de Derecho, los cimientos del Estado Mexicano y los derechos humanos. Como izquierda, bajo ninguna circunstancia respaldaremos la profundización de la militarización del país.
