Mi más sentido pésame a los familiares de los 27 trabajadores que murieron en el accidente de la Planta Clorados 3, en Coatzacoalcos, Veracruz, operada por Mexichem. Urge una amplia investigación que determine con precisión las causas.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó su informe 2016 La Educación Obligatoria en México, en donde la conclusión principal es que en la prestación del servicio educativo la constante es la inequidad.
El documento destaca que México cuenta con una población cuyo promedio de escolaridad es de 9.2 grados, lo que equivale a poco más de la secundaria completa. En casi medio siglo avanzó a razón de 1.1 grados cada diez años.
Precisa además que en la educación preescolar, obligatoria desde 2008, apenas 32.8 por ciento de los niños de 3 años asiste a la escuela. En cambio, la educación primaria está cerca de alcanzar su universalización, con una cobertura de 98.6 por ciento.
Un porcentaje muy alto de los egresados de primaria ingresa a la secundaria, sin embargo, debido a la deserción en ese nivel educativo, 258 000 niños de entre 12 y 14 años no están en la escuela. El problema se agudiza en el caso de la población en edad de cursar la Educación Media Superior, ya que 2.4 millones de quienes tienen entre 15 y 17 años están fuera de la escuela.
A contracorriente de las descalificaciones expresadas por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en contra del magisterio por los resultados de la evaluación, el INEE afirma que estos son alentadores.
Esto a pesar del empeño de las autoridades educativas en distorsionar la ley aplicando un examen de opción múltiple, estandarizado, sin atender lo establecido en la legislación en el sentido de que la evaluación deberá considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Respecto a las escuelas, el instituto alerta que en ninguna modalidad, los centros escolares cuentan en su totalidad con las condiciones básicas para ofrecer un servicio de calidad.
“Las mayores carencias se encuentran en escuelas ubicadas en los contextos más desfavorables que atienden a la población con mayor grado de vulnerabilidad”, se advierte.
Como lo ha venido reiterando en informes previos, el INEE resalta que “los resultados de Planea confirman que la marginación de las localidades en las que se ubican las escuelas se asocia fuertemente con la adquisición de los aprendizajes y se identifican logros educativos más bajos en las familias con menores recursos”.
“La constante que recorre el contenido de todos los capítulos del informe es la inequidad con la que se brinda el servicio educativo”, concluye el INEE.
A estas recomendaciones hay que agregar las que el instituto ha realizado en informes pasados que no han sido atendidos a cabalidad y en el peor de los casos la SEP ha tomado decisiones en sentido contrario, como la ofensiva desatada en contra del normalismo, con una clara intención de debilitar paulatinamente a las escuelas normales y lo que históricamente estas han significado.
Frente a la inequidad que destaca el informe, indigna aún más la corrupción evidenciada por hechos que dejan en claro una presunta red de complicidad entre el gobierno y la cúpula sindical.
Me refiero en esta ocasión a la investigación que dio a conocer el periódico Miami Herald, en la que denuncia que el diputado federal de Nueva Alianza, José Bernardo Quesada Salas, gastó junto con su esposa y familiares 8.2 millones de dólares en departamentos ubicados en Miami, Florida, Estados Unidos, entre 2004 y 2008.
Quezada Salas habría adquirido estas propiedades al facilitar créditos a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la empresa Etesa, propiedad de su esposa y de su suegro, Jessica y Héctor Peredo. Los créditos se habrían otorgado con altas tasas de interés que llegaban hasta el 180%.
Cercano a Elba Esther Gordillo, Quezada Salas se distanció de la maestra una vez que fue detenida y se alió con el actual presidente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre.
En 1992 Quezada Salas se desempeñó como secretario de créditos y vivienda del CEN del SNTE, desde donde, con la anuencia de la dirigencia sindical, le abrió las puertas a empresas financieras para ofrecer créditos de nómina a maestros con altas tasas de interés y ganancias millonarias. (El Universal, 23/11/2013)
Entre estas empresas se encuentra Etesa, que se ha beneficiado con un porcentaje de los 1,226 millones de pesos que invirtió el gobierno federal para refinanciar la deuda de los docentes, cuando estos créditos abusivos se volvieron impagables. (Tabasco Hoy, 18/04/2016)
Este escándalo desnuda la complicidad entre la dirigencia sindical y el gobierno y demuestra que mientras no se combatan la corrupción, el despilfarro de recursos públicos y la impunidad, será difícil reducir la inequidad que denuncia el INEE y alcanzar los objetivos planteados en la reforma en materia de educación.
