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viernes, abril 19, 2024

Inseguridad, talón de aquiles del Gobierno

La inseguridad se ha convertido en el Talón de Aquiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El asesinato múltiple de integrantes de la comunidad LeBarón fue la gota que derramó el vaso, pero en realidad viene precedida de una serie de masacres en un periodo muy corto y acontecimientos que evidencian la incapacidad y falta de disposición gubernamental para aplicar la ley y hacer justicia.

El problema de fondo es que el Gobierno Federal carece de una estrategia clara en materia de seguridad. A pesar de los hechos de violencia, AMLO no se mueve del discurso de abrazos y no balazos so pretexto de que él no va a entrar a la guerra.

La cuestión es que la mayoría absoluta de la población no le está  pidiendo que se vaya o declare la guerra. Justamente eso es lo que originó la agudización de la violencia y que los asesinatos, desaparecidos e índices de delitos, se dispararan; aunado a la corrupción.

Lo dijimos en su momento, el modelo policiaco-militar en sí mismo no iba a resolver el problema. Pero tampoco lo resolverá el cruzarse de brazos, no aplicar la ley, fomentar la impunidad y dejar que los delincuentes y el crimen organizado actúen como les plazca.

Si el presidente iba a ofrecer amor y paz a la delincuencia ¿entonces para qué pidió la Guardia Nacional? ¿Si iba a ofrecer abrazos y no balazos, para que saca al Ejército a la calles y expone a los soldados al escarnio y los deja en la indefensión ante sicarios y el crimen organizado?

Solamente se le está pidiendo al gobierno que ejecute su principal responsabilidad que es anteponer el predominio de la ley y en consecuencia lleve a los delincuentes ante la justicia, no que los suelte.

No debe haber simulación. El apego a la legalidad debe ser parejo. No es posible que el presidente avale la Ley Garrote es su natal Tabasco para desalojar a quienes bloquean carreteras, casetas y obras para extorsionar; y así evitar que obstaculicen la construcción de la refinería de Dos Bocas; pero se niegue a detener a integrantes del crimen organizado.

La negligencia e irresponsabilidad presidencial, lo acepte o no, tiene consecuencias graves. El homicidio con más de cien balazos del policía estatal  de Sinaloa que participó en el fallido operativo para detener a Ovidio es una de ellas, pero también lo son las múltiples masacres y los asesinatos del crimen organizado a lo largo y ancho del país.

El Estado Mexicano no puede renunciar a sus facultades y responsabilidades constitucionales en materia de seguridad. Nadie le está pidiendo que reprima, se le está pidiendo que actúe contra quienes asesinan, elaboran y trafican droga, roban o delinquen. Se requiere detenerlos, procesarlos y que cumplan las penas correspondientes. 

Y cualquier plan que se instrumente para combatir la delincuencia pasa por la elemental coordinación. No hay manera de atender la inseguridad si no se ponen de acuerdo y aprovechan todos los recursos disponibles los diferentes niveles de gobierno. 

Y si bien es cierto que no hay capacidad para atender los 2500 municipios del país, si es posible diseñar una estrategia de coordinación y destinar los recursos económicos necesarios para atender aquellos en donde la inseguridad es más grave. 

Se requiere además revisar lo que están haciendo las diferentes dependencias involucradas y si quienes están al frente tienen la capacidad suficiente para desempeñar sus funciones. 

Es evidente que ni la Secretaría de Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República ni el Gabinete de Seguridad Federal en su conjunto están funcionando. 

Pero tampoco están dando resultado los gobiernos estatales y los responsables de la seguridad en algunas entidades como Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Guerrero, y otras donde la violencia es más grave. 

Nadie dice que la violencia e inseguridad tengan su origen en este sexenio. Vienen de un proceso largo de descomposición, pero se están agravando en este gobierno y lo primero es reconocer que lo que se está haciendo es inviable e insuficiente. Ofrecer abrazos a la delincuencia en lugar de aplicar la justicia es una carta de impunidad para que sigan asesinando y delinquiendo, no nos equivoquemos.

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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