Las respectivas investigaciones contra Emilio Lozoya y Rosario Robles, sobre dos de los más sonados, que no los únicos, escándalos de corrupción del sexenio pasado, reflejan la manera cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tratará a los presuntos responsables, de acuerdo a los intereses y estado de ánimo del Ejecutivo Federal.
Mientras que Rosario Robles fue detenida con una argucia legal, se le dio trato de delincuente aún sin sentencia de por medio y se le envió a la cárcel, sin darle oportunidad de llevar el proceso en libertad; Emilio Lozoya ha sido tratado con algodones y privilegios, con el supuesto de un acuerdo de colaboración del que no se tiene certeza si habrá resultados, pero cuyas evidencias ya están siendo utilizadas para armar un juicio mediático, más importante, desde la óptica presidencial, que el proceso legal.
En tanto que la exsecretaria de Sedesol pide equidad en el trato judicial, el exdirector de Pemex celebra su retorno a México en su mansión de Polanco, con champaña y rodeado de un grupo selecto de amigos.
Nadie aquí defiende a nadie. Lo que se denuncia es el trato desigual a presuntos responsables.
Al parecer, lo que menos importa es hacer justicia y combatir la corrupción, sino cómo se obtiene ventaja de los procesos legales para construir acuerdos con presuntos delincuentes, obtener rentabilidad política de las evidencias y golpear a la oposición a unos cuantos días de iniciar el proceso electoral.
El grado de manipulación de la investigación es tal, que el lunes 17 de agosto circuló un video en redes sociales en el que se observa a un exfuncionario del Senado de la República recibiendo fajos de billetes, de presuntos sobornos, que supuestamente estarían vinculados a la aprobación de la reforma energética.
Al respecto, la Fiscalía General de la República informó que esa prueba no ha sido presentada como parte de las evidencias de la investigación. Es decir, Lozoya está maniobrando para sacar más ventaja y administrar las evidencias, con la connivencia y complacencia del Ejecutivo.
Así, para el presidente, el sobornador –y por ende sus cómplices- es un héroe que colabora para que se acabe la corrupción, y a los presuntos sobornados hay que hacerlos arder en la leña verde del show mediático, sin que el debido proceso importe y haciendo a un lado a la Fiscalía.
Al final, la presunta lucha contra la corrupción se está convirtiendo en circo, maroma y teatro, para desviar la atención. La realidad es que con el caso Lozoya –hasta que los hechos demuestren lo contrario- se intenta construir una cortina de humo para minimizar otros problemas graves para el país, como la debacle económica, la pérdida de empleos y los más de 57 mil decesos provocados por el Covid-19.
No hay, hasta el momento, nada distinto a las prácticas de antaño. Las instituciones y la ley se están utilizando con fines políticos-electorales para golpear a adversarios del pasado, a la oposición y proteger a presuntos delincuentes. Lo que se demanda es hacer justicia a secas, no a la carta, ni selectiva.
