Los linchamientos de presuntos delincuentes que se han registrado en la entidad reflejan el hartazgo de los ciudadanos que han decidido hacer justicia por propia mano ante la incapacidad del gobierno para frenar los delitos, acabar con la impunidad y combatir las causas que originan la inseguridad.
Raúl Rodríguez Guillén, en su estudio Crisis de autoridad y violencia social: los linchamientos en México, explica las causas que dan origen a estos: “La crisis de autoridad es la causa más profunda de la violencia social y la indignación moral; es el detonante que expresa que los límites sociales se han roto y es necesario ponerle coto a la corrupción e ineptitud de las autoridades, así como el abuso que comenten en contra de la sociedad”.
Hasta 2014, los estudios acerca del aumento de linchamientos en el país no registraban a Guanajuato como una entidad en donde este fenómeno social tuviera arraigo.
Pero del año pasado a la fecha han tenido lugar 12 linchamientos y todo parece indicar que la cifra aumentará porque en su desesperación la gente se está organizando en sus colonias y comunidades para combatir a la delincuencia con o sin ayuda de las autoridades. (Sinembargo, “Casos de linchamientos a presuntos delincuentes aumentan en Guanajuato”, 2 de abril de 2016).
Esta cifra es considerable si se toma en cuenta que hasta octubre de 2015 en todo el país tuvieron lugar 61 linchamientos.
Esto ha coincidido con el deterioro de la inseguridad, la expansión del crimen organizado, el alza de delitos comunes y de alto impacto; al tiempo que se evidencia la incapacidad del gobierno para frenarlos y se dispara la impunidad.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2016 (IPM), presentado apenas el jueves pasado, sólo siete entidades han sufrido deterioro en su nivel de paz desde 2011, Guanajuato entre ellas.
La tasa de delitos cometidos con armas de fuego —el indicador que más empeoró— se elevó de 1.9 a 3.5 por cada 100,000 habitantes. Al mismo tiempo, la tasa de homicidio se disparó 39%. Aunado al aumento de violencia, han surgido enfrentamientos entre los diferentes cárteles que operan en la entidad.
Por otra parte, de acuerdo con el Índice de Impunidad 2016 (IGI-MEX), Guanajuato se encuentra entre los 12 estados de la República con calificación de impunidad alta, mostrando problemática sobre todo en su sistema de seguridad.
Según cifras del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales realizado en 2014, los delitos del fuero común más recurrentes en Guanajuato son robo a casa habitación, robo de vehículo, daño a la propiedad y lesiones.
Otros delitos que se cometen con regularidad en la entidad son los relacionados a la violencia de género. En los últimos tres años han tenido lugar 245 feminicidios, 18 perpetrados en 2016, tomando en cuenta el asesinato ocurrido ayer en León.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) durante los dos primeros meses de este año se han perpetrado 106 agresiones sexuales.
Un dato importante es el porcentaje de cifra negra que presenta Guanajuato, el cual es del 93.4%, lo que significa que se denuncian y reportan menos delitos que en la mayor parte del país.
Por otra parte, si bien se cuenta con magistrados y jueces por arriba de la media nacional, así como secretarios y personal en general, hay muy pocos sentenciados con respecto al número de averiguaciones previas.
Otro aspecto a considerar es el que resaltan Raúl Rodríguez y Norma Ilse Veloz Ávila, quienes señalan que “es en un contexto de pobreza y en circunstancias en que la autoridad es incapaz de cumplir con las funciones que le corresponden, que la sociedad se organiza para recuperar por sus propios medios la seguridad perdida y allegarse la justicia”. (Linchamientos en México: recuento de un periodo largo 1988-2014)
De los cerca de 5 millones 760 mil habitantes de la entidad, el 5.5% se encuentra en situación de pobreza extrema, 41.0 en pobreza moderada, 27.7 es vulnerable por carencias sociales, 8.6 es vulnerable por ingresos; y sólo 17.2 por ciento está ubicada como población no pobre y no vulnerable.
No sólo en Guanajuato sino en todo el país, es evidente que el enfoque policiaco que se ha priorizado para combatir la inseguridad y la violencia es insuficiente y que se requiere implementar un conjunto de medidas preventivas a través de política públicas para reducir las causas estructurales que le dan origen.
Estas acciones deberían estar enfocadas a reducir la brecha de desigualdad y pobreza, ampliar las opciones educativas y las oportunidades para los jóvenes, mejorar la calidad de los empleos y los ingresos; a recuperar los espacios públicos, fomentar la cultura, la recreación, la conciencia de los derechos humanos y el respeto de los mismos, entre otros objetivos.
El objetivo prioritario debe ser construir una estrategia integral que incluya a todos los sectores de la sociedad y permita la reconstrucción del tejido social.
En este sentido es que se plantea revisar de pies a cabeza la política pública en materia de seguridad, lo que implicaría construir un acuerdo que involucre a todos los poderes, a los distintos niveles de gobierno y a las organizaciones sociales de distinta índole; de tal manera que todo mundo se comprometa a cooperar, invertir e implementar medidas que ayuden a frenar la ola de inseguridad y atender la desesperación en la que ha caído la gente porque no percibe una estrategia eficaz de las autoridades para garantizar la integridad de su familia y su patrimonio.
