En el marco de la discusión y eventual aprobación de las leyes secundarias de la nueva reforma constitucional en materia de educación, que tendrá lugar en septiembre próximo, un tema toral que es prioritario atender es el problema de la inequidad en la fórmula que la Ley de Coordinación Fiscal establece para la distribución de los recursos destinados a la educación.
Este asunto está relacionado con la asignación dispar del presupuesto federal a las entidades federativas, que ha generado una gran brecha de desigualdad entre los estados del norte y los del sur. Mientras estos dos aspectos básicos no se atiendan, cualquier reforma educativa difícilmente alcanzará sus objetivos.
La Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Sonora, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Baja California, Zacatecas, Quintana Roo, Jalisco y Sinaloa; son los estados que reciben un mayor porcentaje de participaciones federales.
Mientras que Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas y Michoacán reciben menos porcentaje del presupuesto federal (CIEP, Presupuesto de los estados por región, 2019).
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en el presupuesto 2019, el sur es la región del país que menos presupuesto recibirá del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización, incentivos a gasolinas, incentivos para autos nuevos, IEPS, otros incentivos, transferencias, servicios personales y servicios generales.
Esta injusta diferencia en el trato de los Estados con la Federación abre, aún más, las asimetrías entre las entidades federativas y, en parte, esto explica los problemas sociales, de rezago, pobreza y marginación; además del desempleo, la inseguridad, violencia y migración, en distintos grados, entre otros, que enfrentan estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán.
Esta desigualdad en la distribución de recursos federales también ha impactado de manera negativa a la educación en los estados del sur, lo que ha ocasionado una mayor inequidad, que de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) – que será sustituido por el Centro para la Mejora Continua por la Educación-, es el principal problema del Sistema Educativo Nacional.
Para atender este problema, en el Informe 2014. El Derecho a una Educación de Calidad; el INEE recomendó revisar la manera como se distribuye el gasto educativo entre diferentes sectores poblacionales, entidades federativas y regiones, por grado de marginación; y destinar un gasto adicional para propiciar una verdadera política de distribución más equitativa que exige invertir más en los que menos tienen, en la población más necesitada o en mayor desventaja.
Propuso atender de manera prioritaria y focalizada a los sectores sociales con evidente desventaja educativa, reconociendo que se atenta contra el derecho a la educación desde el momento en que se dificulta su acceso y asistencia a la escuela.
El Instituto concluyó que muchos de los problemas que causa la inequidad en educación no son educativos ni dependen solo de las políticas del sector. Encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos. Para enfrentar con seriedad estos problemas necesariamente se requiere de políticas integrales, capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza —el hambre, el trabajo infantil, la lejanía, la inseguridad— que afectan de manera directa la escolaridad de la población. (INEE, 2014)
El primer paso para alcanzar los objetivos que se pretenden con la nueva reforma constitucional en materia de educación y de las leyes secundarias, es luchar por reducir la desigualdad y esto pasa por una necesaria reforma fiscal progresiva, que ayude a incrementar la recaudación y con ello, a tener mejores condiciones de distribución de los recursos presupuestales para invertir en infraestructura y generar mejores condiciones para un desarrollo incluyente.
De tal manera que, o se modifica la Ley de Coordinación Fiscal o se busca una forma de resolver el problema mediante la canalización a las entidades federativas de recursos federales suficientes particularmente a los estados del sur, que tienen evidentes desventajas en todos los aspectos, incluida, la educación. No habrá una educación de calidad, como bien sostuvo el INEE, si no se atienden de fondo los problemas estructurales que generan la desigualdad y la pobreza. Las movilizaciones y diferentes manifestaciones de inconformidad son evidencia de graves problemas sociales. Hay que atenderlos bien y de fondo porque no se resolverán con discursos.
