Este ejercicio fue frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el pretexto de que contrariaba el artículo 35 de la Constitución, que prohíbe que se celebre alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado.
El proyecto, que rechazaba la constitucionalidad de la pregunta, fue presentado por la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero, partidaria de la reforma energética impulsada por el presidente Peña Nieto, pues con su aplicación el Estado obtendría recursos para el desarrollo nacional. (El País, 30/10/2014).
El PRD sigue sosteniendo que la reforma energética sí era motivo de consulta, pero nueve Ministros, con Olga Sánchez Cordero a la cabeza, se doblaron ante las presiones del gobierno de Peña Nieto.
Uno de los grandes retos que tiene enfrente la consulta que promueve López Obrador es el porcentaje de participación para que ésta sea vinculante.
En abril de 2021, ya con mayoría morenista, el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular que, entre otras modificaciones, estableció que para que el resultado de la consulta ciudadana sea vinculante para las autoridades, debe participar el 40% de la lista nominal, es decir, poco más de 37 millones de ciudadanos según el padrón actual.
El presidente y Morena, solitos se ahorcaron. Tan es así que el propio López Obrador reclamó que el porcentaje de participación era muy alto y es por eso que ahora está utilizando todos los recursos públicos a su alcance y presionando a los gobernadores de Morena, a los superdelegados y a los funcionarios de todos los niveles, para acarrear gente que vaya a votar.
Otro obstáculo, quizá el principal, es la pregunta. Pues es tan ambigua que no se refiere, en lo absoluto, a los expresidentes, a los que supuestamente busca llevar a juicio.
A diferencia de la consulta impulsada por el PRD, la SCJN -de nueva cuenta en afán de quedar bien con el presidente en turno-, para no rechazar la pregunta que planteó AMLO, pues contradecía la Constitución al ser violatoria de los derechos humanos; hizo circo, maroma y teatro y optó por modificarla para poder aprobarla, dejando un bodrio que nadie entiende.
La pregunta modificada por la SCJN, quedó así:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
No hay referencia ni directa ni indirecta a los expresidentes. Pero sin importar el resultado, la consulta popular servirá de combustible para que, de aquí al 2024, Andrés Manuel monte una estrategia discursiva para influir en los resultados de la elección presidencial.
Al final de cuentas, la consulta es una simulación. Un pretexto que pervierte la participación ciudadana, porque si existen denuncias y hay materia para integrar las carpetas de investigación, no se requiere consultar, simplemente se procede de acuerdo a la ley y se les lleva ante las instancias de procuración e impartición de justicia.
En el fondo, la consulta es un ardid que antecede a la revocación de mandato y que servirá para alimentar la polarización política y medir el sentir ciudadano respecto a las ambiciones de López Obrador, reelegirse en el cargo, porque todo indica que esa es su ambición, pero, de no ser posible, el maximato es su alternativa.
Porque a la luz de sus acciones, cada día queda más claro que Andrés Manuel está muy lejos de las decisiones políticas de Benito Juárez y Francisco I. Madero y mucho más cerca a las ambiciones de poder de Porfirio Díaz y Plutarco Elías Calles.
