Mientras que el Partido Revolucionario Institucional y su aliado en el Congreso de la Unión, el Partido Verde, se empeñan en impulsar un paquete de leyes secundarias que debilitan el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura la que la corrupción es el cáncer de México.
Las fracciones parlamentarias del PRD y PAN en el Senado de la República acusan que algunas de las propuestas del PRI-PVEM achican las reformas constitucionales para combatir la corrupción aprobadas en la LXII Legislatura (2012-2105).
Denuncian que no imponen sanciones cuando funcionarios que hayan incurrido en corrupción devuelvan los recursos públicos, no obligan a funcionarios a presentar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial (propuesta en la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3); eliminan lo relacionado con tráfico de influencias, anulan el tema de los denunciantes de actos de corrupción y de recompensas y restan facultades a la Auditoría Superior de la Federación; entre otras insuficiencias.
Ante la falta de acuerdo, el Senado cerró su periodo ordinario y se valora la realización de uno extraordinario, al que podría convocarse después de las elecciones del 5 de junio para discutir primordialmente los temas de anticorrupción, mando único y la iniciativa de reforma a la ley general de salud y al código penal federal para autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana.
Esto, a pesar de que el artículo segundo transitorio del decreto de las reformas constitucionales, publicadas en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2015, mandatan que el Congreso de la Unión tiene un año para emitir las leyes generales respectivas, plazo que vence el próximo 28 de mayo.
De tal manera que se pospone la discusión y eventual aprobación de la Ley General del SNA, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; y dos más de carácter penal.
Y en tanto el PRI y Verde se oponen a una reglamentación que combata de fondo la corrupción, en el marco de la presentación de las recomendaciones iniciales de la Revisión de la Gobernanza Pública del Sistema Nacional de Fiscalización, la OCDE llamó a definir las leyes secundarias que hagan realidad el Sistema Nacional Anticorrupción.
“La corrupción es el cáncer de México y para terminarlas es necesario que se impongan sanciones y se atiendan riesgos estructurales con un enfoque preventivo”, advirtió Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OCDE. (El Universal, 24/04/2016)
“Podemos tener los mejores sistemas, pero si la sanción no se materializa, el disuasor no está ahí y evidentemente los incentivos no se construyen para evitar los actos de corrupción”, sentenció la funcionaria.
La aseveración de Gabriela Ramos no es una simple metáfora, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México se ubicó como el país más corrupto entre los 34 integrantes de este organismo internacional.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirma que la corrupción le cuesta cada año 890 mil millones de pesos a los mexicanos.
En efecto, lamentablemente, el costo de la corrupción y la impunidad que prevalece en el país, lo pagan los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, de Guanajuato, donde la falta de una regulación eficaz y la ausencia de sanciones legales estrictas para los infractores ha permitido los fraudes perpetrados por algunas cajas de ahorro como Acremex, la Caja de Ahorro 30 de agosto, Caja Popular Progresa, Caja Nueva Alianza, entre otras.
Directivos de estas y otras cajas se han apoderado de cientos de millones de pesos de sus agremiados, favorecidos con la omisión, y en algunos casos la connivencia, de funcionarios corruptos de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tendrían que supervisarlos y tomar las medidas precautorias correspondientes.
Es cierto, la corrupción es un cáncer y la única manera de combatirla es diseñando una legislación dura, generando contrapesos reales a nivel nacional y local desde el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales.
Las reformas constitucionales se realizaron con la intención de que se rediseñaran las instituciones responsables de prevenir y sancionar las prácticas ilegales o indebidas en cuanto al manejo de los recursos públicos y combatir firmemente la corrupción.
Las propuestas del PRI-PVEM evaden en la práctica lo establecido en la Carta Magna. Con la complicidad del gobierno federal pretenden construir caminos para burlar la ley. En el fondo, ni Enrique Peña Nieto, ni el partido en el gobierno, tienen una voluntad real para combatir la corrupción y la impunidad. Ejemplo de ello, es el caso Iguala-Ayotzinapa.
