La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mandata que el Ejecutivo Federal envíe al Congreso, en el mes de febrero de cada año, para su ratificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía (ENE) con un horizonte de quince años, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía
El 9 de abril, la Cámara de Diputados ratificó la Estrategia Nacional de Energía, con 237 votos a favor, 125 en contra y 99 abstenciones. Una votación que refleja la oposición y el escepticismo de un número importante de legisladores a las propuestas del actual gobierno federal para el desarrollo del sector energético.
Los diputados del PRD votamos en contra de la ENE porque consideramos que en el 90% de sus líneas de acción para desarrollar los aspectos estratégicos del sector, fija como solución principal la apertura al capital privado “dentro de los márgenes de la ley”; lo que violenta los preceptos constitucionales en la materia.
Carece además de viabilidad económica, ya que no establece las asignaciones o los mecanismos presupuestales con los cuales se va a financiar sus planes y programas.
El gobierno federal no específica en su estrategia energética de qué manera y en qué condiciones se dará la apertura de la inversión privada en el sector; tampoco hay claridad sobre el propósito de dar acceso a inversionistas privados en áreas que la Constitución reserva en exclusiva para el Estado.
Dado que la industria petroquímica no ha contado con regulación desde los noventa, la Estrategia Nacional de Energía deja un vacío al respecto, pues no específica cómo se estimulará la inversión, de igual forma, no se definen las plataformas de producción y exportación, así como la restitución de reservas.
Propone la misma política energética que el gobierno formuló e implementó en el periodo 1976-1980, que consistió en extraer el petróleo del subsuelo a raudales, para exportarlo como materia prima sin adicionarle mayor valor agregado; es decir, sin transformarlo industrialmente para obtener refinados como la gasolina, diésel, turbosina; o producir petroquímicos como los plásticos, unicel, pinturas, entre otros, tan indispensables hoy en día, con lo que se pierde la oportunidad de crear cadenas productivas en la industria nacional.
En relación a uno de los rubros de mayor transcendencia como es la extracción de petróleo crudo y gas, la ENE no precisa cuál sería la plataforma de producción a desarrollarse en los próximos años. No define cuál será la política de restitución de reservas petroleras.
Sostiene que hay un coeficiente de restitución de 100% y supone que así continuará para todo el periodo de 15 años; sin embargo es importante destacar que este coeficiente se ha alcanzado porque la extracción ha declinado de 3.3 millones en 2004 a 2.6 en 2012, por lo que si se establece como acción el aumento de los volúmenes de extracción, tendría que definirse claramente la estrategia para la restitución de esos volúmenes estimados.
En lo que concierne al tema de electricidad, es preocupante cómo será la intervención de privados en la incursión de energías renovables, pero sobre todo en aquellas comunidades que no cuentan con el servicio y que en su mayoría son las más pobres del país.
En este aspecto, no se especifican los lineamientos de la apertura al sector privado para erradicar irregularidades y abusos que puedan ejercerse a dichas comunidades, como las denunciadas en San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Álvaro Obregón y Juchitán, Oaxaca; en donde los pobladores reclaman la anulación de los contratos de arrendamiento de tierras firmados con las empresas Preneal-Mareña Renovables y con Unión Fenosa-Gas Natural, que han instalado parques eólicos, porque afirman que se realizaron con engaños, sin consulta previa a los pueblos.
En la propuesta está ausente el tema referente a la situación energética internacional, siendo éste primordial dado el avance que Estados Unidos ha tenido en la producción de gas shale con vista a la autosuficiencia energética. México cuenta con la cuarta reserva internacional más grande de gas shale, superado únicamente por EUA, Argentina y China; sin embargo, su extracción conlleva impactos ambientales negativos, de ahí la necesidad de analizar con más seriedad y amplitud de dónde se podrían obtener los recursos necesarios para su explotación, y el desarrollo de tecnologías limpias para disminuir la contaminación.
En el ámbito petrolero, es necesario reiterar que Petróleos Mexicanos no es ineficiente y muchos menos se encuentra en quiebra, basta con ver que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre las principales petroleras del mundo, pero después de aplicar los impuestos, derechos y aprovechamientos, presenta rendimientos netos negativos, es por esta razón, que proponemos una autonomía presupuestaria y de gestión.
Pemex no puede seguir en esta dinámica, existen alternativas que pueden posicionar a este sector como un motor de crecimiento económico de nuestro país y no precisamente con la apertura a la iniciativa privada en áreas en donde el Estado debe tener el control.
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