El título del presente texto refleja la opinión y la percepción de un porcentaje importante de maestros que participaron en el proceso de evaluación docente cuyos resultados fueron recientemente presentados.
Inconformes por los problemas y las fallas que se presentaron a lo largo de la evaluación, por la falta de condiciones idóneas para el examen, los engaños de que han sido víctimas y la campaña de descalificación orquestada en contra del magisterio; en una reunión el grupo de docentes que obtuvieron los mejores resultados le espetaron al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que “en México no hay maestros ni de primera ni de segunda ni de tercera, sólo maestros”. (La Jornada, 4/03/2016)
Hasta este momento la evaluación sólo se ha reducido al examen, no es cierto que se esté evaluando, sólo se está aplicando un examen de opción múltiple y es todo, no hay otra cosa.
La reforma le otorgó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), facultades para evaluar al conjunto del sistema educativo y hasta el momento ha cumplido tibiamente con esta responsabilidad; como tampoco ha exigido que se acaten las observaciones que hizo sobre las normales, que se encuentran en el abandono, y sobre la formación de los docentes; nada de esto ha sido atendido por la Secretaría de Educación Pública. (La Jornada, 14/03/2015)
Sin haber sido involucrados plenamente en la discusión de la reforma en materia de educación, denostados y amenazados constantemente tanto desde la autoridad como por organizaciones privadas interesadas en ampliar sus negocios al amparo de la educación; los maestros no le encuentran sentido a un examen de evaluación cuyas preguntas carecen de pertinencia con su desarrollo profesional y su contexto laboral.
Y tienen razón, pues se les pretende valorar sin tomar en cuenta el contexto social de los alumnos, las condiciones de los centros de trabajo y sin evaluar al propio sistema educativo y el desempeño de las autoridades.
En los últimos 20 años en algunos países de América Latina, incluido México, han sido implementadas al menos tres generaciones de reformas en el sector educativo y una de las principales fallas es que el maestro ha sido excluido de su definición y su puesta en operación.
Al hacer una revisión de los resultados de estas reformas, Díaz Barriga e Inclán Espinosa señalan que “mientras no se busque otro modo de elaborar las reformas, en el que se construya un mecanismo donde los docentes participen de otra forma en la formulación de los diagnósticos de la educación, y en ese contexto construyan paulatinamente algunos elementos de la reforma, éstas sólo formarán parte de la estrategia de un grupo de especialistas y políticos de la educación”. (Díaz Barriga A. e Inclán Espinosa C., El docente en las reformas educativas: Sujeto o ejecutor de proyectos ajenos, Revista Iberoamericana de Educación, http://rieoei.org/rie25a01.htm)
Pero además de la marginación de los maestros, tampoco está claro en qué se va a traducir la evaluación, qué medidas se van tomar y qué efectos concretos se van a tener a partir de los resultados.
Planteo tres ejemplos básicos. El secretario de Educación Pública anunció con bombo y platillo que en la segunda quincena de mayo próximo, unos 12 mil maestros y maestras que obtuvieron resultado destacado en la evaluación recibirán un incremento de 35% de sueldo base, retroactivo al 16 de febrero pasado.
Sin embargo, en la misma reunión citada una maestra denunció que “fue un golpe bajo que ahora, después de todo lo que pasamos, el secretario nos diga que el incremento es sólo por la disciplina evaluada. Es relevante, porque para quienes tenemos seis horas en una asignatura ese incremento simplemente no se va a ver”.
Otro aspecto tiene que ver con la Estrategia de Formación Profesional Docente para la capacitación de los maestros y directivos de educación básica y media superior, presentada la semana pasada, y que tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de los maestros.
El presupuesto para la formación continua pasó de 203 millones de pesos en 2015 a mil 809 en el año en curso, y estará destinado a más de un millón de docentes de educación básica y más de 135 mil de educación media superior; lo cual es de destacarse.
Sin embargo, a pesar del cuantioso incremento presupuestal, más del 800%, no se observa en esta estrategia alguna diferencia de lo que ya existía en los Programas de Formación Continua para Maestros en Servicio. Sigue siendo una propuesta de programas y cursos sin contenidos relevantes, que poco auxiliarán al desempeño de los profesores y directivos.
El otro aspecto es la ausencia de una definición clara de la relación entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la autoridad educativa.
El problema que tenemos ahí es la simulación por todas partes, porque mientras que la autoridad se empeña en descalificar a los docentes, el sindicato no asume con claridad y determinación la defensa de sus agremiados.
El sindicato se creó para defender la escuela pública, los derechos laborales de los docentes y a los educandos, así como a la materia de trabajo; sin embargo la voz de la actual dirigencia había estado ausente ante los ataques de que ha sido objeto el magisterio desde distintos frentes.
Sólo hasta ahora, en el marco del Foro Internacional de Políticas Docentes que tuvo lugar el miércoles pasado, el líder sindical, Juan Díaz de la Torre, alertó “sobre las tendencias privatizadoras y comercializadoras que amenazan a la educación y a la escuela pública, cuyos intereses económicos pretenden disimular bajo falsos pronunciamientos por la calidad de la educación”.
Previamente, la dirección del SNTE anunció que acompañará la defensa jurídica de los 3 mil 360 docentes que fueron despedidos por no presentarse a la evaluación.
Pretender el cese de los docentes que no presentaron la evaluación por distintas razones, no sólo es violatorio de la constitución sino también de los derechos humanos.
El artículo 3º en su fracción III señala textualmente que “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación…”
Dicha fracción no habla textualmente de un cese y remite directamente a la Ley General del Servicio Profesional. Esta última normativa, en su artículo 74, refiere que el incumplimiento del proceso de evaluación dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondiente.
Sin embargo, deja abierta la posibilidad de impugnar dicha decisión, por lo cual quedan intactos los derechos constitucionales, laborales y humanos de los profesores afectados.
El principal cuestionamiento en contra de la instrumentación de la reforma es que los resultado de la evaluación se están utilizando para denigrar a los maestros, devaluar su papel y desprestigiar a la escuela pública; y no para elaborar un diagnóstico serio de la formación de los profesores y de las condiciones del sistemas educativo nacional en aras de fortalecer la calidad educativa y la educación pública.
Por ello es necesario seguir insistiendo de manera enfática que ni la reforma en curso, ni ninguna otra, podrá prosperar sin los maestros como protagonistas fundamentales de ese cambio.
