Aún no se secaba la tinta con la que funcionarios de los gobiernos de México, Canadá y de Estados Unidos firmaron el protocolo modificatorio del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), cuando de manera unilateral un congresista demócrata, en conjunto con la administración estadounidense, presentó una iniciativa ante el Congreso de su país para designar cinco inspectores que vigilen la implementación de la reforma laboral en territorio mexicano.
La iniciativa H. R. 5430 es parte de la ratificación del T-MEC. Fue presentada por Steny Hoyer, líder demócrata en la Cámara de Representantes. Propone hasta cinco agregados de EU en México que monitoreen la reforma laboral recién aprobada en nuestro país. (Excélsior, 12/12/2019)
Este no es un tema nuevo, la demócrata Nancy, Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, ha insistido que la ratificación del T-MEC estaría condicionada a que el gobierno mexicano cumpliera con la normativa laboral aprobada por el Congreso Mexicano.
El gobierno de Andrés Manuel pensó que esto podría ser salvado con la implementación de paneles de expertos que dieran seguimiento a este cumplimiento; pero se topó con la cruda realidad.
Todavía no terminaban los festejos del presidente y funcionarios mexicanos por la firma de la adenda cuando, dicen que “sin su conocimiento”, fue enviada esta iniciativa al Congreso norteamericano.
Sorprendido, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, Jefe Negociador del T-MEC, envió una carta al Embajador Robert E. Lighthizer, Representante Comercial en México de Estados unidos, ante quien sostuvo que “es preocupante que a través de una iniciativa de ley, se pretenda ir más allá de lo necesario para cuidar el buen cumplimiento de lo negociado entre las partes…se esperaría que su contenido reflejara el alcance de los compromisos acordados, sin establecer consideraciones ni mecanismos adicionales”.
“Los títulos VII y VIII de la iniciativa H.R. 5430 contienen disposiciones y mecanismos que se esperaría hubieran sido compartidos en detalle con México en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación, y que sólo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio Tratado”.
No cabe duda que es necesario modernizar el Tratado para dar certeza a los empresarios de nuestro país cuya relación con el gobierno ha estado marcada por la desconfianza y la incertidumbre ante decisiones que no respetan la ley como la consulta para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas empresas en nuestro país dependen de las relaciones comerciales y los acuerdos con el vecino del norte.
El problema es que el gobierno mexicano alardeó de manera precipitada la firma de un Tratado que es necesario actualizar, pero que en realidad coloca en desventaja a nuestra nación, no sólo por las asimetrías económicas entre los tres países, sino por los intereses de Donald Trump que ha utilizado la relación comercial para imponer decisiones unilaterales a México, usarla con fines político-electorales en sus aspiraciones reeleccionistas y tratar de sacar provecho ante los conflictos que enfrenta con los demócratas.
El gobierno norteamericano ha condicionado la ratificación del T-MEC no sólo para obligar a las empresas establecidas en nuestro país a aumentar las importaciones de productos estadounidenses, como el acero para la industria automotriz, sino también a supervisar las relaciones laborales y las condiciones en que trabajan empresas exportadoras de diversos productos hacia los EU.
Desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica, de la necesidad del país de darle cierta confianza a la iniciativa privada para invertir, indiscutiblemente que el T-MEC cumple su objetivo.
Más allá de la complejidad que ha significado el proceso de firma, lo cierto es que es inevitable por la dependencia de México ante Estados Unidos. El intercambio comercial entre ambos países asciende a más de 270 mil millones de dólares, con clara ventaja de este último.
Ese el problema de fondo. Mientras México no fortalezca su economía interna y diversifique sus relaciones y acuerdos comerciales, siempre dependerá del Tratado con Norteamérica y en particular, de la relación comercial con Estados Unidos y de las decisiones arbitrarias de este y otros gobierno estadounidenses.
El presidente Andrés Manuel está pagando el costo de su negativa a diversificar la política exterior e impulsar acuerdos comerciales con otras naciones. El T-MEC, por ejemplo, debilita la relación de México con América Latina y lo obliga a cuidar e incluso apoyar la política de EU en esta región. Ello explica por ejemplo el cambio del gobierno mexicano frente a la migración centroamericana, la salida de Evo Morales del país y la constante defensa de la relación con Trump.
Por eso, a la par de la firma del nuevo acuerdo comercial, México tiene que fortalecer su economía interna, para ello, hay que aumentar la inversión pública, generar condiciones para incrementar la privada, crear más fuentes de empleos decentes con salarios dignos, impulsar y fortalecer la productividad para poder competir y al mismo tiempo construir mejores condiciones de trabajo y de bienestar entre los trabajadores y empresarios pequeños, medianos y grandes. Reitero mi convicción de que un Nuevo Acuerdo o Pacto Social es necesario y urgente.
Un acuerdo de esta envergadura, plural e incluyente, sería útil no sólo al gobierno, sino que ayudaría a disminuir la polarización que se ha generado por algunas decisiones del Gobierno Federal que han lastimado a algunos sectores de la sociedad y fuerzas políticas. El presidente debe dejar de ver afanes golpistas en la oposición y en quienes cuestionan de manera legítima sus decisiones.
Con el respaldo de la sociedad y de todas las fuerzas políticas, el presidente Andrés Manuel tendría mayor fuerza para enfrentar los reiterados intentos del gobierno norteamericano y de su presidente de imponer decisiones que vulneran la soberanía de México. Es hora de ponerle un alto a los abusos de Donald Trump.
