Si por algo se ha caracterizado el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido por la incertidumbre en sus decisiones, la imposición y la falta de disposición al diálogo.
En materia de políticas públicas, con el pretexto de la austeridad y el combate a la corrupción, el Gobierno Federal ha cancelado programas para atender a grupos vulnerables de la población, desaparecido una parte de fideicomisos que solventaban la operación de áreas indispensables como la investigación, ciencia, tecnología e innovación; y ahora pretende afectar 44 más para disponer de más recursos.
Desmanteló el presupuesto para el campo, el desarrollo, la salud y ha ido minando paulatinamente los recursos para una adecuada operación de las dependencias, entre otras acciones lesivas; sin instrumentar medidas alternativas que garanticen el cumplimiento de estos derechos y servicios.
En política económica, la conducción errática también ha prevalecido. Sucedió con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), pero de igual manera con la cancelación de proyectos que involucraban grandes inversiones de capital como la planta cervecera de Constellation Brands; así como con el acuerdo que frena la inversión privada en energías limpias o renovables y que involucra a 28 proyectos.
Y a lo largo de la crisis de salud y económica, las acciones de la administración federal han sido tardías, confusas e insuficientes.
Puede aumentar el número de contagios y decesos. No importa que el sistema de salud esté colapsado. Tampoco que se pierdan miles de empleos y cierren miles de empresas. O que esté muriendo el personal de salud por falta de equipo de protección; pero el presidente no está dispuesto a mover una coma de la orientación del presupuesto en relación a sus programas sociales y sus proyectos.
Y el signo de todas estas decisiones del Ejecutivo ha sido la imposición, su negativa al diálogo y a la construcción de acuerdos. Y eso ha implicado retrocesos, que afectan incluso el desempeño de su propia administración.
El Gobierno Federal tuvo que pagar, por ejemplo, 71,000 millones de pesos para finiquitar 692 contratos del proyecto de construcción del NAIM. Y ahora el acuerdo que frena los proyectos de energías limpias está judicializado y una inversión de más de 6,000 millones de dólares, está detenida.
Y todos esos problemas se pudieron haber resuelto con el diálogo y corrigiendo lo que se tenía que corregir. Si había corrupción, era cuestión de transparentar el uso de los recursos, suspender contratos irregulares, obligar a los contratistas a pagar lo que por derecho correspondía y seguir con los proyectos; pero no cancelarlos, muchos menos en un momento en que el país requiere de inversiones para atender lo prioritario.
Toda esta serie de elementos, contribuyen a generar incertidumbre, que se incrementa aún más con la decisión del presidente de retomar sus giras e iniciar la “nueva normalidad” cuando, excepto Zacatecas, todo el país está en semáforo rojo, con más de 10 mil decesos por COVID-19 y más de 93 mil contagios.
No hay claridad en las medidas que se están tomando, ni nada garantiza que los fallecimientos y los contagios no se incrementen o que las empresas tengan condiciones para abrir, mucho menos que quien perdió su empleo, lo vaya a poder recuperar. Todo es como salir y echarse un volado.
Lo único que explica la decisión de retomar las giras y las prisas por reabrir actividades, es la necesidad del presidente de reforzar su proyecto político rumbo a las elecciones de 2021, atender las exigencias de Trump y el interés de que su partido mantenga la mayoría en el Congreso de la Unión para apuntalar lo que él llama la 4T que, en los hechos, impulsa programas clientelares, apoya la militarización, la centralización del poder, los contratos por asignación, el culto a la personalidad y al poder unipersonal.
Reconociendo la pluralidad y construyendo acuerdos se fortalecería el Estado de Derecho y la economía; imponiendo su visión y particular punto de vista, el presidente manda mensajes muy contradictorios y profundiza la incertidumbre jurídica, económica y política. Es hora de conciliar y acordar para enfrentar la crisis de salud y económica.
