El miércoles 6 de febrero, los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, presentaron conjuntamente en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 3.º, 31 y 73 constitucionales, elaborada por organizaciones civiles, especialistas, académicos y legisladores.
Se aspira a que su contenido sea tomado en cuenta y contribuya a fortalecer el proceso de reforma educativa que se discute actualmente en las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales.
La propuesta recoge parte de la iniciativa que el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión el 12 de diciembre de 2018; rescata algunos aspectos de la reforma de 2013 que vale la pena tomar en cuenta y retoma otros que el Presidente de la República quitó como la calidad educativa, el examen para el ingreso y la promoción, tomando en cuenta también la experiencia, la autonomía universitaria, y la educación inicial.
Retoma los compromisos que México adquirió en la firma de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, el Objetivo 4, que busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Plantea el mérito como principio rector para el ingreso al SEN, ya que contribuye a combatir la opacidad y la discrecionalidad, en tanto que quienes aspiran a ejercer como docentes o a mejorar sus condiciones laborales tienen el derecho de conocer, con anticipación, la información acerca de qué y cómo se va a evaluar, y todo lo relacionado con el proceso, los requisitos y los efectos de los resultados.
Resulta imprescindible en esta iniciativa preservar la fracción VII del artículo tercero constitucional referido a la autonomía universitaria. También tiene el propósito no sólo de reconocer plenamente la importancia de la educación inicial, sino de establecer la obligación del Estado de impartirlo a través del diseño y financiamiento de una estrategia nacional de “Desarrollo Infantil Temprano (DIT)” que garantice la nutrición, estimulación e interacción adecuada entre todos y cada uno de los infantes en hogares en situación de pobreza.
La iniciativa de docentes, ciudadanos, especialistas y legisladores propone la creación de un nuevo órgano autónomo, el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (el Centro), que sustituye al INEE.
Plantea dar preponderancia a lo técnico por encima de lo político, mediante la institucionalización de las herramientas idóneas para que el Estado mexicano robustezca sus funciones evaluadoras y reguladoras y genere los insumos necesarios para que las políticas educativas sean más pertinentes, eficaces y eficientes para otorgar y garantizar el derecho a una educación con calidad y equidad.
Buscar fortalecer la rectoría del Estado en la educación, misma que descansa sobre diversos componentes, entre los que destacan 1) la actualización y formación continua de las y los maestros; 2) la evaluación de los componentes del SEN, que aporte elementos para su mejora permanente, y 3) los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de la carrera docente.
Elimina los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio y reconoce a los docentes como agentes primordiales en la transformación de la educación. Con base en este carácter, se reconoce su derecho a que les sea garantizado el acceso a un sistema de actualización y formación continua para cumplir con los objetivos y propósitos del SEN.
La propuesta aterriza el nuevo paradigma de derechos humanos adoptado por México en 2011, al establecer que toda la educación impartida por el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; y considera que la inclusión, la interculturalidad, la equidad y el desarrollo sostenible deben ser propósitos y ejes de la educación impartida por el Estado.
Es muy importante que la reforma educativa que actualmente se discute en la Cámara de Diputados alcance el más amplio consenso posible, para no repetir los errores cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se convirtieron en los principales obstáculos para su instrumentación y el logro de resultados.
Esta debe ser la reforma educativa, no la reforma del sexenio, como fue la de Peña Nieto, utilizada para fines políticos, control del magisterio y hacer negocio al amparo de los recursos públicos. Debe colocar en el centro el interés superior de niñas y niños; los derechos y obligaciones de los trabajadores de la educación y, sobre todo, el futuro de nuestro país. Debe erigirse como la expresión de un nuevo acuerdo nacional de la educación.
