No hay duda que a un año de haber ganado la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, para bien o para mal, ha construido un nuevo estilo de gobernar. Ha demostrado ser muy trabajador, con una estrategia eficaz para comunicarse con la gente, pero con clara tendencia a centralizar las decisiones y en construir su propia versión de los hechos, aunque la realidad lo desmienta.
No hay que dejar de reconocer que AMLO ganó con amplio margen las elecciones del 1° de julio de 2018 y obtuvo una gran legitimidad. Fue el que mejor se comunicó y conectó con la gente. Mientras que Ricardo Anaya, el otro candidato de la oposición, no fue capaz de construir una candidatura contundente y alternativa, además del desgaste que representaron los ataques y las descalificaciones de que fue objeto por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El problema ahora con Andrés Manuel es que repita el camino de lo que tanto se le criticó al Partido Revolucionario Institucional y pretenda asumir desde la presidencia y a través de Morena, decisiones autoritarias y unilaterales similares a los presidentes del PRI y del partido hegemónico.
Es pertinente reconocer las cosas que ha hecho bien en este primer año de su triunfo y siete meses de su administración, pero también hay que señalar que algunas de sus decisiones han colocado al país en una situación delicada en materia económica, en la garantía de algunos derechos humanos y de respeto al Estado de Derecho.
Respecto a la economía, la cancelación en Texcoco del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), es la decisión más cuestionada porque implicará un impacto aún impredecible en términos económicos, de confianza para el país e inversión nacional e internacional y generará una deuda que tendrán que pagar las y los mexicanos durante muchos años.
El drástico recorte aplicado en algunos rubros en el presupuesto 2019, ha disminuido la capacidad de operación de diversas dependencias y la calidad de algunos servicios, como el sector salud, el abastecimiento de las medicinas y programas dedicados al combate a incendios forestales. Este tipo de acciones limitó el derecho de las y los ciudadanos al acceso a la salud y a un medio ambiente sano.
De igual manera, con el argumento del combate a la corrupción, la decisión del gobierno de desaparecer las Estancias Infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia, atentó contra los derechos humanos de niñas, niños y mujeres.
Otra de las características de este gobierno han sido sus acciones que podrían interpretarse como violatorias del Estado de Derecho y de falta de respeto a la división de poderes y al federalismo.
Un ejemplo son sus descalificaciones contra los poderes Judicial y Legislativo y el centralizar en el Ejecutivo Federal atribuciones que son competencia constitucional y legal de los estados de la federación.
Lo mismo pasa con los órganos autónomos, a los que desde febrero de este año amenazó que serían “purificados”, para evitar corrupción y conflicto de interés. (Universal, 20/02/2019).
En algunos casos esta amenaza ha ido más allá en virtud de que la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión promueve su desaparición, como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ya no existe a partir de la nueva reforma educativa; o el Instituto Nacional Electoral (INE), sobre el que diputados morenistas proponen su desaparición o reducción con el pretexto de los costos que implica las elecciones.
Preocupa que en tan sólo siete meses, los costos de estas y otras decisiones ya están a la vista. No hay crecimiento económico, los empleos formales están a la baja, la inseguridad sigue al alza y no hay acuerdos con los diferentes sectores productivos, las organizaciones sociales o con las fuerzas políticas.
Sin duda que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que celebrará este lunes en el Zócalo, fue una clara determinación de las y los mexicanos, de acabar de una vez por todas con la inseguridad, la violencia y el pacto de corrupción e impunidad que dejó Peña Nieto.
La cuestión es que en estos siete meses del nuevo gobierno no parece haber claridad de cómo cambiar esta situación, más allá del discurso. Es cierto que es poco tiempo para modificar de fondo las causas que han originado los graves problemas del país, pero también lo es que en este periodo poco se ha hecho para replantear las políticas públicas que a mediano y largo plazo sienten las condiciones para hacerlo.
No entender esto y no corregir en consecuencia, podría poner en riesgo la oportunidad de transformar de fondo el país y atender el anhelo de justicia, seguridad, empleo, equidad y paz que demandan las y los mexicanos.
