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jueves, marzo 28, 2024

La reforma educativa se tornó administrativa y laboral

En el marco de la aprobación de la reforma al Artículo 3° constitucional advertimos que en las leyes secundarias se debía buscar ordenar el Sistema Educativo Nacional (SEN), evitando la tentación de utilizar y pretender controlar al magisterio para volver a usarlo en las elecciones.

Lamentablemente, estas preocupaciones se hicieron realidad. En los hechos, en las leyes secundarias aprobadas en la Cámara de Diputados se evitó atender el mandato de la reforma constitucional y se priorizaron asuntos que son, por su naturaleza, administrativos y laborales -como por ejemplo la repartición de las plazas y el control de los ascensos y las promociones-, en aras de cumplir acuerdos

políticos y clientelares tanto del gobierno como de la cúpula sindical.

La bilateralidad en las relaciones laborales es fundamental y hacer realidad lo establecido en el Artículo 123, apartado B, de la Constitución, y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; debe quedar establecido en el reglamento general para las condiciones de trabajo, no en las leyes secundarias.

Cómo se ingresa, a qué sindicato quiere afiliarse, si acepta o no que se descuente la cuota sindical, cómo se cambia de adscripción, en qué instancia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se discuten y resuelven estos asuntos, administrativos y laborales; se deberían resolver en el reglamento respectivo.

De tal manera que, producto de las negociaciones entre el Ejecutivo Federal y la CNTE, tal y como fueron aprobadas las leyes reglamentarias, los avances logrados en la reforma constitucional fueron neutralizados y en algunos casos anulados.

La modificación a la Carta Magna estableció, por ejemplo, que el gobierno de la República tendría los instrumentos legales para garantizar la rectoría del Estado en la administración, operación y funcionamiento del SEN. 

Que se deberían tomar medidas para prevenir, evitar y combatir la corrupción en el ingreso y la promoción en todos los niveles, tipos y modalidades. Se estableció la educación como un derecho, obligando al Estado a garantizarla en todos los niveles.

Se reafirmó que el Estado debía garantizar el interés superior de la niñez en el acceso, inclusión, participación y permanencia en los servicios educativos. Se propuso además la necesidad de garantizar el derecho de las y los docentes a acceder a un sistema de capacitación y actualización; retroalimentado con evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.

La Reforma del 2013 tenía impacto laboral y generó mucha incertidumbre entre las y los trabajadores de la educación con el relato que se construyó y la pésima instrumentación. 

Se colocó a la evaluación como la panacea y a la permanencia como el instrumento para determinar quién permanecía y a quién se despedía. Se denostó al magisterio y a la escuela pública.

Por esas y otras razones había que derogarla, para construir otro relato y una manera muy distinta de instrumentarla, con diálogo y acuerdos pero reconociendo la necesidad de ordenar el SEN, acabar con la simulación y las prácticas de corrupción. Reivindicar al magisterio y a la escuela pública generando mejores condiciones para la inclusión, la equidad y la excelencia.

Sin embargo, las concesiones otorgadas a las dirigencias sindicales en las leyes secundarias, la crisis en las Normales, la falta de presupuesto, la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed); debilitan la rectoría del Estado en la educación a la que dio prioridad la reforma constitucional de mayo de este año, que derogó la del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hay que construir acuerdos que respeten los derechos laborales de las y los maestros, pero hay que garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad; con instrumentos que permitan diagnosticar evaluando y transparentando todos los procesos de ingreso, reconocimiento y promoción.

El presidente puede seguir opinando, pero ni puede ni tiene la facultad de evaluar a quienes forman parte del Sistema Educativo Nacional; mucho menos el derecho de sacrificar el interés superior de la niñez, en aras de atender  compromisos políticos de sus aliados en el magisterio.

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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