Manejado en un principio por el gobierno federal como un “fraude entre particulares”, para contener el escándalo, el caso Oceanografía podría convertirse en uno de los hechos de corrupción más significativos del país no sólo por la cantidad de recursos que podría implicar, y el correspondientes daño al erario público, sino porque involucraría a ex funcionarios, y empleados aún en funciones, de tres administraciones federales.
De 2000 a 2012, Pemex favoreció a Oceanografía con 106 contratos por un monto cercano a los 46 mil millones de pesos. Tan sólo de 2011 a 2013 esta empresa cobró a la paraestatal 11 mil 500 millones de pesos por servicios que no cubrieron los requisitos establecidos en los contratos.
Durante más de una década, Oceanografía actuó con plena impunidad, evidentemente protegida por una red de complicidad que operó en su favor dentro del gobierno federal; sin embargo, hasta el momento, sólo a un ex empleado de menor rango de Pemex, Mario Alberto Ávila Lizárraga, le ha sido iniciado un proceso administrativo en su contra.
La información que hasta el momento ha arrojado la investigación de este caso, confirma las denuncias de quienes desde diversos ámbitos habíamos alertado acerca de las consecuencias que podría implicar el tráfico de influencias que favoreció a Oceanografía durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
También es por demás sospechoso que en este ilícito esté involucrado Banamex, por cuya incorporación al trasnacional Citibank, durante el sexenio de Fox, el erario público dejó de percibir 35 mil millones de pesos, en virtud de que por dicha operación la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, no cobró el pago de los impuestos correspondientes.
No es posible que un fraude que involucra miles de millones de pesos y a una empresa de once mil trabajadores, haya pasado desapercibido durante muchos años por los mecanismos de fiscalización, de contabilidad y los protocolos de seguridad de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Pemex, del IMSS, y de Banamex, filial de Citigroup, que presume ser la mayor empresa de servicios financieros del mundo.
Desde 2010 Oceanografía debe alrededor de mil millones de pesos de cuotas obrero-patronales al Seguro Social y al Infonavit y sólo hasta que se desató el escándalo del fraude, los titulares de ambos institutos presentaron las denuncias correspondientes. Si esto no es una red de complicidad, no sé de qué otra manera se le pueda llamar.
Cabe preguntarse qué hicieron, los anteriores y actuales, delegados del Seguro Social y del Infonavit en Campeche, en donde Oceanografía tiene su centro de operación y oficina matriz, en todos estos años que esta empresa incumplió con sus responsabilidades patronales.
En mi opinión, en virtud del el incumplimiento de sus responsabilidades, por complicidad u omisión, quienes fungen ahora como delegados de ambos institutos en esta entidad, deberían ser cesados de inmediato.
Es evidente que en diversas dependencias, como las que están involucradas con las operaciones de Oceanografía, sigue habiendo funcionarios que favorecen, no sin dejar de obtener un beneficio, a empresas corruptas como esta.
A partir de este caso cabe preguntarse cuántas empresas como Oceanografía hay que no le pagan al IMSS y al Infonavit, que se les otorgan créditos por el retraso de sus cuotas y no los cubren, y que defraudan a estos institutos sin que se les sancione.
Es urgente que se tomen las medidas necesarias para que esto no siga aconteciendo y se ponga en riesgo el patrimonio y la seguridad nacional de nuestro país.
A propuesta de quien esto escribe, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados acordó reunirse la próxima semana, con los directores del IMSS, José Antonio González Anaya, y del Infonavit, Alejandro Murat; con el fin de que aclaren las irregularidades en las que incurrió Oceanografía en los pagos de las cuotas obrero-patronales.
Desde mi punto de vista, ante la opacidad y las irregularidades denunciadas públicamente desde el 2000 a la fecha respecto a las operaciones de algunas empresas que le prestan servicios a Petróleos Mexicanos, la Cámara de Diputados debería crear una comisión legislativa que investigue los contratos celebrados por la paraestatal y sus empresas subsidiarias y filiales.
El artículo 93 constitucional otorga a la Cámara de Diputados la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
Considero pertinente la creación de esta comisión en virtud de que las irregularidades en el manejo de la contratación de Petróleos Mexicanos representan un antecedente ominoso en la coyuntura actual en que la reciente reforma constitucional en materia de energía abre al capital privado la explotación de los recursos del subsuelo mediante la figura de diversas modalidades de contratos y licencias.
El caso Oceanografía y muchos otros que han tenido lugar en los que se han afectado las finanzas de Pemex y el erario público, se deben a la falta de un marco jurídico efectivo y la debilidad institucional de los órganos responsables de la aplicación de la normatividad en el manejo de los contratos de la paraestatal en los años recientes.
Indudablemente, esto crea incertidumbre y riesgos de que se acreciente sustancialmente la corrupción, la opacidad, y la falta de rendición de cuentas con la apertura al capital privado de la explotación de hidrocarburos bajo el nuevo marco constitucional.
Las prácticas corruptas son un mal endémico en la administración pública y en algunas empresas del sector privado de nuestro país, como el caso que nos ocupa.
Se requiere seguir trabajando en un marco jurídico que fortalezca los órganos de fiscalización y control, en un nuevo esquema legal de responsabilidades para los servidores públicos y en la construcción de mecanismos más eficientes de transparencia y rendición de cuentas.
La premisa fundamental, en mi opinión, es que se debe instaurar el embargo precautorio para asegurar que, en caso de que se compruebe que un funcionario le metió mano al erario, devuelva lo que se robó.
Lamentablemente, la corrupción en la que incurren algunos funcionarios significa cada año una sangría multimillonaria del presupuesto público que va en detrimento del patrimonio nacional, de la calidad de los servicios gubernamentales, y contribuye a aumentar la pobreza y la desigualdad que afecta a más de la mitad de la población del país.
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