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viernes, marzo 29, 2024

La resistencia a activar la alerta de género, por intereses políticos

El Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, elaborado por la Comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim); determinó que en el país 14 mil 991 mujeres fueron asesinadas entre 2001 y 2010; en nueve años las tasas de mortalidad femenina crecieron casi al doble: de 2.6 a 4.5 por cada cien mil mujeres.

En Guanajuato, según cifras de la Procuraduría estatal, de 2006 hasta agosto de 2012, se tenía el registro de 254 homicidios de mujeres; en este año, tan sólo en nueve meses, han sido asesinadas 51.

A pesar de ello, el gobierno se resiste a declarar la alerta de género solicitada por diversas organizaciones sociales.

Una investigación realizada por la revista Proceso concluyó que varias de las víctimas  fueron quemadas, apuñaladas o decapitadas. Antes de ser asesinadas, algunas de las mujeres habían sido amenazadas por sus parejas o exesposos, y se tiene registro de que varias de ellas presentaron denuncias por violencia intrafamiliar ante el Ministerio Público.

Acudir a la autoridad no sirvió para preservar su integridad como ellas esperaban, y eso se explica porque no existe la disposición del gobierno, instrumentos legales ni políticas públicas eficientes ni suficientes para proteger a las mujeres de la violencia en su contra.

De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Entre otras acciones, la alerta permitiría establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; promover las medidas preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida y elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; además de asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente al problema.

La violencia contra las mujeres se expande por todo el estado, si bien el mayor número se concentra en León y Celaya, hay registros de feminicidios en al menos otros 12 municipios.

Por ello es lamentable que el gobierno se niegue a declarar la alerta de género, un reflejo de esta indiferencia de las autoridades es la declaración de la Procuraduría General de Justicia que, a pesar de la violencia utilizada contra las víctimas, sólo reconoce 12 feminicidios, de los 51 asesinatos de mujeres.

Sin embargo, el gobierno de Guanajuato no es el único que se resiste a declarar la alerta de género, de acuerdo con El Observatorio Ciudadano Nacional
contra el Feminicidio ( OCNF) desde 2007 ninguna alerta ha sido actividad “debido a un uso político de la situación y a que las entidades tienen miedo a ser etiquetadas”.

La lógica que han asumido los gobiernos locales es que, si se aprueba la alerta de género, se asume que en la entidad existe la violencia feminicida, con el desprestigio político que ello implica por la incompetencia gubernamental para proteger a las mujeres.

El hecho es que la negativa a activar la alerta de género no implica que el problema no exista; me parece totalmente equivocado el enfoque, porque eso no evita la violencia contra las mujeres, mucho menos los homicidios en su contra.

Preocupa también la posición que asumen ciertos sectores sociales en el estado, un botón de muestra es la actitud del Obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, quien ante la protesta de varias organizaciones declaró “no creo que sea cosa de género. Son homicidios que se deben de investigar las causas y no se debe de hacer más escándalo en este sentido, es duro decirlo pero son crímenes normales, circunstanciales”.

Precisamente, es la indiferencia social ante la inequidad y la violencia que sufren las mujeres, una de las circunstancias que favorecen los feminicidios.

Por ello es importante destacar el papel de las organizaciones sociales que luchan por la equidad, los derechos humanos de las mujeres, y para se declare la alerta de género.

El gobierno del estado tiene que entender que no puede cerrar los ojos frente a esa realidad, sé de las presiones de instancias conservadoras, de parte de la iglesia, de propias organizaciones feministas vinculadas a la derecha; pero las mujeres que han sido asesinadas no tenían ideología, simplemente fueron víctimas de, quienes con saña, perpetraron los feminicidios.

Al igual que en otros problemas sociales, como la trata de personas, es posible construir todo un marco de protección legal y social que permita definir políticas públicas más eficaces para proteger a las mujeres y generar mejores condiciones de vida para ellas.

Es absurdo que, por cuestiones de carácter político, se niegue la alerta de género; de haberlo hecho desde hace tiempo, como en reiteradas ocasiones se ha demandado, quizá se hubiese evitado el asesinato de muchas de mujeres.

 

Correo: agustin.alonso@congreso.gob.mx
Twitter: @AlonsoRaya_

Miguel Alonso Raya
Miguel Alonso Raya
*Miguel Alonso Raya es profesor, militante por las causas de la Educación Pública, la Seguridad Social, el Sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática.​ Ex diputado federal. ​Twitter: @AlonsoRaya_

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