Las quejas de muchos usuarios por los cobros que se están realizando en clínicas y hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), evidenciaron las contradicciones entre las promesas, el discurso del Presidente de la República; y lo que acontece en la realidad.
El asunto es más complejo y grave ahora, pues esas indefiniciones se hacen visibles en la instrumentación de las políticas públicas en materia de salud; pero también se presentan en las que tienen que ver con el combate a la inseguridad, a la corrupción, en la administración y procuración de justicia; por poner solamente ejemplos de algunos de los problemas que más impacto tienen en el conjunto de la población.
Así, mientras que en el Congreso de la Unión se han aprobado leyes con un mandato determinado y para fines muy específicos, el Ejecutivo Federal tiene otros datos y las aplica en función de su muy particular punto de vista e interés de cómo quiere que sus bases de apoyo electoral lo interpreten.
Tal es el caso de la Guardia Nacional. El Ejecutivo envió una iniciativa para reformar la Constitución, muy amplia, polémica y cuestionable para crear este cuerpo policiaco con base en la Policía Militar y de la Marina; y darle facultades en materia de seguridad pública. El Presidente prometió que la creación de la Guardia Nacional permitiría combatir con mayor eficacia la inseguridad, la violencia y al crimen organizado.
Sin embargo, en los hechos, un porcentaje importante de elementos de la Guardia Nacional se está utilizando en contener y controlar a los migrantes, que es parte de los acuerdos para atender las presiones de los Estados Unidos; en tanto que los índices delictivos y la violencia en México están incontenibles; al tiempo que se debilita a las instituciones con acciones fallidas como la detención y liberación de Ovidio Guzmán o la retención de integrantes de corporaciones policiacas federales o del Ejército en diferentes puntos del territorio nacional a cambio de ciertas concesiones.
Lo mismo sucede con las acciones que se están implementando en materia de administración y procuración de justicia, seguridad, combate a la violencia, al crimen organizado y a la corrupción. La falta de coordinación entre las principales instituciones responsables de estas áreas, es más que evidente.
Mientras que Santiago Nieto Castillo, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suele asumir un papel protagónico y ventila los expedientes en medios de comunicación; el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien la UIF debería tener plena coordinación para darle seguimiento a cada caso; sostiene que la institución a su cargo, a diferencia de otras autoridades del gobierno federal, sí respeta la presunción de inocencia consagrada en la Constitución de la República y que son otras instancias las que están poniendo en riesgo ese derecho y el debido proceso.
El ejemplo más inmediato de tales contradicciones entre el discurso de la 4T y lo que en realidad sucede en el país, es lo que acontece con el Insabi. Cuando se aprobó este Instituto, que sustituyó al Seguro Popular, tanto la mayoría de Morena como el Presidente de la República, generaron expectativas y prometieron respuestas que ni la ley, ni el presupuesto contemplan; como la gratuidad de todos los servicios de salud.
Por eso, a tan sólo ocho días de haber entrado en operación, diversos usuarios han denunciado que varias clínicas y hospitales adscritos al Insabi carecen de medicamentos, están cobrando algunos servicios, como el de hospitalización; y no sólo no es gratuito, sino que además, se incrementaron las aportaciones que se daban al Seguro Popular.
De tal manera que el gobierno federal tiene un desorden, porque la ley dice una cosa y el Presidente insiste en que todos los servicios del Insabi, son gratuitos. Por lo pronto la realidad es que pusieron al frente a funcionarios sin la preparación profesional y sin la experiencia para dirigir el Instituto.
No hay camas, ni médicos suficientes, ni medicamentos en las clínicas y hospitales, y por si eso fuera poco, la Secretaria de Salud asume que los servicios de tercer nivel tienen costos de recuperación que deben ser cubiertos para acceder a la atención, porque eso establece la ley.
El problema de fondo es que las contradicciones de la 4T tienen consecuencias, pues no sólo están generando incertidumbre y enojo entre la población demandante de servicios de salud, seguridad o procuración de justicia; sino que además de poner en cuestión los derechos constitucionales, también se coloca en riesgo la vida de la personas.
Hay que hablar con la verdad y lo más claro que sea posible. No tiene caso generar falsas expectativas, cuándo no hay la infraestructura, ni el personal, ni el presupuesto que les dé viabilidad a las políticas públicas que está instrumentando el gobierno federal.
