La tarde del miércoles 24 de abril, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, algunos normalistas y grupos sociales que los apoyan, desplegaron una de sus acciones de protestas más violentas en el marco de su campaña de oposición a las reformas constitucionales en materia de educación, al destruir en Chilpancingo las sedes estatales de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y el edificio de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación del estado.
Estoy totalmente convencido que no es usando la violencia como se va a reivindicar la escuela pública o defender los derechos de los trabajadores. El uso de la violencia es sinónimo de irracionalidad; en el mejor de los casos es síntoma de desesperación, impotencia, y coraje.
Sin embargo, quienes buscamos mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, desde cualquier trinchera partidista, ideológica, sindical, social o política; debemos esgrimir argumentos y razones, y no tenemos derecho a desesperarnos, ser intolerantes, caer en provocaciones y en provocar; mucho menos a inducir, con nuestras acciones, el uso del monopolio de la fuerza del Estado, para que reprima, y después buscar justificar actos reprobables y caer en la victimización, como instrumento para conseguir objetivos políticos.
Las grandes batallas por los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho a un trabajo digno; se derivan en México de procesos políticos y sociales complejos, como el movimiento de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución, que para alcanzar sus grandes objetivos e ideales hubo que hacer uso de las armas.
Sin embargo, en México, al menos desde la década de los ochenta, quienes impulsamos cambios en beneficio de la sociedad, con una visión de justicia, dignidad y equidad; para promover las reformas necesarias hemos venido dando la lucha en las instituciones, en el Congreso de la Unión y desde los partidos, en conjunto con las organizaciones sociales; en un marco de respeto a la ley, a las instituciones y al sistema democrático que con tanto esfuerzo hemos construido.
En el ámbito educativo se han logrado avances importantes. En 1992 se elevó a rango constitucional la obligatoriedad de la educación secundaria; y en 2002 se reformó la Ley General de Educación, que mandata al Estado destinar anualmente a la educación pública y servicios educativos, un gasto no menor al ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este mismo año, una reforma al artículo 3° de la Constitución, promovió la obligación de la educación preescolar.
Como parte de estos grandes avances para hacer valer el derecho fundamental a la educación de todos los mexicanos, el 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración del Congreso de la Unión que reforma los artículos 3° y 31 de la Constitución, para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media superior en nuestro país.
Las reformas constitucionales en materia de educación que hoy se discuten, tienen como objetivo principal fortalecer la escuela pública, el laicismo y la gratuidad, así como el carácter público de la educación y los derechos de los maestros
Es cierto que la reforma deja muchos pendientes, pero es un avance trascedente producto de grandes acuerdos que durante décadas la radicalización de posiciones frenó y que ha dejado fuera del sistema educativo a 7.5 millones de niños y jóvenes, deterioró gravemente la calidad educativa, y generó desigualdad en las condiciones educativas, de tal manera que tenemos escuelas de primer mundo, pero otras que no pueden llamarse como tales, porque son propiamente chozas, sin la más mínima infraestructura, como lo reporta en el documento Panorama Educativo 2012, el Instituto Nacional para la Evaluación dela Educación.
Pero no es con violencia como se van a resolver estos problemas. El mejor camino es el diálogo, donde es natural que haya posiciones críticas, pero no deben faltar las propuestas y la disposición a los acuerdos. Tanto el Consejo Rector del Pacto por México, como el Congreso de la Unión, están abiertos a escuchar las demandas de todos quienes estén interesados en participar en el proceso de discusión de las leyes reglamentarias de las reformas de los artículos 3° y 73 constitucionales.
En este sentido, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados abrirá un proceso de audiencias para escuchar a los gobernadores de los estados, autoridades educativas, especialistas, al magisterio, y organizaciones académicas y sociales vinculadas a la educación, para que expongan sus propuestas y se incorporen como parte del contenido de las normas secundarias.
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